Organismos humanitarios de El Salvador celebraron este lunes la decisión del juez español Eloy Velasco de ordenar la detención internacional de 20 militares salvadoreños por su presunta implicación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989.
"La resolución del juez de ordenar la detención internacional de estos militares es importante, la celebramos, nosotros la aplaudimos, la apoyamos y nos mostramos parte de esa resolución que nos da aliento para seguir luchando contra la impunidad", declaró el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (CDHES), Miguel Montenegro, a la AFP.
Tras dos años de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco hizo público este lunes un auto de procesamiento, que es el paso previo a la apertura del juicio en España.
Entre los militares sobre los que pesa orden de detención figuran el ex ministro de la Defensa general Humberto Larios y el también ex ministro René Emilio Ponce, quien falleció el 2 de mayo a los 64 años.
Para el subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Abraham Abrego, la resolución del juez Velasco, que se da bajo el principio de la "justicia universal", es un hecho "positivo".
"Aunque tarde, la justicia siempre llega. Que un tribunal internacional sea el que procese o investigue casos nacionales lo vemos positivo porque realmente fue una deficiencia del sistema judicial salvadoreña no haber investigado apropiadamente el asesinato de los jesuitas y las dos empleadas", declaró Abrego a la AFP.
Al comentar el reciente deceso del general Ponce, Abrego estimó que "la justicia no llega a todos en vida, les llega por otras vías como la divina, lo importante es que (en el caso jesuitas) ha llegado y están vivos muchos militares que tienen responsabilidad".
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, aprovechándose de una ofensiva guerrillera sobre la capital salvadoreña, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl asesinaron en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) al sacerdote hispano-salvadoreño Ignacio Ellacuría, quien se desempeñaba como rector de esa casa de estudios.
También fueron asesinados los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Martín Baro (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
Los sacerdotes defensores de la teología de la liberación fueron duros críticos de la injusticia y la represión militar, por lo que alentaban una salida negociada al conflicto por la vía del diálogo.
En 1991 fueron juzgados nueve militares por el crimen múltiple, entre ellos el director de la Escuela Militar de San Salvador, coronel Guillermo Alfredo Benavides, que fue culpado de todos los crímenes, pero en 1993 quedó libre con la ley de amnistía.
Todos los esfuerzos de los organismos humanitarios por reabrir el caso en El Salvador, como ha ordenado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han chocado con la Ley de amnistía.
El rector de la UCA, Andreu Oliva, fijará el martes la posición del alma mater sobre la orden de captura internacional contra los uniformados, en su mayoría ya retirados del ejército.
Sitio donde seis sacerdotes jesuitas fueron asesinados por militares salvadoreños en 1989, en la Universidad Centroamericana en San Salvador, en una foto tomada el 30 de mayo de 2011.
No hay comentarios:
Publicar un comentario