El Fiscal General, Luis Rubí, y el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera, defienden de forma pública a los responsables directos e indirectos de la destitución ilegal del ex Presidente Manuel Zelaya, y del asesinato de al menos 177 personas; por esa razón, la comunidad internacional y los hondureños exigen la destitución inmediata de Rubí y Rivera.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En el país no puede existir institucionalidad mientras el Fiscal General de la República, Luis Rubí, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, continúen en sus cargos.
Esto, porque la comunidad internacional no reconoce a Rubí ni a Rivera Avilés, por ejemplo, a ambos se les ha negado el ingreso a España por su participación en el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, cuando un grupo elite de las Fuerzas Armadas secuestró y extraditó por las armas al mandatario Manuel Zelaya Rosales.
Asimismo, organismos de derechos humanos demandan que el Fiscal General y el presidente del Poder Judicial sean destituidos, por entorpecer el proceso contra la junta de comandantes del Estado Mayor Conjunto y las caras visibles del golpe de Estado, que han violentado los derechos fundamentales de al menos 9 mil personas.
La dictadura de Roberto Micheletti Baín y Romeo Vásquez Velásquez, títeres de la oligarquía criolla, ha arrebatado la vida de unos 177 integrantes de “La Resistencia”; además, dilapidó los recursos económicos del país, lo que ha sumido en miseria y pobreza extrema a al menos 6 millones de personas.
