WASHINGTON (AP) - El gobierno del presidente Barack Obama suspendió el jueves toda ayuda no humanitaria a Honduras en protesta por el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, quien afirmó que su regreso al país "no es negociable".
La decisión del gobierno estadounidense hizo permanente una suspensión temporal de la ayuda, que se anunció después del derrocamiento de Zelaya en junio.
El Departamento de Estado formuló el anuncio en momentos en que Clinton se reunía con Zelaya. La medida recorta más de 31 millones de dólares en ayuda no humanitaria, incluyendo 11 millones que permanecen en un programa por más de 200 millones de dólares a cinco años, administrado por la Corporación Desafío del Milenio..
"La secretaria de estado ha tomado la decisión, consistente con la legislación estadounidense, que reconoce la necesidad de medidas firmes en vista de la continua resistencia a la adopción del Acuerdo de San José por el régimen de facto y su continua negativa a restablecer el gobierno democrático y constitucional en Honduras", dijo el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly en una declaración.
El Acuerdo de San José, mediado por el presidente costarricense Oscar Arias, propone devolver a Zelaya al poder con autoridad limitada hasta las elecciones fijadas ahora para noviembre. Pero quien sustituyó a Zelaya, Roberto Micheletti, se ha negado a aceptarlo, lo que suscitó la decisión de Clinton de cortar la ayuda.
Zelaya comentó que "hay un recrudecimiento de las medidas de Estados Unidos".
"El régimen de facto cada vez está más solo, esto habla muy bien de las que son las posiciones unidas en consenso de los miembros de la OEA de no reconocer" al gobierno surgido del golpe, dijo Zelaya en entrevista televisada.
Por su parte, Zelaya dijo que "estoy dispuesto a firmar el plan de Arias".
Al tomar su decisión, Clinton no determinó que el derrocamiento de Zelaya cumplía la definición legal estadounidense de golpe de estado militar. Semejante determinación hubiera forzado al gobierno a cortar toda la asistencia, y había sido demandada por algunos importantes congresistas, como el demócrata Howard Berman, jefe del comité de relaciones exteriores de la Cámara de representantes.
"Es hora de llamar al pan pan y al vino vino", escribió Berman el jueves en el diario Los Angeles Times.
"Y si, por cualquier razón, los abogados del departamento de estado no concluyen que esto fue un golpe, el Congreso debería examinar otras formas para afectar directamente el flujo de ayuda", añadió.
Kelly dijo a su vez que aunque la decisión de Clinton no determina que hubo un golpe, "reconoce la complicada naturaleza de las acciones" que llevaron a la salida de Zelaya. Dijo que se trata de "complejos asuntos legales y de hecho y la participación tanto de las ramas legislativa y judicial del gobierno como de las fuerzas armadas".
Agregó que "la reposición de la asistencia cortada dependerá del retorno de un gobierno democrático y constitucional en Honduras". Advirtió que Estados Unidos no reconocerá los resultados de las elecciones bajo las condiciones actuales y destacó la importancia de que la votación cumpla con los patrones internacionales.
"Esa elección debe llevarse a cabo de manera libre, justa y transparente", afirmó. Kelly "También debe estar libre de mácula y abierta a todos los hondureños a ejercer su derecho democrático. En este momento no podemos apoyar el resultado de las elecciones previstas".
"Una conclusión positiva del proceso de Arias suministraría una base sólida para que se lleven a cabo elecciones legítimas", dijo Kelly. "Exhortamos firmemente a todas las partes de las conversaciones de San José a avanzar expeditivamente hacia un acuerdo".
Zelaya fue derrocado y exiliado el 28 de junio, cuando sus opositores lo acusaban de querer modificar un artículo constitucional considerado "pétreo" (no sujeto de reformas), que limita a los presidentes hondureños a un solo periodo de gobierno. Zelaya ha negado que ése fuera su objetivo.
En Honduras, representantes del gobierno de facto dijeron que la decisión estadounidense no restituirá a Zelaya en el poder.
Gabriela Núñez, ministra designada de finanzas, dijo a la AP que la suspensión en la entrega de recursos es un error, y que Estados Unidos debe respetar la dignidad del pueblo hondureño.
"Somos un país con dignidad y necesitamos a la comunidad internacional para salir adelante con el progreso de Honduras", dijo Núñez. "Estados Unidos debe respetar los programas humanitarios".
Rafael Pineda Ponce, ministro designado de la presidencia, consideró que, con la decisión, Washington se ha puesto del lado del presidente venezolano Hugo Chávez, aliado de Zelaya.
"Lamentamos (que) un gobierno amigo, como lo ha sido Estados Unidos, se ha ido al lado de Chávez y condenado la democracia hondureña", dijo.
Pero Juan Barahona, líder de la Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado, confió en que la suspensión de la ayuda marque la diferencia en este conflicto.
"Esperamos que la suspensión de la ayuda económica estadounidense sea suficientemente significativa para asfixiar a los golpistas, que no se podrán sostener en el poder porque sin ingresos externos lo que harán es sacrificar las aspiraciones de nuestro pueblo", dijo Barahona.
"Pero deseamos más presiones porque hasta ahora han fracasado la diplomacia internacional, la OEA y el presidente Oscar Arias con su Acuerdo de San José".
Además del corte de la ayuda, Kelly dijo que el Departamento de Estado revocará las visas de varios funcionarios hondureños que están respaldando a Micheletti. El departamento había revocado antes las visas de cuatro funcionarios aliados con Micheletti.
Anteriormente se había anunciado la suspensión de casi 20 millones de dólares en asistencia militar y de desarrollo a Honduras y dejó de emitir casi todas las visas en la embajada estadounidense en Honduras.
En Buenos Aires, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció que hay un impasse en la búsqueda de una solución, y que en las próximas dos o tres semanas se realizaría una "evaluación" de las gestiones para revertir el golpe.
"El golpe en Honduras es sin duda un retroceso, una involución, que nos pone ante la necesidad de determinar formas de dar mayor ejecutividad a nuestra Carta Democrática Interamericana para la prevención de este tipo de situaciones", dijo Insulza en Buenos Aires, según la agencia Telam.
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