El 15 de julio de 2010 un grupo de ONGs de derechos humanos y grupos religiosos estadounidenses (1) enviaron una carta a la Secretaria de Estado Hillary Clinton acerca de la situación en el país centroamericano planteando una serie de demandas para que “el gobierno y el pueblo de Honduras [retomen] totalmente el camino de la democracia, el estado de derecho y el buen gobierno”.
Las organizaciones firmantes de la carta dicen:
Que en Honduras se han cometido "graves violaciones de los derechos humanos (...) desde la asunción al gobierno de Porfirio Lobo Sosa el 27 de enero de este año".
Que "muchas de las personas amenazadas, atacadas y asesinadas pertenecían al Frente Nacional de Resistencia Popular o se oponían de otra forma al golpe de estado que tuvo lugar el 28 de junio de 2009".
Da los nombres y datos de ocho de los asesinados, activistas sociales, dirigentes de la resistencia al golpe de estado y ex-miembros del gabinete del derrocado presidente Manuel Zelaya.
Que “los activistas también han informado sobre ataques en los que se les ha amenazado por su actividad política.”
Que, según la CIDH, también ’se está secuestrando, atacando y amenazando a hijos de dirigentes del Frente de Resistencia, como estrategia para silenciar la resistencia.’
Da los nombres y datos de diez periodistas asesinados constatando que “Los periodistas (...) siguen enfrentando amenazas de muerte” de parte de los golpistas.
Que “los defensores de derechos humanos son el blanco específico de amenazas de muerte y otros actos de intimidación” y que “en los primeros seis meses de la administración Lobo, prácticamente ninguna de las violaciones que tuvieron lugar después del 28 de junio se está investigando seriamente.”
Que “además, el gobierno hondureño no ha podido implementar medidas de protección efectivas para las personas en riesgo según fue ordenado por la CIDH.”
Que “la libertad de expresión también está sometida a las restricciones” por parte del gobierno, que puede clausurar medios de prensa, y de la Suprema Corte de Justicia que destituyó a cuatro jueces que abiertamente se opusieron al golpe.
Que “...se trata además de la falta de acción por parte del Estado de Honduras para hacer frente a estos abusos y realizar las reformas necesarias”, lo que hace que se genere “un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.”
Hasta ahí todo bien ¿no? Bueno, no tanto. No nos dejemos encandilar por el reconocimiento de los crímenes de los golpistas y de los actuales gobernantes de Honduras. Es que a la par de lo que dicen las ONGs en su carta a la Secretaria de Estado, hay algunas cosas muy importantes que no dicen.
Por ejemplo, no dicen que Porfirio Lobo Sosa fue nombrado tras unas elecciones que:
Tuvieron lugar bajo una situación de suspensión de garantías constitucionales y represión extrema mientras que los que rechazaban el golpe del 28 de junio de 2009 y llamaban “farsa” a esas elecciones, eran salvajemente reprimidos, perseguidos y hasta asesinados. (hecho, éste último, que las mismas ONGs firmantes reconocen).
Tuvieron lugar mientras que los gobernantes que depuestos tras el golpe estaban – y aún están – impedidos de ingresar al país.
Tuvieron lugar a pesar de que nunca se cumplió la condición establecida por los Acuerdos de San José-Tegucigalpa, de que los partidarios del depuesto presidente Manuel Zelaya deberían estar de acuerdo con su realización.
Habían sido boicoteadas de hecho tanto por la resistencia como por la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la OEA y el Centro Carter.
No hubo observadores internacionales en excepto los del Instituto Democrático Nacional estadounidense financiado por los propios Estados Unidos, acusado de haber instigado el golpe.
El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), designado ilegalmente por los golpistas, hizo públicos unos resultados absolutamente sospechosos. Las cifras del TSE y las de la red de ONGs contratada por el gobierno estadounidense para legitimar el proceso Hagamos Democracia coincidieron con sorprendente exactitud, pero no menos sorprendente fue la divergencia entre sus cifras de participación: Al dar por ganador a Pepe Lobo con el 61,89% de las mesas escrutadas, el TSE hablaba de una absurda participación de más del 60 por ciento, mientras que las ONGs del Departamento de Estado daban un algo menos absurdo 48-49 por ciento, cifra a la que el TSE terminó ajustándose en su informe final. Según fuentes de la Resistencia, la participación fue del 21.5%. (2)
Es imposible saber cuánta gente realmente participó en la “elección”, pero no es imposible imaginarse que muchos fueron a las urnas por miedo a la represión, a ser despedidos por sus patrones golpistas o a ser objeto de otras represalias.
En síntesis, los firmantes de la carta a la Secretaria de Estado, a pesar de constatar una serie de evidentes, masivos y brutales crímenes “tolerados” por la administración de Pepe Lobo, omiten lo más obvio para cualquier observador desapasionado; es decir, que las elecciones fueron una farsa, que el gobierno de Lobo es en sí y de por sí ilegítimo, que el sistema imperante en Honduras no es más que el producto de un proceso de normalización del golpe de estado del 28 de junio de 2009, que lo único que el actual gobierno de Tegucigalpa puede hacer para encaminar al país hacia la democracia y el estado de derecho es autodisolverse y, por último, que la gran promotora de la idea de la legitimidad el régimen de Lobo es, precisamente, la Secretaria de Estado Hillary Clinton.
Sigamos con la carta:
En la misiva, las ONGs firmantes piden al gobierno de Estados Unidos:
“...denunciar de forma sistemática y pública las violaciones que tienen lugar en Honduras contra los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y los periodistas.”
“...condicionar el suministro de asistencia a Honduras a la realización de una inmediata investigación de estos casos y a la adopción de medidas efectivas para asegurar que se ponga fin a estos abusos.”
“...a alentar las reformas necesarias” como “la derogación del decreto #124-2009” que permite al gobierno cerrar medios que emitan mensajes que “generen (…) un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático”, y el retiro de los militares de funciones civiles y policiales.
“alentar al gobierno hondureño para que acepte el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con amplio mandato para fortalecer el estado de derecho y para que brinde su apoyo a dicha oficina luego de su establecimiento.”
Todo eso suena muy bonito, pero:
¿Dónde está, por ejemplo, la demanda de garantizar a la brevedad posible las condiciones para el regreso al país del depuesto presidente Manuel Zelaya y todos sus ministros, libres de toda represalia? ¿Qué se dice de la demanda de amplios sectores populares de llamar a una asamblea constituyente? ¿Cuáles serían los órganos encargados de juzgar y castigar los crímenes cometidos, sino los de un sistema judicial que ayudó a perpetrarlos?
Pero hay otro hecho que afea aún más la aparentemente noble intención de la carta. Porque esta carta está dirigida a la jefa de la política exterior de un estado que, independientemente de lo que ella en lo personal piense o diga pensar:
A lo largo de la historia ha puesto y depuesto presidentes a su antojo en Honduras, defendiendo a sus empresas multinacionales y a las élites criollas que les sirven.
Desde hace casi 100 años tiene bases militares en el país, especialmente hoy en día, con la estratégica base de Palmerola que, “casualmente”, el depuesto presidente Manuel Zelaya, un año antes del golpe había anunciado sus intenciones de cerrar, y del hecho de que desde el 27 de enero cuando Lobo asumió la presidencia, el Comando Sur de los EE.UU ha financiado y supervisado la construcción de una base naval en la Mosquitia y estará avalando la construcción de otra base naval en la isla Guanaja en la Costa Atlántica.(3)
Probadamente financió, apoyó y hasta dirigió a los grupos que dieron el golpe.
Inicialmente, puso cara de asombro ante el golpe de estado del 28 de junio de 2009, al que luego se negó a llamar por su nombre lo más que pudo – y cuando lo hizo fue de pasada, como restándole importancia, para terminar hablando de “situación” y otros eufemismos.
Hizo caso omiso de las resoluciones de organismos regionales e internacionales como el SICA, la OEA, UNASUR, y la Asamblea General de la ONU e impulsó un proceso dilatorio de “diálogo” entre los golpistas y el depuesto presidente que no llevó a nada que no fuese ganar tiempo para hacer unas elecciones amañadas que luego aplaudió de todo corazón.
Lo que proponen las organizaciones firmantes apoya objetivamente una variante de lo que en la historia de la vecina Nicaragua se conoce como “somocismo sin Somoza,” que fue la fallida estratagema de los Estados Unidos de intentar pactar una salida del poder de su protegido, el dictador Anastasio Somoza a espaldas del Frente Sandinista, que era la fuerza que estaba llevando adelante la lucha junto a todo el pueblo nicaragüense. La idea de los EE.UU era la de librarse de un dictador genocida que le estaba empezando a dar mala imagen internacional y que se veía incapaz de contener la masiva resistencia popular con caras menos quemadas y representantes de la misma élite que se había favorecido durante décadas de la dictadura.
Esa es la estrategia que hoy, con medios mucho más sofisticados, está implementando el Departamento de Estado en Honduras y la carta del grupo de ONGs a la Secretaria de Estado es un elemento más que la apoya:
Cambio de algunos nombres, cambio de algunas caras, exclamaciones indignadas de “¡cómo pudieron cometerse actos tan crueles!”, cárcel para algún golpista (o, probablemente, para oficiales de menor rango), más medios propiedad de los propios golpistas para dar la impresión de variedad y pluralismo, reinserción política y social de aquellos que doblen la cerviz y acepten un lugarcito bajo el sol a cambio de vivir en una democracia vigilada y continuada represión, terrorismo de estado e impunidad contra aquellos que sigan reclamando una refundación del país que termine con el oprobioso status quo instaurado por los Estados Unidos hace mucho, mucho tiempo.
Todo lo que venga después en materia de represión, impunidad y continuadas violaciones a los derechos humanos será achacado a algún problema congénito de los y las hondureñas para vivir en paz, armonía y democracia, al narcotráfico, al “terrorismo internacional” o a lo que sea. Y, por supuesto, igual que siempre se seguirá proveyendo a las “fuerzas del orden” de todos los medios técnicos para, a su manera, continuar con la labor de “promover los derechos humanos y construir la democracia” en el país.
Apenas una semana después de enviada la carta, los Estados Unidos montaban una farsa con el reconocimiento al régimen de Pepe Lobo por parte de todos los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) menos uno, Nicaragua Libre. El derrocado presidente Manuel Zelaya dijo que los presidentes centroamericanos que se prestaron a la farsa, "insultan al pueblo hondureño" al desconocer lo que pasa en el país.
Dicho “reconocimiento”, de por sí ilegal, ya que las decisiones del órgano sólo pueden ser tomadas por consenso, es una grave violación al proceso de integración del istmo con la que los Estados Unidos esperan torcerle la mano a la OEA y, más tarde, al resto del mundo para que pronto se olvide que alguna vez hubo un golpe de estado en Honduras. Con un eventual reconocimiento a Honduras del SICA y de la OEA, Zelaya ya no tendrá fuerza alguna para negociar su regreso al país.
La lista de firmantes de la carta (2) es extensa. Abundan en ella nombres nobles y respetables, y hasta alguno que otro con credenciales de denuncia a las atrocidades estadounidenses en América Latina.
Sin embargo, entre las firmas salta a la vista una muy especial: la de Joy Olson, Directora Ejecutiva de la Washington Office on Latin America (WOLA), un influyente grupo “liberal” de cabildeo estadounidense. La antropóloga Adrianne Pine, en un excelente trabajo sobre la organización (3), constata que “aunque muchos latinoamericanos creen que el papel de Estados Unidos en Honduras es continuación de las medidas imperialistas que ha adoptado en la región durante el siglo pasado, en el caso de Honduras se aprecia un nuevo giro: gran parte de la labor que realiza en la sombra el Departamento de Estado la lleva a cabo una de las ONG defensoras de los derechos humanos más respetada en Washington:” La WOLA.
NOTAS:
(4) Los firmantes de la carta son el Reverendo Michael Kinnamon, Secretario General del Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los Estados Unidos , Robert White, Presidente del Center for International Policy , Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) , Jean Stokan, Director del Equipo de Justicia de la organización Sisters of Mercy of the Americas , Jenny Atlee, Coordinadora del Quixote Center, James E. Winkler , Secretario General, Junta General de Iglesia y Sociedad de la Iglesia Metodista Unida , Joy Olson, Directora Ejecutiva de la Washington Office on Latin America , Sarah Stephens , Directora Ejecutiva del Center for Democracy in the Americas , Wayne S. Smith , Miembro numerario del Center for International Policy , Mark W. Harrison , Director del Programa de Paz con Justicia de la Junta General de Iglesia y Sociedad Metodista Unida , Valerie Novak , Representante de la Comisión para América Latina y el Caribe de la Comunidad Loretto , Abigail Poe , Subdirectora del Center for International Policy , Amanda Martin, Director de la Guatemala Human Rights Commission/EE.UU., David Kane, Asociado para América Latina y Justicia Económica de la Oficina Maryknoll para Asuntos Globales , Stephen Coats, Director Ejecutivo del Proyecto de Solidaridad Laboral en las Américas (USLEAP) , Timi Gerson , Directora de Incidencia del American Jewish World Service , Sharon Hostetler , Directora Ejecutiva de la organización Witness for Peace , Pam Bowman , Coordinadora Legislativa y de Investigación de SOA Watch , T. Michael McNulty, SJ , Director de Justicia y Paz de la Conference of Major Superiors of Men (CMSM) , Tom Loudon , Miembro de la Junta Directiva de la U.S.-Nicaragua Friendship Office , Martin Shupack , Director de Incidencia del Servicio Mundial de la Iglesia , Michael Neuroth , Defensor de Políticas sobre Temas Internacionales de los Ministerios de Justicia y Testimonio de la Iglesia Unida de Cristo , Mark Weisbrot, Co-Director Ejecutivo del Center for Economic and Policy Research , Tracey S. King , Presidente del Ecumenical Committee of English speaking Church Personnel in Nicaragua, Manuel Pérez Rocha, Asociada numeraria del Proyecto Economía Global del Institute for Policy Studies , Roz Dzelzitis , Directora Ejecutiva de May I Speak Freely Media y James Vondracek, Director Ejecutivo de la Chicago Religious Leadership Network on Latin America .
(5) “La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos contra la democracia hondureña - El pulso del planeta” de Adrianne Pine, Rebelión, 25-04-2010.
