Especial para The Narco News Bulletin
30 de septiembre 2009
El decreto autoritario de Micheletti, anunciado el domingo, fué el que terminó por destruir lo que los mantenía unidos. El decreto incluye las prohibiciones a los derechos Constitucionales de expresión, imprenta, reunión, tránsito y debido proceso.
Hoy, el Tribunal Supremo Electoral se unió a la multitud creciente de antiguos partidarios incondicionales del golpe, que creen que el decreto de Micheletti fue demasiado lejos:
“El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras pidió hoy al Presidente de facto, Roberto Micheletti, derogar el decreto que suspendió las garantías constitucionales, porque afecta el proceso para las elecciones de noviembre próximo… y se suma a demandas similares planteadas por el Parlamento, los candidatos presidenciales y otros sectores…
Micheletti dijo… que accedió a analizar la solicitud y volvió a insistir en que el decreto será ‘derogado de la manera oportuna’.
Sin embargo, apuntó que continuará consultas al respecto con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos del Estado con el fin de tomar una decisión ‘consensuada’”.
Esos pocos párrafos hablan mucho de lo que está pasando detrás de la cortina. Permítanme traducirlos.
El domingo, Micheletti anunció el decreto autoritario sin haber mencionado el “consenso” de los actores claves en el golpe al que ahora se refiere. Algunos de ellos parecían tan sorprendidos como el público en general al enterarse de él. El decreto ya no tiene ningún tipo de “consenso” incluso entre los jugadores con poder limitado con los que el golpe fue negociado e implementado. Y ahora dice que necesita un “consenso” para derogarlo.
¿Que nos dice esto? Revela que Micheletti no es el que manda aquí. El específicamente menciona a la Suprema Corte, y su referencia a los “organismos del Estado” significa lo más probable Fuerzas Armadas: éstos dos son las cabecillas reales del golpe de Estado, para los que Micheletti es solo una mera marioneta.
En un estilo típico, engaña a los periodistas cŕedulos para que repitan declaraciones de que ya echó atrás el decreto, cuando esta mañana policías y tropas militares continuaron sus ataques a manifestantes pacíficos que mantuvieron ocupadas las oficinas de agricultura del gobierno por tres mes. Claramente, los poderes reales detrás del decreto—la Suprema corte y los militares—quieren asegurarse que cumpla sus principales objetivos antes de tener que suspenderlo.
Lo que los comisionados electorales ven con claridad es que la trinidad interior del poder golpista—el Ejército, la Corte y Micheletti—no parece “entender” que el decreto ha destruido toda esperanza de convencer a los hondureños o al mundo que las “elecciones” del 29 de noviembre pueden ser libres y justas. Ya es demasiado tarde. Las mentes más inteligentes lo están viendo, mientras el Ejército, la Corte y Micheletti continuan en su creencia de que si no mantienen reprimiendo brutalmente y silenciado el discurso, la resistencia civil pacífica pasara encima del golpe.
Es posible, que de esta manera ambos sectores tengan razón en su análisis: Los golpistas “moderados” entienden que su “solución” electoral ha sido arruinada, gracias al decreto. Mientras los golpistas de “línea dura” entienden que si permiten las libertades constitucionales básicas, no serán capaces de mantener la corriente de la opinión pública por mucho tiempo. Mientras tanto, al darle largas a las peticiones de sus ex aliados golpistas de cancelar el golpe, Micheletti aisla aún más al ejército, a la corte y a si mismo del apoyo que alguna vez disfrutaron. Y esta es la parte de la película en la que el régimen golpista invencible comienza a dividirse y a caer.
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