Por Esteban Israel y Miguel Angel Gutiérrez
TEGUCIGALPA (Reuters) - El presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, ignoró el jueves la presión dentro y fuera de su país para que derogue un decreto que suspendió las libertades civiles, en un aparente nuevo obstáculo para resolver la peor crisis de América Central en décadas.
Empresarios y políticos habían solicitado a Micheletti que reconsiderara la supresión de la libertad de prensa, asociación y circulación, en lo que algunos interpretaron como una fisura en la coalición que apoyó el golpe militar del 28 de junio.
Pero el líder de facto no pareció ceder ni un milímetro pese a las críticas de Naciones Unidas y Estados Unidos.
"No nos gustan (las medidas), pero tal vez fueron necesarias y hay que mantenerlas el menor tiempo posible", dijo el líder de la poderosa Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé, tras la reunión.
Micheletti defendió más tarde sus medidas ante los jueces de la Corte Suprema, donde fueron presentados 15 recursos contra el decreto, entre ellos uno de anticonstitucionalidad.
"Sólo vinimos a escuchar el consejo que podían darnos, si se ha cometido algún error o no", dijo el presidente de facto.
No lejos de allí, una misión de diputados de Brasil atravesó el cerco policial de la embajada del país sudamericano para entrevistarse con el derrocado presidente Manuel Zelaya, atrincherado en dicha sede desde que volvió clandestinamente a Honduras hace nueve días para reclamar el poder.
Al concluir el encuentro, el diputado Raúl Jungmann, del opositor Partido Popular Socialista, dijo que Zelaya aclaró que por ahora no existen negociaciones entre él y Micheletti, y que podría avanzar una negociación con la llegada la próxima semana de una misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"El entiende que la solución es exactamente el plan Arias", dijo el legislador, en referencia al "Acuerdo de San José" presentado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, y que incluye el regreso al poder de Zelaya.
Los seis legisladores brasileños viajaron a Honduras para asegurar que el Gobierno de facto no allane la embajada una vez cumplido la próxima semana el plazo para que Brasil asile a Zelaya o lo entregue a la justicia.
Micheletti dijo en una entrevista con Reuters que no tomaría "medidas adicionales" una vez cumplido su ultimátum.
Según testigos, Zelaya recibió asimismo la visita de un diplomático de Canadá.
Un enviado de la OEA, quien ha dicho que delegaciones de Zelaya y Micheletti podrían entablar el diálogo cuando la misión de cancilleres del grupo aterrice en Tegucigalpa el 7 de octubre, dijo esperar que el Gobierno de facto levante las medidas de excepción, similares a un estado de sitio.
"Están pasando cosas represivas (...) Está la esperanza de que una vez que empiece el diálogo se suspendan, porque no puede haber diálogo rodeado de cosas antidemocráticas", dijo a Reuters el enviado del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, John Biehl.
La resistencia al decreto fue interpretado por Zelaya y su círculo como una división dentro de la coalición de militares, políticos, empresarios y curas que apoyaron el golpe.
"Desde el punto de vista de nosotros, se observa que el bloque golpista se resquebraja y hay sectores que quieren negociar", dijo a Reuters Rasel Tomé, un asesor de Zelaya que está con él dentro de la embajada.
Zelaya fue expulsado de Honduras hace unos tres meses por un golpe militar gatillado por sus aspiraciones de intentar cambiar la Constitución para permitir su reelección, igual que hizo antes su aliado el presidente venezolano, Hugo Chávez.
Pese a que todos los sectores hablaban el jueves de diálogo, la restitución de Zelaya parecía aún un obstáculo insuperable.
"Las probabilidades de un compromiso que incluya la vuelta de Zelaya y el fin del estancamiento están aumentando, pero todavía no existen las condiciones para ello", dijo Heather Berkman, una experta sobre América Latina del Eurasia Group en Nueva York.
La analista dijo además que Micheletti podría estar mandado señales contradictorias para estancar el proceso de diálogo.
El Gobierno de facto apuesta a que las elecciones de fines de noviembre permitan pasar la página de la peor crisis política que sacude a América Central en décadas.
Pero la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, advirtió que no reconocería a un presidente electo bajo el auspicio de Gobierno de facto.
(Reporte adicional Gustavo Palencia y Pat Markey en Tegucigalpa. Escrito por Miguel Angel Gutiérrez; Editado por Ricardo Figueroa)
No hay comentarios:
Publicar un comentario