Washington, 1 jun (PL) Tras aprobarse el reingreso de Honduras en la OEA, Venezuela defendió hoy la necesidad de darle mayor fuerza a la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos en ese país centroamericano.
En su intervención ante la Asamblea General de la Orga nización de Estados Americanos, el canciller Nicolás Maduro expresó que su país considera importante alcanzar un acuerdo unánime sobre el tema de los Derechos Humanos en Honduras.
Maduro precisó que Venezuela votó con reservas porque los responsables del golpe de junio de 2009 siguen impunes y es preciso hacer justicia.
Intentamos proponer en la resolución algunos elementos que dieran mayor garantía a los esfuerzos contra la impunidad, pero no fue posible por cuestiones de tiempo, agregó.
En tal sentido llamó a la comunidad internacional a revisar el cumplimiento del acuerdo firmado en Cartagena de Indias, en el cual quedó establecido el resguardo a los derechos humanos y la condena a la impunidad en esa nación.
Maduro ratificó la voluntad del gobierno venezolano para ayudar al pueblo hondureño y a América Latina en aras de avanzar hacia un proceso de reconciliación y el fortalecimiento de la democracia.
Este miércoles, Honduras reingresó al organismo hemisférico con 32 votos a favor y uno en contra, Ecuador, después de 23 meses de suspensión por el golpe militar contra el presidente constitucional Manuel Zelaya en 2009.
miércoles, 1 de junio de 2011
Honduras: la crisis que la OEA no resuelve
¿Realmente necesitaba Honduras regresar a la Organización de Estados Americanos (OEA)? Es una pregunta que muchos se hacen en ese país centroamericano, que durante casi dos años permaneció semiaislado de la comunidad internacional después de que fue excluido del organismo, en julio de 2009.
Una situación que recién concluyó, cuando en una asamblea extraordinaria 32 estados miembros de la OEA aprobaron su reingreso a la organización. Sólo Ecuador votó en contra.
Según analistas, entre los ganadores aparecen desde el presidente de Honduras Porfirio Lobo, hasta los mandatarios Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, de Venezuela y Colombia, que ayudaron en el regreso del depuesto Manuel Zelaya a su país, un tema que facilitó el retorno a la organización.Algunos creen que la readmisión normalizará el flujo de préstamos e inversiones, semicongelados desde el golpe de Estado en junio de 2009, pero otros ven en este proceso un asunto político ajeno a los hondureños.
Pero a los habitantes de ese país volver a ser parte de la OEA no marca diferencia en su vida cotidiana, le dice a BBC Mundo el analista Guillermo Molina Chocano.
"La población lo ha tomado con escepticismo porque no es un tema que apasione. La OEA no ha sido un organismo favorable a Honduras, en términos generales, y la gente más bien piensa que se exageró el énfasis del presidente Lobo para regresar a toda costa", explica.
¿Crisis?
Después del golpe de Estado algunos países y organismos financieros internacionales aplicaron sanciones económicas a Honduras.
Decenas de proyectos financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo fueron congelados durante varios meses, mientras que organismos como Petrocaribe y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) cancelaron la participación del estado hondureño.
La suspensión de la ayuda internacional agudizó la crisis financiera en el país. El PIB cayó 2,5% en 2009, en parte por la crisis política derivada del golpe de Estado, según informes de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
En un país donde al menos el 59% de la población es pobre, el impacto de las sanciones fue, sobre todo, en la vida cotidiana de la población, reconoce Molina Chocano.
"La gente lo vio como un castigo al país, a la población, y no tanto al gobierno, que siguió funcionando con sus presupuestos e ingresos", cuenta.
Pero la economía se mantuvo estable por varias razones: el financiamiento desde Estados Unidos –del gobierno y grupos afines a las nuevas autoridades hondureñas- nunca se detuvo por completo, y además el BID y el BM reactivaron los préstamos desde marzo de 2010.
Así, el panorama empezó a mejorar relativamente. En su último reporte financiero el gobierno de Honduras reconoció que el PIB creció más de 2% en 2010.
La política
Aunque los números mejoran, la situación política no parece seguir ese camino, insisten los analistas.
El investigador Marco Gandásegui, de la Universidad de Panamá, dice que el regreso del ex presidente Zelaya podría reactivar la tensión que existía antes del golpe de Estado.
"Para el gobierno de Honduras el regreso a la OEA tiene un costo: reconocer al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que tiene en Manuel Zelaya un líder fuerte", dice en conversación con BBC Mundo.
Los integrantes del movimiento han conformado una alternativa real a las opciones políticas tradicionales de ese país, los partidos Liberal y Nacional, explica el analista.
El regreso a la OEA tuvo, además, un efecto regional, añade Gandásegui: la ganancia política de los presidentes Chávez y Santos, garantes del Acuerdo de Cartagena de Indias, que facilitó el regreso de Zelaya a Honduras.
"Sacaron provecho de la crisis porque permitió alcanzar acuerdos que superan la crisis hondureña. Como si estuvieran debajo de un árbol de mango y les cayera un fruto, fue suerte", asegura el investigador.
La OEA también sale bien librada, añade Gandásegui, pues parece demostrar que pudo resolver la crisis hondureña sólo con ayuda latinoamericana, con poca intervención del gobierno de Estados Unidos.
Eurodiputado felicita Zelaya por regreso a Honduras
Bruselas, 1 jun (PL) El eurodiputado Willy Meyer felicitó al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, por su reciente regreso al país "y por el hecho de que éste pueda participar en futuros procesos electorales".
El también coordinador de Política Internacional del partido español Izquierda Unida se desplazó al país centroamericano justo después del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 contra el presidente constitucional.
Meyer comprobó in situ las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno golpista, informó la oficina del parlamentario mediante un comunicado de prensa.
Durante todo este tiempo, Meyer ha denunciado el continuo goteo de asesinatos de miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en Honduras.
Conforme al comunicado, publicado en Internet, estas violaciones de los derechos humanos también persistieron durante el gobierno de Porfirio Lobo, derivado de un proceso electoral organizado por los golpistas, no reconocido por parte de la comunidad internacional.
Meyer, que a su vez es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, ha valorado el retorno de Zelaya como "un paso en la buena dirección hacia el restablecimiento de la normalidad democrática en Honduras".
Por ello, ha celebrado el Acuerdo de Cartagena de Indias, por el cual se garantiza, además que éste no sea perseguido judicialmente y que pueda actuar políticamente a través del FNRP.
El también coordinador de Política Internacional del partido español Izquierda Unida se desplazó al país centroamericano justo después del golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 contra el presidente constitucional.
Meyer comprobó in situ las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno golpista, informó la oficina del parlamentario mediante un comunicado de prensa.
Durante todo este tiempo, Meyer ha denunciado el continuo goteo de asesinatos de miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en Honduras.
Conforme al comunicado, publicado en Internet, estas violaciones de los derechos humanos también persistieron durante el gobierno de Porfirio Lobo, derivado de un proceso electoral organizado por los golpistas, no reconocido por parte de la comunidad internacional.
Meyer, que a su vez es vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, ha valorado el retorno de Zelaya como "un paso en la buena dirección hacia el restablecimiento de la normalidad democrática en Honduras".
Por ello, ha celebrado el Acuerdo de Cartagena de Indias, por el cual se garantiza, además que éste no sea perseguido judicialmente y que pueda actuar políticamente a través del FNRP.
Embajada de EUA trató de detener el golpe de Estado contra Zelaya
Rodrigo Baires Quezada
Publicado el 31 de Mayo de 2011
Micheletti, que siempre negó ser golpista, informó a la embajada estadounidense que buscaba sacar de la presidencia a Zelaya, tres días antes del golpe de Estado. El embajador estadounidense instó al presidente del Congreso Nacional hondureño a evitar poner en riesgo el orden constitucional de Honduras e hizo gestiones para evitar un choque de poderes.
Roberto Micheletti, entonces presidente del Congreso Nacional de Honduras, lo tomó como una deferencia. Llamaba para informar que se votaría en el pleno la destitución del presidente hondureño Manuel “Mel” Zelaya. Hugo Llorens, embajador de Estados Unidos, tomó la llamada como una advertencia de que se pondría en peligro el orden constitucional de este país centroamericano y abogó ante Micheletti porque se frenara toda acción del Congreso en ese sentido.
La recomendación hecha por Llorens es parte de lo relatado por el embajador en el cable 214237, catalogado como “Confidencial” y girado a Washington D.C. a las 8:11 de la mañana del 26 de junio de 2009. Según relata el embajador, quien firma la correspondencia, “la noche del 25 de junio, el Congreso Nacional estuvo a punto de llevar a votación la destitución del presidente Zelaya”. La acción fue tildada por Llorens como “precipitada” porque podría “sumir a Honduras en una profunda crisis constitucional”.
Según el cable, Micheletti llamó a Llorens “para informarle que, con el fuerte apoyo de los partidos políticos de Honduras (incluyendo los dos grandes partidos, Liberal y Nacional), el Congreso Nacional ha iniciado un debate formal que considera refmover al presidente Zelaya de su cargo”. Para ello, Micheletti aseguró que el Congreso revisaría y deliberaría sobre violaciones legales cometidas por Zelaya y su gobierno durante su mandato, iniciando con la remoción del jefe de las Fuerzas Armadas Honduras, Romeo Vásquez, acción que había sido “el catalizador” para que el Congreso tomara esta decisión.
La destitución de Vásquez, el 24 de junio, había acelerado todo un proceso que la embajada había intentado frenar durante todo junio de 2009, mes en que había iniciado conversaciones con diferentes actores políticos y militares de Honduras. Incluso, Llorens desayunó el 18 de junio con Romeo Vásquez y Miguel García Padgett, jefe del ejército. El embajador tenía como misión dar a conocer, en los términos más enérgicos, las preocupaciones de su gobierno “sobre los rumores de que los militares se moverían en contra del gobierno (de Zelaya) si los políticos de Honduras no llegaban a un consenso sobre la legalidad de la votación” para destituirlo. Según el cable 212871, el embajador dijo a los dos jefes militares que el gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional condenarían cualquier movimiento inconstitucional contra Zelaya y que hacerlo representaría un retraso de varios años para la institución castrense.
En el resumen de la epístola, Vásquez aseguró al embajador “que los militares no harían ningún movimiento en contra del gobierno, a pesar de admitir que había amenazado en privado con hacerlo con el fin de ejercer presión sobre los políticos para que llegaran a un consenso”. Con anterioridad, “los líderes militares han dicho, tanto a políticos de alto nivel de los dos partidos políticos más importantes de Honduras, que si no se encuentra una resolución tal vez tengan que tomar medidas no especificadas contra el gobierno de Zelaya”.
Según este cable, se había recibido información de altos oficiales militares de que se consideraba “la creación de una junta administrativa hasta que se celebren las elecciones para un nuevo presidente y para el Congreso, en diciembre”. Vásquez admitió al embajador que las amenazas se hicieron pero dijo que su objetivo era forzar a los políticos a que llegaran a un acuerdo.
El acuerdo nunca llegó y el 25 de junio, desde el Congreso Nacional, los partidos empezaron a mover los hilos de una posible destitución. Para cuando Micheletti se comunicó con Llorens, la “decisión” del Congreso Nacional ya era de dominio público de otros actores políticos de Honduras. Ese mismo día, en horas de la tarde, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, dijo el embajador que “estaba extremadamente preocupado acerca de las acciones planificadas del Congreso contra el presidente”. El titular de la Corte le adelantó que diferentes líderes del Congreso se le había acercado y discutido sus planes para remover a Zelaya de su cargo. Él, aseguró a Llorens, aconsejó no realizar dicha acción porque era ilegal.
Bajo las leyes hondureñas, desde 2005 -cuando se derogó la Ley de juicio político-, el Congreso Nacional no tiene la potestad de remover al presidente de su puesto. El mismo Rivera Avilés se lo explicó a Llorens: “En la actualidad, el único medio para remover a un presidente es a través de la presentación de un caso criminal por el Ministerio Público (Fiscal General) ante la Corte Suprema. En tales circunstancias, la Corte nombrará a un magistrado para conocer del asunto. Una sentencia del juez representa el único medio legal para separarlo de su oficina.”
En ese sentido, el único camino que quedaba era esperar que Zelaya insistiera en realizar el plebiscito, una acción que un juez ya había declarado ilegal y, tras cometer un delito, perseguirlo penalmente.
Micheletti parece que no conocía las leyes a las que hizo referencia Rivera Avilés y, ya en horas de la noche, aseguró al embajador que “creía que tenía los votos necesarios para tomar esta medida definitiva (la remoción de su cargo) contra el presidente” y que buscaba que “Estados Unidos estuviera informado de las deliberaciones del Congreso y de la probable acción” a tomar.
La posición de Llorens, a la luz de los cables revelados por WikiLeaks, fue la de tratar de evitar un choque entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en Honduras. El embajador respondió que la opinión de la sede diplomática era que la acción “parecía totalmente prematura, era peligrosa y podría precipitar una grave crisis constitucional en Honduras con resultados inciertos”; y adelantó que cualquier medida del Congreso en contra de un presidente electo democráticamente “podría ser vista de una manera muy crítica por muchos en la comunidad internacional”.
Micheletti defendió su postura y respondió que Zelaya estaba empeñado en derrocar al sistema democrático hondureño, que ese mismo día había amenazado con cerrar el Congreso y ponerlo a él en la cárcel. “Micheletti apreció los consejos honestos del embajador, pero consideraba que el momento de tomar la decisión había llegado”, relata el cable.
El embajador estadounidense era consciente de los problemas para llegar a acuerdos entre Zelaya y sus opositores. Él mismo había organizado cuatro reuniones –el 17, 19, 20 y 22 de junio- en su residencia para tratar que el presidente se pusiera de acuerdo con los líderes del Partido Liberal y formar un consenso sobre la consulta del 28 de junio. El mismo 25 de junio, Llorens daba cuenta en el cable 214001 al Departamento de Estado en Washington D.C. que había “instado a Zelaya acancelar los comicios y alentado a otros líderes políticos y militares para mantener la calma”. A pesar de ello y tras las reuniones, la embajada tenía claro que Zelaya no estaba dispuesto a ceder ante sus opositores aun cuando la consulta del 28 de junio hubiera sido declarada ilegal.
Tras la comunicación de Micheletti, Llorens llamó al candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, y al ex presidente hondureño Carlos Flores. Para ambos, según se lee en el cable, la decisión del Congreso era “irracional” pero concordaban en que el deseo de Zelaya de llevar a cabo la encuesta del 28 de junio y remover a Vásquez había alterado los ánimos de algunos congresistas.
“Más tarde esa noche nos enteramos de que, tras las consultas privadas entre los líderes de las distintas partes y de los partidos, se alcanzó un acuerdo para evitar una votación sobre si se debía remover al presidente”, reza el cable. En su lugar, los congresistas votaron para iniciar investigaciones formales contra Zelaya por actos de corrupción.
En una entrevista concedida ayer, 30 de mayo, al medio estadounidense Democracy Now!, el mismo Manuel Zelaya comenta estos cables obtenidos por WikiLeaks y reconoce que el embajador Hugo Llorens trabajó para impedir el golpe del 25 de junio, y trató de frenar el del 28. Aunque asegura que "cuando vio que no podía, se hizo a un lado". "No sé si con órdenes del Departamento de Estado", dice Zelaya, que atribuye a otras instancias políticas estadounidenses, ajenas a la embajada, una fuerte responsabilidad en el golpe de Estado.
Como mínimo, Llorens hizo una mala la lectura de cómo terminaron los acontecimientos de ese 25 de junio de 2009. “Afortunadamente, la decisión de los líderes del Congreso para retirarse del borde de una crisis constitucional proporciona un alivio que se espera que puedan ayudar a aliviar las tensiones”, se lee en el comentario de su cable del 26 de junio. Dos días después, Zelaya amanecía en San José, Costa Rica, después de haber sido sacado por la fuerza de Honduras por elementos de ejército. Ese mismo día, Micheletti asumía como presidente de facto en una sesión en la que el secretario del Congreso leyó una supuesta carta de renuncia de Zelaya, cuya autenticidad fue negada inmediatamente por el derrocado.
Micheletti y los otros implicados en el golpe siempre negaron que hubiera alguna conspiración. Por eso hablaban de "sucesión constitucional" producto de que había una orden judicial de captura contra el mandatario, algo que ahora, a la luz de los cables de WikiLeaks, queda como un argumento falso.
Ejército hondureño aceptaba un retorno condicionado de Zelaya
Jimena Aguilar
Publicado el 31 de Mayo de 2011
Menos de tres semanas después del golpe, los militares temían que los políticos que habían fraguado el golpe los dejaran solos. Por eso consideraban la posibilidad de apoyar un retorno condicionado de Zelaya, y confesaron a la embajada estadounidense su convicción de que "habían sido manipulados por todas las partes" para derrocar al presidente.Menos de tres semanas después del golpe de Estado en Honduras, el 17 de julio de 2009, la embajada de Estados Unidos mantenía reuniones con actores clave de la crisis política, en un intento por lograr un acuerdo que permitiera el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia, en el marco del pacto que promovía el presidente costarricense Óscar Arias. En ese esfuerzo, el embajador Hugo Llorens habló con el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada hondureña, general Romeo Vásquez Velásquez, quien le aseguró que estaba dispuesto a apoyar el regreso condicionado de Zelaya.
Bajo instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, según muestran cables firmados por Llorens, este mantenía reuniones con figuras hondureñas de la política, la sociedad civil y de negocios, con el fin de convencerlas de que respaldaran el plan de Arias. “Es de fundamental importancia que el régimen de facto de Micheletti entablara serias negociaciones en la próxima mediación liderada por el presidente Arias el 18 de julio en San José“, dice un cable fechado el 17 de julio.
En la información que Llorens enviaba al Departamento de Estado se refleja un Vásquez preocupado por convencer a Estados Unidos de que la actuación de los militares en el golpe había sido producto de una manipulación, pero también aparentemente mintiendo al asegurar que había una orden de captura contra Zelaya, puesto que tanto la Fiscalía como la Corte Suprema habían confesado a la embajada que esa orden nunca se giró. Vásquez había sido despedido por Zelaya cuatro días antes del golpe de Estado del 28 de junio por rehusarse a colaborar con el referendo que promovía el presidente.
En la reunión del día 17 de julio, el embajador le reiteró al ya restituido Vásquez que la posición del gobierno de Estados Unidos era que se restituyera el orden democrático y constitucional y que por lo tanto se reestableciera a Zelaya como el presidente legítimo de Honduras. Para la embajada la mejor opción para lograr esto era llegar a una solución negociada a través del Acuerdo de San José ya que este también tomaba en cuenta las preocupaciones de los opositores de Zelaya.
La reacción de Vásquez ante la posición de Estados Unidos fue defender su participación en el golpe, argumentando que los militares solo habían seguido órdenes de la Corte Suprema. Pero su posición cambió durante la conversación. “Al final, dijo él (Vásquez), que las Fuerzas Armadas de Honduras habían sido manipuladas por todas las partes“, se lee en el cable 217183, firmado por el embajador.
Luego, Vásquez llega a ponerse del lado del presidente derrocado y asegura que solo participó en el golpe por órdenes de la Corte Suprema. “Él (Vásquez) dijo que siempre había sido leal al presidente Zelaya, pero que la orden de la Corte Suprema era constitucional“, dice el texto del cable. En otro cable, Vásquez le aseguró al embajador que a pesar de las diferencias, consideraba a Manuel Zelaya como un amigo.
En la nota, donde se relata sobre la reunión con el jefe del Estado Mayor un día antes de las negociaciones en San José, el embajador menciona que Romeo Vásquez Velásquez, a menos de tres semanas del golpe, ya estaba dispuesto a apoyar el regreso de Zelaya bajo las condiciones sugeridas por Arias. “Vásquez expresó su voluntad de apoyar una resolución negociada y la restitución de Zelaya, pero destacó que las Fuerzas Armadas estaban preocupadas de que los políticos civiles los convirtieran en el chivo expiatorio del golpe y la crisis“, se lee en el cable.
En esta misma reunión Vásquez le aseguró al diplomático que llevaría el mensaje de aceptar el Acuerdo de San José a Micheletti y su equipo. Sin embargo, el militar se lamentó ante Llorens que estos eran testarudos y agresivos y que continuaban endureciendo sus posiciones.
Mientras directivos de las Fuerzas Armadas se reunían con la emabajada y se mostraban abiertos al regreso condicionado de Zelaya, Roberto Micheletti, presidente de facto, se negaba a considerar esa opción. Micheletti aseguró en varias ocasiones que si Zelaya regresaba a Honduras “había una orden de captura en contra de él".
No fue hasta tres meses después del golpe cuando Micheletti aceptó por primera vez en público la posibilidad de un retorno. A finales de octubre dijo que el Congreso decidiera si Zelaya era restituido o no. Al Congreso le tomó un mes llegar a la decisión de rechazar el regreso de Zelaya.
El temor que las Fuerzas Armadas tenían a ser utilizados como chivo expiatorio por parte de los civiles involucrados en el golpe también salió a relucir en otros cables y era el principal motivo que estos argumentaban para dar apoyo al posible regreso de Zelaya. Los líderes del Congreso aseguraron en diferentes momentos y en diferentes entrevistas que los militares se habían sobrepasado al exiliar al presidente, pues la orden de la Corte era solo de captura. Esas expresiones, el parecer, hacían temer al ejército que si el golpe se revertía, los políticos terminaran responsabilizando a los militares.
El mismo día de la reunión con Vásquez, el embajador Hugo Llores desayunó con el ex presidente hondureño Ricardo Maduro. En un cable titulado “Quién es quién en el golpe de Honduras“ Llorens lo califica como una persona de alta influencia y de un rol potencialmente muy útil para la embajada ya que es muy respetado dentro de Honduras y en la comunidad de negocios internacional.La mañana antes de la reunión en San José, el ex presidente hondureño le contó a Llorens que recientemente se había reunido con líderes militares. Estos le habían expresado que temían ser el chivo expiatorio de la crisis en el caso de que se llegara a un acuerdo político. Si esto sucedía, los militares dijeron estar dispuestos a apoyar a Zelaya.
“Líderes militares le dijeron a Maduro que estaban preparados para apoyar a Zelaya como su comandante en jefe, cualesquiera fueran sus órdenes, en el evento de que los militares fueran culpados por el golpe", se lee en un cable del 18 de julio de 2009 también firmado por Llorens.
En diferentes cables la embajada estadounidense menciona a los militares como un jugador clave en el escenario político después del derrocamiento, a pesar de que Llorens, en un cable donde hace un análisis de los sucecos del 28 de junio, califica de ilegal la actuación de los militares en el golpe. En esa misma nota, la embajada destaca que el asesor legal de las Fuerzas Armadas, Herberth Bayardo Inestroza, reconoció en unaentrevista de el 5 de julio para El Faro que los militares habían cometido un ilícito al remover a Zelaya.
Para la embajada estos reconocimientos públicos eran de gran valor porque los veía como un paso adelante en las negociaciones alrededor del acuerdo de San José y en el cable . Por ello, en un cable del 28 de julio el embajador resaltó como un gran paso adelante el que los militares hayan delcarado públicamente el 25 de julio su apoyo a un acuerdo negociado. En otro cable, Llorens destaca que Vásquez declaró públicamente su apoyo al acuerdo de San José.
Llorens creía que los militares, y especialmente Vásquez, estaban divididos en cuanto a cómo proceder en la crisis, sobre todo porque temían quedar como los villanos de la historia, como comenta en el cable 217183. Según el análisis de Llorens, Vásquez veía en Estados Unidos una guía para salir del problema y por ello confiaba en que llevaría el mensaje de la embajada a Micheletti.
Sobre todo, la embajada creía que debía mantener informados a los militares sobre el desarrollo de las negociaciones. “Cualquiera sea el trato que se haga, para que este sea exitoso, se tienen que mantener informados a los líderes militares“, comentó Llorens en el mismo cable.
Zelaya celebra la reincorporación de Honduras a la OEA
TEGUCIGALPA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya ha celebrado la reincorporación del país centroamericano a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue expulsado tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, al considerar que es el punto de partida de la transformación democrática.
El ex presidente de Honduras Manuel Zelaya ha celebrado la reincorporación del país centroamericano a la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que fue expulsado tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, al considerar que es el punto de partida de la transformación democrática.
En una entrevista concedida a la cadena TeleSur, Zelaya ha subrayado que la readmisión en el bloque regional es fruto de los esfuerzos coordinados del presidente hondureño, Porfirio Lobo, y de los de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, respectivamente, que han servido de mediadores en este proceso, así como de los suyos propios.
"Estamos de acuerdo con el principio que hoy alimenta los pueblos del mundo, que es buscar justicia, paz y reconciliación. El retorno de Honduras al concierto interamericano de naciones de la OEA es producto del esfuerzo colectivo para la reconciliación democrática", ha dicho.
El ex mandatario ha considerado que la normalización de las relaciones de Honduras con sus vecinos regionales y con la comunidad internacional es el primer paso para iniciar una transformación, como la que intentó impulsar cuando fue derrocado. "Somos conscientes de la responsabilidad en la construcción del proceso democrático", ha indicado.
En concreto, se ha referido al proyecto de Chávez en Venezuela como modelo de este cambio, subrayando la importancia de acabar con las políticas neoliberales causantes de la crisis económica a nivel mundial y de llevar a cabo una reforma constitucional, motivo que impulsó el alzamiento en su contra.
En relación a esta última cuestión ha señalado que Lobo ha impulsado una reforma de la Carta Magna similar a la que él quiso desarrollar, con la diferencia de que ha contado con el apoyo casi unánime del Parlamento, que durante el mandato de Zelaya era de mayoría opositora.
RESPETO AL 'NO' DE ECUADOR
No obstante, Zelaya ha expresado su respeto a la postura adoptada por Ecuador, único país que se ha opuesto a la readmisión de Honduras en la OEA, al considerar que el regreso del ex presidente no garantiza el cumplimiento íntegro del acuerdo suscrito con Lobo para la normalización de la vida política.
En este sentido, se ha mostrado comprensivo, ya que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue víctima el pasado 30 de septiembre de un intento de golpe de Estado en su contra, iniciado por un sector de la Policía, que llegó a retenerle en un hospital capitalino durante más de diez horas.
Lobo ve cumplida promesa de regreso a la OEA y aboga por la paz de Honduras
"Veo un paso muy importante de todos que le pongan fin a un aislamiento de un pueblo que no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha sucedido", enfatizó Lobo en un mensaje en cadena nacional de radio y televisión tras conocer la aprobación del retorno de su país a la OEA, con la única oposición de Ecuador.
El regreso de Honduras a la OEA y la reconciliación entre los hondureños después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, son algunas de las promesas de campaña de Lobo cuando buscaba la Presidencia, que ganó en las elecciones de noviembre de ese mismo año.
"Yo agradezco la voluntad expresada hoy por todos los países en la Organización de Estados Americanos, incluso agradezco a Ecuador su posición franca y no haber respaldado, ni haber dado su voto por el regreso de Honduras", subrayó el gobernante.
Honduras fue suspendida de la OEA el 4 de julio de 2009, tras la ruptura del orden constitucional del país centroamericano, que había retornado a la democracia en 1982 tras casi dos décadas de regímenes militares.
Lobo, quien siguió por televisión en la Casa Presidencial el desarrollo de la asamblea extraordinaria de la OEA reiteró que trabajará por la defensa de los derechos humanos y abogó porque el camino de su país sea "la paz, la reconciliación y el perdón".
"Gracias a todos los países de América por la resolución del día de hoy, de devolver a Honduras su derecho de ser parte del concierto de naciones de nuestra América", recalcó el gobernante en su mensaje.
En su opinión, la reconciliación y la unidad de los hondureños es necesaria para que su país supere los problemas de desempleo, inseguridad y falta de educación, entre otros, y se encamine al desarrollo.
En materia de política interna, reiteró que su compromiso con el pueblo hondureño termina el 27 de enero de 2014, cuando concluye su mandato de cuatro años, y se pronunció a favor del derecho que tienen los hondureños a ser consultados mediante las figuras del referéndum y el plebiscito.
"No vamos a promover ni vamos a imponer nada, será el pueblo que va a decidir. Y eso sí, vamos a apoyar que se respete el derecho del pueblo a ser consultado y a tomar decisiones", enfatizó.
Zelaya fue depuesto cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución, aún cuando tenía impedimentos legales, una iniciativa en la que ha insistido tras su regreso al país el sábado pasado tras casi año y medio de exilio.
Tras conocer la decisión de hoy de la OEA, Lobo anunció el nombramiento de Jorge Ramón Hernández como nuevo embajador de su país ante el organismo continental.
Hernández compaginará esta función en Washington con la de embajador de Honduras ante el gobierno de Estados Unidos.
Además, el canciller hondureño, Mario Canahuati, confirmó desde Washington que Brasil ha solicitado el beneplácito para su nuevo embajador en Tegucigalpa, y que lo mismo está haciendo Honduras con países con los que las relaciones diplomáticas estaban suspendidas desde junio de 2009.
Por su parte, el ex presidente Zelaya, en declaraciones a la cadena de televisión Telesur, dijo que el acuerdo logrado y el regreso de su país a la OEA es "una derrota de la derecha" y aseguró que la decisión de Ecuador de votar en contra es "totalmente coherente" con la situación en ese país.
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) expresó su satisfacción por el retorno de Honduras a la OEA, mientras que el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, el hondureño Francisco Lobo, calificó de "positiva" la resolución del organismo continental.
A Lobo, según sus propias palabras, ahora lo que le interesa es que los hondureños no miren atrás, sino hacia adelante, y pasar la página de los sucesos derivados del golpe de Estado a Zelaya, cuyo retorno al país el sábado pasado se produjo gracias a una mediación respaldada por Colombia y Venezuela. EFE gr/hma/rma
martes, 31 de mayo de 2011
Militares capturaron a Zelaya sin tener una orden judicial
José Luis Sanz
Publicado el 31 de Mayo de 2011
El fiscal de Honduras confesó a la embajada de Estados Unidos el mismo día del golpe de Estado que nunca emitió la orden de captura que en teoría movilizó a los militares contra Manuel Zelaya. En los cables también se hace patente que el golpe se fraguó en el Congreso hondureño y que el presidente de la Corte Suprema consideraba una ilegalidad la posible destitución.
Quienes perpetraron o aplaudieron el golpe de Estado de 2009 en Honduras usan aun hoy la expresión “sucesión constitucional” para maquillarlo. Aseguran que una supuesta cadena de acciones del poder judicial, el Congreso y el ejército hondureño garantizaron la legalidad del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya aquel domingo 28 de junio.
Sin embargo, las versiones recogidas por la embajada estadounidense en Tegucigalpa durante la semana previa y durante el mismo día del golpe derriban esa teoría. El Faro tiene en su poder, además de los cables diplomáticos sobre El Salvador, un lote de los cables diplomáticos originados en la embajada estadounidense en Tegucigalpa. En estos documentos, políticos, funcionarios de justicia y empresarios implicados en el golpe aparecen citados por el embajador Hugo Llorens contradiciendo en sus afirmaciones el relato oficial que días después defenderían, y confesando la ilegalidad de la acción militar y del entramado golpista en su conjunto. Hasta ahora, en Honduras solo los partidarios de Zelaya, considerados por ello izquierdistas, se han atrevido a denunciar en público durante los últimos dos años.
Destacan en ese sentido las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de justicia, Jorge Alberto Rivera Avilés, y del fiscal general, Luis Alberto Rubí, que por separado y en privado negaron a la embajada haber tramitado y emitido la orden de captura contra Zelaya “por traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones” a la que, en teoría, dieron cumplimiento los militares que allanaron la casa del mandatario la madrugada del golpe.
A finales de junio y comienzos de julio de 2009 circularon en internet, y fueron reproducidas por diversos medios internacionales, una supuesta solicitud de orden de captura contra Zelaya emitida por el Ministerio Público (la Fiscalía General), fechada a mano el 25 de junio, y supuestamente recibida en la Corte Suprema a las 4 p.m. de ese jueves; y una orden de captura emitida por la Corte Suprema al día siguiente. Sin embargo, tres días después un cable urgente enviado por la embajada el 28 de junio a las 14:58 horas con un resumen de las primeras horas del golpe afirma: “Tanto el Fiscal General (Rubí) como miembros individuales del Congreso con los que hemos hablado dicen que ellos solo han ordenado la confiscación del material electoral y no han pedido el arresto de Zelaya”.
Aunque el cable cita a Juan Orlando Gutiérrez (probablemente se refiere a Juan Orlando Hernández, entonces diputado del Partido Nacional y desde enero de 2010 presidente del Congreso), que afirmó que Zelaya podría ser arrestado por “delitos en flagrancia” hasta 24 horas después de haberlos cometido, la posibilidad de una detención en flagrancia no fue esgrimida en ningún momento por los golpistas, que en su afán de vestir de legalidad el nombramiento de Roberto Micheletti como presidente interino incluso presentaron una supuesta carta de renuncia de Zelaya, con fecha también del 25 y después denunciada como falsa por el mismo presidente derrocado.
Después de esa declaración en privado hecha a la embajada, el fiscal general tardaría todavía 48 horas en pronunciarse en público. El martes 30, en conferencia de prensa, avaló la legalidad de lo sucedido y aseguró que había girado una orden de captura internacional contra el depuesto presidente Zelaya.
Los cables revelan otras contradicciones. Una comunicación clasificada como secreta y enviada el lunes 29 de junio explica que al día siguiente al golpe prácticamente todos los contactos de la embajada “incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Rivera Avilés, y miembros del Congreso, tanto de la oposición como del propio partido del presidente, el Partido Liberal” insistían ya en asegurar que las acciones contra Zelaya “fueron hechas legalmente”.
Sin embargo, Llorens cita conversaciones con tres empresarios, Antonio Travel, Emilio Larache y Emin Barjum, que aceptaban que el golpe “fue ilegal”, aunque argumentaron que no había más remedio que “aceptar el régimen actual (en referencia al gobierno de facto de Micheletti) y esperar hasta la elección de noviembre para la restauración de un gobierno constitucional”. En igual sentido se expresan en el mismo cable el ex presidente de Honduras Ricardo Maduro y el alcalde de Tegucigalpa, Ricardo Álvarez, ambos miembros del Partido Nacional. Ante ellos, el embajador estadounidense condena el golpe y Maduro y Álvarez expresan “sorprendentemente”, en palabras de la embajada, que el golpe tuvo lugar “pese a su total desacuerdo con el mismo”. Ambos ya defendían en ese momento las elecciones del 29 de noviembre como “vía de regreso a un gobierno constitucional”. Su correligionario, el ahora presidente Porfirio Lobo, era el favorito para ganarlas.
En un tercer cable firmado por Llorens el 2 de julio, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Alberto Rivera Avilés, contradice además lo que tres días antes dijo él mismo: “Aunque se afirma que la Corte Suprema emitió una orden de detención contra Zelaya, el presidente de la Corte Suprema nos ha dicho que eso no es cierto”, afirma el embajador. “La única orden de la que tenemos conocimiento es una emitida el 25 de junio o a primeras horas del 26 por una corte de menor rango, ordenando el secuestro del material electoral (para la consulta de la cuarta urna que impulsaba Zelaya).”
Rivera Avilés ya se había reunido con el embajador el jueves 25, horas antes del primer intento de golpe de Estado finalmente abortado en el Congreso. En aquella reunión, según se recoge en otro cable confidencial de la embajada de Estados Unidos en Honduras fechado el 26, el presidente de la Corte Suprema dijo que estaba “extremadamente preocupado” ante la acción que el Congreso tenía planeada esa noche contra Zelaya. “Rivera dijo que los líderes del Congreso se habían acercado a él para hablar de sus planes para destituir al presidente, y que él les había aconsejado no hacer algo como eso, que él consideraba ilegal”.
“El Congreso no tiene el poder de impugnar al presidente desde que se derogó esa ley en 2005”, señaló ese día Rivera Avilés: “Actualmente la única forma de destituir a un presidente en el cargo es que el Ministerio Público y la Corte Suprema en persona lleven adelante un caso criminal contra él”. Si atendemos a lo que los mismos protagonistas del golpe declararon a la embajada, eso nunca sucedió.
Un mes después del golpe, el 24 de julio, en un cable confidencial titulado “Un caso obvio: el golpe en Honduras”, la embajada estadounidense hace un completo análisis del sustento legal de cada uno de los argumentos golpistas. La supuesta renuncia, la supuesta orden de captura, el cese automático de Zelaya en el cargo por su presunto deseo de reelegirse, la supuesta destitución a manos del Congreso… caen una tras otra bajo el peso de la lógica jurídica y la evidencia de los hechos.
En concreto, sobre la posibilidad de que la Fiscalía y la Corte ordenaran la captura de Zelaya por supuestas violaciones a la Constitución, el análisis de la embajada sentencia: “Nunca hubo una exposición pública y formal de la evidencia en su contra, ni nada parecido a un debido proceso”. La supuesta orden de detención, “hecha pública días después (del golpe), en todo caso hubiera permitido su arresto y entrega a las autoridades competentes, pero nunca su expulsión del país”, argumenta el cable. Y sigue argumentando que, incluso si la Corte hubiera ordenado la expulsión de Zelaya del país, esta hubiera sido inconstitucional en virtud al artículo 81 de la Carta Magna hondureña, que prohíbe la expatriación de nacionales.
El documento hace, de hecho, referencia a la entrevista que El Faro sostuvo con el principal asesor jurídico de la Fuerza Armada Hondureña, coronel Herbert Inestroza, publicada el 4 de julio de 2009. En ella, el oficial admitió que el ejército había infringido la ley y pasado por encima de las autoridades civiles al sacar a Zelaya del país, aunque defendió la necesidad de hacerlo. Inestroza reconocía lo evidente; según el cable, varios jueces de la Corte Suprema admitieron en privado -nunca en público- ante oficiales de la embajada norteamericana que “tanto el arresto como la deportación del presidente Zelaya por parte de los militares fueron ilegales”.
Más de un millón de ciudadanos recibieron al ex presidente Zelaya
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Más de un millón de hondureños provenientes de toda la geografía nacional participaron en el retorno del ex presidente Manuel Zelaya, según ingenieros civiles a quienes EL LIBERTADOR pidió un cálculo de cuántas personas ocuparon la superficie donde se diseminó la movilización el anterior sábado 28 de mayo.La redacción subjetiva de la prensa tradicional, acomodando los hechos en contra del interés nacional y a favor del sector golpista, no se han puesto de acuerdo para mentir, unos medios afirman con exactitud, pero sin ningún respaldo técnico que llegaron 40,000 personas a recibir al ex mandatario Zelaya.
Otras empresas de desinformación actúan igual que si contarán votos en un enjuague electoral e intentaran quitar la posibilidad a un diputado que no conforma la argolla partidista, sin empacho alguno sostienen que el sábado pasado se reunieron de 5,000 a 9,000 hondureños en la “Plaza Isis Obed” (lugar a inmediaciones del aeropuerto de la capital bautizado así por “La Resistencia” en memoria del primer mártir de la dictadura asesinado por la Policía y el Ejercito durante una protesta social el 5 de julio de 2009, siete días posteriores al golpe de Estado).
El ingreso de excursiones de todo el país hacia Tegucigalpa inició desde el viernes 27 de Mayo, donde la fiesta popular comenzó desde el
jueves por la tarde con caravanas de automóviles y motocicletas; en la antesala del sábado la lluvia torrencial que cayó sobre la capital no opacó el ánimo del pueblo que en los 18 departamentos de Honduras cantaba y bailaba el regreso de Zelaya.
Las imágenes que publicamos para los hondureños y el mundo revelan la afluencia de hondureños que reclama igualdad social y oportunidades ante la riqueza; el pueblo exige una Asamblea Nacional Constituyente porque el golpe de Estado quebró el sistema político y corresponde una nueva Constitución que represente y defienda de manera real el progreso y el poder soberano de la nación hondureña.
Los hondureños han reaccionados indignados hoy a través de Radio Globo y Canal 36 porque la prensa tradicional que apoyó el golpe de Estado y la represión y asesinato del pueblo hondureño ha minimizado y ha descrito de manera despectiva a la ciudadanía que el sábado anterior se desplazó al aeropuerto internacional de Toncontín para celebrar el retorno del ex presidente Zelaya.
Militar golpista Venancio Cervantes amenaza al padre Andrés Tamayo: “Si no se va del país en ocho días, lo expulsamos”
Redacción Central / EL LIBERTADOR
El también ex sub jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, expresó a periodistas que “sólo tiene ocho días para permanecer en el país”, ya que el sacerdote “fue expulsado en el gobierno de Roberto Micheletti”.
Además, indicó que “cuando fue deportado se le canceló la ciudadanía… y entonces tendrá que volver a abrir el caso” y dejó entrever que el clérigo tendrá que pedir perdón si quiere que se le permita permanecer en el país.
Tamayo fue “expulsado” de Honduras a mediados de octubre de 2009, sólo porque llamó a Micheletti “dictador”; días después abandonó la embajada de Brasil en donde acompañó al ex Presidente Manuel Zelaya Rosales tras el golpe de Estado del 28 de junio de ese año.
Cervantes formó parte de la Junta de Comandantes que encabezó el asalto al poder cuando expulsaron a “Mel” a Costa Rica.
El general retirado fue enjuiciado por el juez natural designado por el Poder Judicial, Jorge Alberto Rivera Avilés, siendo absuelto junto a su ex jefe, Romeo Vásquez Velásquez y el resto de comandantes del brazo armado; pero fueron absueltos por el delito de expatriación contra Zelaya, pero no fueron juzgados por delitos de lesa humanidad contra el pueblo hondureño.
Analistas en temas militares consultados por EL LIBERTADOR digital hace unos meses, informaron que “es preocupante que las instituciones estratégicas del Estado estén en manos de militares” ya que a juicio de éstos, la intención es vigilar los pasos que miembros de la oposición aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) realizan y así “neutralizarlos”.
En ese sentido, cabe destacar que todas las secretarías de Estado y las instituciones descentralizadas y desconcentradas son jefeadas por militares en recompensa por haber sacado del poder a Manuel Zelaya Rosales hace dos años atrás.
Miguel Facussé presenta querella contra obispo Luis Alfonso Santos
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Por intermedio de su apoderado legal, Antonio Ocampo Santos, el terrateniente Miguel Facussé interpuso una querella contra el obispo de la Diócesis de Copán, Luis Alfonso Santos, en los tribunales de justicia.
Santos aseveró que Facussé (tío del ex presidente Carlos Flores Facussé), es responsable del asesinato de 14 campesinos en el Bajo Aguán, en el departamento de Colón, al norte del país.
Por esa razón, el empresario de la palma africana, conocido como el “Tío Mike”, acusó al prelado del supuesto delito de difamación constitutivo de calumnia. De acuerdo con Ocampo Santos, el obispo “debe presentar las pruebas de que mi defendido está detrás del asesinato de 14 campesinos”.
Ocampo Santos sostuvo que el obispo cometió delito racial al llamar “árabe” a Facussé Barjum. Ocampo también fue abogado defensor del ex presidente Rafael Leonardo Callejas.
Segunda bala pone en duda suicidio de Allende
SANTIAGO DE CHILE, 31 (ANSA) - El ex presidente Salvador Allende recibió un impacto de bala previo al de su propio fusil, afirmó un experto uruguayo, aumentando las dudas sobre su suicidio el 11 de septiembre de 1973, cuando el palacio de La Moneda era bombardeado por la aviación en el marco del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet.
Un segundo orificio de bala en el cráneo de Allende habría sido provocado con un arma de menor calibre que el fusil AK 47 de su propiedad, concluyó el médico uruguayo Hugo Rodríguez, creador del método de la "autopsia histórica" moderna.
"Hay dos patrones de lesiones diferentes. Uno que le deja una bala con efecto explosivo de un arma de guerra, y otro que deja una bala de un proyectil de menor velocidad... es perfectamente planteable que fue otro disparo, y si fue otro disparo, además fue antes", dijo Rodríguez, del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de la República.
En declaraciones a la red estatal de televisión, el médico -que revisó los antecedentes de la autopsia efectuada a Allende en 1973-, cree que el ex mandatario recibió una bala pequeña y luego otra de guerra. Rodríguez considera "clave" analizar el fragmento óseo descrito en los exámenes con restos de un orificio de salida de bala. JMG
© Copyright ANSA.
Un segundo orificio de bala en el cráneo de Allende habría sido provocado con un arma de menor calibre que el fusil AK 47 de su propiedad, concluyó el médico uruguayo Hugo Rodríguez, creador del método de la "autopsia histórica" moderna.
"Hay dos patrones de lesiones diferentes. Uno que le deja una bala con efecto explosivo de un arma de guerra, y otro que deja una bala de un proyectil de menor velocidad... es perfectamente planteable que fue otro disparo, y si fue otro disparo, además fue antes", dijo Rodríguez, del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de la República.
En declaraciones a la red estatal de televisión, el médico -que revisó los antecedentes de la autopsia efectuada a Allende en 1973-, cree que el ex mandatario recibió una bala pequeña y luego otra de guerra. Rodríguez considera "clave" analizar el fragmento óseo descrito en los exámenes con restos de un orificio de salida de bala. JMG
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HONDURAS: VIAJA DELEGACION PARA ASAMBLEA DE LA OEA
TEGUCIGALPA, 30 (ANSA) - Una delegación hondureña viajó hoy a Washington para participar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizará el miércoles, para la readmisión de Honduras a ese organismo, del que fue expulsado por el golpe de estado de junio de 2009.
La delegación la integran la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, María Antonia Guillén; el canciller, Mario Canahuati, y el ministro de Planificación, Arturo Corrales.
"Nosotros vamos con la expectativa de que exista un consenso para el regreso de Honduras a la OEA", dijo Guillén, quien afirmó que Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay y Colombia manifestaron "su total disposición".
Guillén citó una frase del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre que "Honduras merece entrar por la puerta grande a la OEA, y es lo que esperamos que suceda".
Corrales dijo que el gobierno hondureño lamenta la posición de Ecuador, que se opone a la reincorporación de Honduras mientras no se castigue a los responsables del golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
Honduras fue expulsada de la OEA el 4 de julio de 2009 a causa del golpe y su reinserción será reconsiderada luego del retorno del ex presidente Zelaya a Honduras, el sábado, en cumplimiento de un acuerdo alcanzado con mediación de Colombia y Venezuelaa.
JMG
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La delegación la integran la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, María Antonia Guillén; el canciller, Mario Canahuati, y el ministro de Planificación, Arturo Corrales.
"Nosotros vamos con la expectativa de que exista un consenso para el regreso de Honduras a la OEA", dijo Guillén, quien afirmó que Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay y Colombia manifestaron "su total disposición".
Guillén citó una frase del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre que "Honduras merece entrar por la puerta grande a la OEA, y es lo que esperamos que suceda".
Corrales dijo que el gobierno hondureño lamenta la posición de Ecuador, que se opone a la reincorporación de Honduras mientras no se castigue a los responsables del golpe que derrocó al presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009.
Honduras fue expulsada de la OEA el 4 de julio de 2009 a causa del golpe y su reinserción será reconsiderada luego del retorno del ex presidente Zelaya a Honduras, el sábado, en cumplimiento de un acuerdo alcanzado con mediación de Colombia y Venezuelaa.
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