El ex fiscal general del Estado, Edmundo Orellana Mercado, dijo ayer que en el marco del Acuerdo San José/Tegucigalpa ambas partes acordaron claramente que quedaba establecido que ninguno necesitaba de la amnistía.
En un primer pacto en las reuniones establecidas por ambas partes, ni el gobierno de facto ni el presidente Zelaya necesitaban de una amnistía que ahora se menciona en propia de voz del mandatario de Costa Rica, Oscar Arias (ex mediador de la crisis) y de Porfirio Lobo Sosa (presidente electo), el hecho de ampararse bajo una amnistía para que sea bien vista por la comunidad internacional, aseguró.
En el seno del Congreso lo que he podido captar es que sí hay un interés de que haya amnistía y de que sea aprobada; es evidente que los delitos políticos que se cometieron contra la democracia, el Estado y la República se perpetraron desde el Congreso Nacional y fue donde se planeó el golpe de Estado, sumado luego lo del factor militar y policial, afirmó Orellana, actual diputado.
Asimismo, señaló que la amnistía favorecería a los diputados que votaron en ese momento, el 28 de junio, y que ratificaron el 2 de diciembre, de igual manera; a los militares y a los demás partícipes de actos que se dieron como violación a los derechos humanos, sumado a todos los actos de corrupción, (…) esos no pueden ampararse en amnistía porque no son hechos políticos, son delitos comunes.
En el caso de las violaciones de los derechos humanos, Orellana expresó a una radioemisora local que la Corte Interamericana, así como las convenciones del sistema interamericano relativo al tema de derechos humanos, “no aceptan que los delitos cometidos en contra de las personas sean amnistiados, éstos quedan al margen de la amnistía.
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