Delante de la flor y nata de la sociedad hondureña, el ex presidente chileno Ricardo Lagos fue tajante: "Aún es posible evitar el salto al precipicio. Nosotros, en Chile, no fuimos capaces". Unos segundos después, ante un grupo de periodistas, se mostró aún más explícito: "Estamos aquí para restaurar las instituciones democráticas al estado en que se encontraban antes del 28 de junio. Es decir, al momento en que el presidente Manuel Zelaya fue removido de su cargo. Por lo tanto, queremos implementar un acuerdo que signifique que el presidente Zelaya tiene que volver al poder". El acuerdo prevé la formación de un Gobierno de unidad
Los golpistas maniobran para evitar devolver el poder
Desde el día del golpe, la comunidad internacional lo ha intentado todo para convencer a Micheletti de que debe permitir el regreso, aunque simbólico, de Zelaya. Unas veces por las malas y otras por las buenas, pero el resultado ha sido el mismo. Si algo ha demostrado el golpista es su capacidad para hacerse el sordo. Las declaraciones de Lagos -tal vez el último cartucho diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA)- coinciden con el espíritu primero de no transigir con el golpe.
Hace cuatro meses justos, apenas unas horas después de la expulsión de Zelaya, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, llegó a Honduras y declaró en un hotel de Tegucigalpa: "Aquí hubo un golpe de Estado, una ruptura grave de la institucionalidad democrática, y nosotros pedimos que esa situación sea revertida por quienes han tomado el poder".
A la pregunta de si las elecciones del 29 de noviembre servirían para salir de la crisis, Insulza fue tajante: "Si la situación siguiera igual, el Gobierno que saliese de las urnas no sería reconocido".
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