El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, persuadirá a Porfirio Lobo, vencedor de las elecciones ilegítimas del pasado 29 de noviembre en Honduras, para que restituya "aunque sea unos minutos", al mandatario constitucional, Manuel Zelaya, y así se restablezca el sistema democrático en la nación centroamericana.
Un portavoz de la presidencia guatemalteca señaló que Colom se reunirá este viernes con Porfirio Lobo, donde tratará de "persuadirle para que antes de que asuma el cargo restablezca el sistema democrático en Honduras, restituyendo al presidente Zelaya".
"Guatemala mantiene su posición de rechazo al régimen golpista y por eso no ha reconocido a Lobo como presidente constitucional de Honduras", dijo el vocero.
Asimismo, agregó que "aunque sea durante unos minutos, y es él (Manuel Zelaya) quien entrega el poder a Lobo, y no Roberto Micheletti, entonces Guatemala podría reconocer de inmediato al nuevo Gobierno".
El canciller guatemalteco, Haroldo Rodas, dijo en varias oportunidades que mientras Micheletti se mantenga en la Presidencia, Guatemala "no reconocerá al Gobierno hondureño".
Lobo viajó este martes a República Dominicana, donde firmó junto con el presidente de esa nación, Leonel Fernández, el Acuerdo para la Reconstrucción Nacional y el Fortalecimiento de la Democracia en Honduras.
Con este acuerdo, Zelaya, su familia y los integrantes de su círculo más íntimo podrán viajar a República Dominicana en calidad de huéspedes distinguidos.
Porfirio Lobo garantizó que al asumir el poder, el próximo 27 de enero, otorgaría a Manuel Zelaya un salvoconducto para viajar a República Dominicana. El presidente constitucional hondureño catalogó la acción como un buen gesto.
El salvoconducto permitiría a Zelaya trasladarse el mismo 27 de enero a República Dominicana en compañía del presidente Fernández, luego que éste asista a la investidura de Lobo y, una vez en el país caribeño, tendrá la libertad de viajar a otra nación si así lo desea.
Tras la firma del salvoconducto, Zelaya y los demás beneficiados podrán ejercer "a plenitud el derecho ciudadano que les corresponde al disfrute de la libertad de tránsito" tal y como está consagrado en la Constitución de Honduras, según el pacto.
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