La comisión permanecerá en el país centroamericano hasta el 7 de noviembre, donde preparán un informe minucioso sobre la situación. Este documento fue solicitado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en cumplimiento de una resolución aprobada el primero de octubre por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El objetivo de la misión es la de reunirse con los diferentes entes que apoyan el gobierno de facto como la Fiscalía, la Policía, la Corte Suprema de Justicia y el comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio; mientras que días más tarde atendera a los organismo que se oponen al golpe y con el Frente de la Resistencia
Los tres representantes de las Naciones Unidas llegaron al medio día a Tegucigalpa pero "por razones de seguridad" no se dieron a conocer los nombres de sus integrantes, indicó la directora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Reina Ribera.
Los responsables de la ONU en Tegucigalpa declinaron proporcionar cualquier detalle de esta misión. "No estoy autorizado", explicó uno de ellos.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Andrés Pavón, aseguró que "en Honduras se está estableciendo una dictadura. Los informes de la ONU nos van a servir para sustentar nuestras acusaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Penal Internacional".
La sociedad hondureña despertó luego que regresara el presidente constitucional a Honduras el pasado 21 de septiembre, quien se mantiene refugiado en la embajada de Brasil. Esta aparición ha desatado diversas manifestaciones en contra de Micheletti.
El Comité de Detenidos Desaparecidos en Honduras habla de al menos 12 asesinatos de manos del gobierno de facto, y Pavón aseguró que existen al menos 25 personas que fueron heridas de bala por las fuerzas de seguridad en las protestas.
A pesar que el presidente golpista había emitido un decreto hace tres semanas donde suprime las libertades civiles, el amparo del cual reprime manifestaciones opositoras aún permanece vigente, pues las fuerzas de seguridad se mantienen en las calles y continúan cerrados los dos únicos medios de oposición al régimen como son Radio Globo y el Canal 36.
El coordinador del Frente de Resistencia contra el Golpe, Juan Barahona, aseguró que "la imagen que la dictadura quería dar era que el país estaba volviendo a la normalidad, pero siguen aplicando el decreto".
La CIDH, en una visita a Honduras en agosto, confirmó "la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía".
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