La presión ejercida por las autoridades hondureñas sobre los medios ha obligado a algunos reporteros a autocensurarse. Las amenazas contra los trabajadores de la prensa son constantes y ya se ha registrado un muerto. Y la SIP, ¿que dice?
Las amenazas y presiones sobre los trabajadores de la prensa hondureña están surtiendo efecto.
En el caso de Radio Progreso, una de las emisoras hondureñas que ha continuado informando y no oculta su rechazo al golpe de estado encabezado por Roberto Micheletti, la programación habitual ha sufrido alteraciones. Según Gustavo Cardoza, responsable de la emisora, la programación ha tenido que ser recortada a causa de los toques de queda y por la seguridad del personal. Lo peor de todo, opina Cardoza, ‘’es que existe una especie de autocensura del algunos medios pues se suceden las amenazas telefónicas al personal”. Esta semana Radio Progreso ha sufrido un grave ataque al conocerse que se puso precio a la cabeza del padre Ismael Moreno, director de la Emisora. Según sospechan los empleados de la misma, los autores de la amenaza serían los hijos del actual presidente de facto Roberto Micheletti. La explicación según Cardoza, “es simple pues los Micheletti provienen del mismo municipio donde se encuentran las instalaciones de radio El Progreso.” Además varios trabajadores de la radio recibieron mensajes con amenazas “si no se callan”. Todo esta guerra psicológica pone a los periodistas ante el dilema de cumplir o no su labor. O cumplirla a medias, autocensurándose.
Colegio de periodistas
Los casos son conocidos en el Colegio de Periodistas de Honduras, la máxima representación del sector. Sin embargo, el ente ha tenido una posición muy callada y hasta se puede decir muy ausente sobre lo que está pasando en el país con respecto al funcionamiento de los medios de comunicación.
Los periodistas de las emisoras que rechazaron el golpe contra la constitucionalidad perpetrado el pasado 28 de junio, no son los únicos que sufren los embates represivos de los uniformados. Estos atacaron también a los reporteros y periodistas de Radio América que es propiedad de una de las familias de mayor poder económico en el país. Sus periodistas se quejaron porque no pueden dar cobertura a las actividades del frente de resistencia que exige el retorno de Manuel Zelaya por temor a ser despedidos. Ese clima de inseguridad laboral que presenta la actual coyuntura política hace que los periodistas piensen primero en conservar su trabajo en desmedro de la información.
Sobre esta incómoda situación en que se encuentran los trabajadores de los medios que rechazan el golpe, el colegio de Periodistas de Honduras se ha mantenido en silencio. ‘’La explicación de este silencio tal vez esté en el hecho de que el actual presidente del colegio de periodistas (redacción) Elán Reyes Pineda, forma parte de la cadena de televisión más fuerte del país. El colegio de periodistas de Honduras es, al final de cuentas, una organización patronal’’, dice Gustavo Cardoza, de Radio Progreso.
ONG’s
En las semanas posteriores al golpe del 28 de junio pasado, los intereses de los periodistas han tenido el respaldo de algunas organizaciones no gubernamentales y de derecho humanos. Pero también éstas están bajo el fuego represivo golpista. Recientemente una red social que publicaba en Internet noticias de Honduras basadas en correos electrónicos y que estaba creciendo rápidamente en volumen e importancia fue sacada de la red. Según lo que trascendió al respecto, la cúpula militar habría exigido la base de datos de la organización y le obligaron a suspender sus labores. Además de algunas organizaciones formadas recientemente como Periodistas Contra el Golpe de Estado, que surgieron a raíz de la asonada civil-militar encabezada por Micheletti, no hay en el país otro ente estatal que pueda defender la libertad de expresión ni mucho menos la seguridad física de los reporteros y periodistas.
Son momentos difíciles para la prensa hondureña más aún cuando el Comisionado de los Derechos Humanos, Custodio López, olvidando por completo el carácter de su cargo, se sumó a los golpistas e hizo declaraciones accidentadas que lo condenaron definitivamente ante la comunidad internacional. Actualmente, y a diferencia del protagonismo mediático que caracterizó las actividades del comisionado , hoy está sepultado en el más profundo silencio e incluso se presume que ha huido del país.
En resumen son pocos los espacios que quedan para defender la libertad de expresión y de acceso a la información en Honduras.
Según Reporteros sin Fronteras, al inicio del toque de queda dictado por las nuevas autoridades, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL) habría notificado a los operadores de cable la prohibición de emitir algunos canales internacionales como Telesur, Cubavisión Internacional y CNN Español.
La SIP
Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP) apenas producido el golpe, emitió un comunicado pidiendo al gobierno de facto que respete la actividad de los periodistas y que garantice la libertad de expresión. Esta semana la patronal de los medios aumentó la dosis a su defensa de los medios expresando también preocupación por la situación de Radio Progreso y de Radio Globo, las dos principales emisoras críticas al gobierno de facto.
Desde el momento en que se dio el golpe de estado las dos emisoras fueron objeto de constantes presiones e incluso les amenazaron, a las dos, con cerrarles las instalaciones. Lo mismo ocurrió con la Telesur, cuyos reporteros y camarógrafos fueron agredidos en la vía pública y sus instalaciones igualmente atacadas. La SIP mantuvo una posición muy tibia en estos casos, dice Gustavo Cardoza, vocero de Radio Progreso. “Como instancia internacional podía haber tenido una posición mucho más clara. Hay muertos”, dice. Ese es el caso de Gabriel Fino Noriega, periodista de Radio Estelar, asesinado por fuerzas paramilitares, sobre lo cual informa la Misión de la ONU enviada a investigar la situación de los derechos humanos en el país después del golpe. Otro periodista, Edgardo Castro fue detenido ya tres veces mientras cumplía su labor. Romel Gómez reportero de Radio Progreso sufrió también detención temporal de parte de los militares quienes le arrebataron sus instrumentos de trabajo y sus documentos. Antes de ser liberado fue amenazado con “te puede pasar algo más si sigues en lo mismo”. Debido a esas amenazas Gómez pidió medidas cautelares por parte el Ministerio para proteger su vida y la de su familia. José Pablo Pedraza, otro trabajador de la misma emisora, recibe casi a diario amenazas telefónicas. La misión de la ONU también corroboró el ametrallamiento de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y las amenazas de muerte contra periodistas como el director del diario El Libertador, Johnny J. Lagos y contra el periodista Luis Galdanes. Además la misión comprobó que las instalaciones ubicadas en la capital de Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron militarizadas.
Telesur
Después del ataque a sus reporteros en Tegucigalpa, la multiestatal Telesur, criticó severamente la actitud de la SIP. "Se pliega a los factores golpistas al evadir una posición contundente de censura a la violación de la libertad de prensa por parte del gobierno de facto", asegura la televisora en un comunicado. Agrega además que la SIP "banaliza con profunda gravedad el riesgo a la vida que han corrido nuestros equipos de reporteros y técnicos en esta República centroamericana por la acción y amenaza de las fuerzas represivas....”.
El conocido periodista canadiense y autor, entre otras publicaciones, del libro “Auge y caída de Reporteros Sin Fronteras”, Jean-Guy Allard, escribió recientemente que “La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que tanto lamenta las "limitaciones" a la libertad de prensa que sufren los medios de comunicación opuestos al golpe de Estado, evita recordar que dos de los principales conspiradores del cuartelazo que llevó a la expulsión del Presidente Zelaya son también sus principales (y casi únicos) miembros hondureños.’’
En efecto entre los personajes que han propiciado la aventura golpista, encontramos nombres como el de Carlos Roberto Flores Facussé, ex presidente de Honduras y dueño del periódico La Tribuna y Jorge Canahuati Larach, el multimillonario dueño de los diarios La Prensa y El Heraldo, los diarios de mayor circulación en el país.
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