Insulza no se ha expresado oficialmente sobre el reconocimiento o no del resultado electoral, porque es una decisión que corresponde tomar a los países miembros. Sí ha dicho que Zelaya debe ser restituido y que bajo las actuales circunstancias no puede enviar una misión de observadores a los comicios.
Washington "desconoció que el acuerdo Tegucigalpa-San José del pasado 30 de octubre incluyera como condición el retorno al poder de Zelaya", señaló la organización defensora de los derechos humanos.
El representante estadounidense ante la OEA, Lewis Amselem, sostuvo ayer que si el organismo interamericano rechaza el resultado de los comicios antes de su celebración violaría el derecho de los hondureños a determinar su propio futuro.
Para el CEJIL, la posición de EE.UU. "causa un gravísimo daño a la credibilidad de la Administración del presidente Barack Obama en la región y afectará seriamente las relaciones y las políticas estadounidenses en el continente".
El señalado acuerdo establece que el Congreso Nacional de Honduras debe decidir sobre la restitución de Zelaya.
Para CEJIL, la única interpretación posible es que ese punto del texto "implica la restitución del Gobierno constitucional hondureño", derrocado por un golpe de Estado ejecutado por civiles y militares el 28 de junio pasado.
"La restitución de Zelaya en el poder es la condición primordial para que en Honduras se restablezca el respeto al Estado de derecho y el goce de los derechos humanos", señaló la organización.
Por ello, pidió al Congreso que actúe con "la misma celeridad que actuaron para deponer a Zelaya" para resolver la crisis institucional creada por el golpe".
CEJIL explicó que el proceso electoral hondureño actual es organizado por un Tribunal Supremo Electoral compuesto por militantes y ex funcionarios de los partidos políticos que apoyan el golpe de Estado.
Además, que se desarrolla en un contexto de "sistemática intimidación" a los opositores y violaciones a los derechos humanos de los sectores que se oponen al derrocamiento.
También señaló que las instituciones responsables de garantizar los derechos de las personas no están respondiendo adecuadamente ante las múltiples violaciones que se denuncian.
"Unas elecciones efectuadas bajo estas condiciones consolidarían el golpe de Estado y legitimarían a un Gobierno de facto que desde sus inicios ha apostado a las elecciones para afianzar su proyecto político", señaló CEJIL.
"Reconocer el proceso electoral hondureño sin la restitución de Zelaya es un precedente nefasto en contra del fortalecimiento democrático de América Latina y el Caribe", sentenció.
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