jueves, 31 de mayo de 2012

Matan población civil como si estuvieran en Irak, Afganistán o Libia

www.defensoresenlinea.com – Aún cuando no hemos leído la reacción oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre las trágicas actuaciones militares de la Agencia Antidrogas en perjuicio de la población civil del municipio de Ahuás, en La Mosquitia, podemos sacar tres conclusiones preliminares.

La primera es que el operativo nocturno lanzado contra supuestos blancos narcotraficantes la madrugada del viernes anterior fue protagonizado por militares estadounidenses uniformados como agentes de la DEA.
El alcalde Baquedano, de Ahuas, así lo confirmó y el comisionado Ramírez del Cid, antiguo enlace entre Casamata y la legación gringa, lo admitió.
La segunda conclusión es, entonces, que un ejército extranjero amparado en el nuevo concepto hegemónico de “guerra contra el narcotráfico”, legalizado en reformas al Tratado Militar de 1954, viola la soberanía territorial y mata población civil como si estuviera en Irak, Afganistán, Libia o Siria.
Dos mujeres embarazadas, dos niños y dos hombres adultos murieron por los disparos hechos desde helicópteros artillados pilotados por militares estadounidenses sobre una embarcación que regresaba desde la barra del río Patuca a su comunidad. Eran trabajadores de la industria artesanal del buceo.
Y la tercera conclusión, derivada de la anterior, es que el “estado fracasado” de Honduras le dio paso ya a la ocupación militar extranjera en el guión de la llamada “guerra contra los carteles de la doga”, similar a lo ocurrido en los últimos ocho años en México, Colombia y Guatemala.
Y esta realidad desde la perspectiva de una organización de derechos humanos es inadmisible, y reprochable.
En un país ocupado militarmente, como ocurrió entre 1979 y 1990, en el marco de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad a las insurgencias armadas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, las principales víctimas fueron las poblaciones.
Las llamadas autoridades hondureñas están en el deber ético y político de exigir al Departamento de Estado de Estados Unidos una explicación, luego una disculpa pública y sanción a los responsables de la masacre de Ahuás.
Mantener un hecho de terror amparado en la confusión mediática fue siempre una estrategia de la guerra psicológica, capítulo especial del terrorismo estatal.
No debemos admitirlo. Exijamos un pronunciamiento oficial de inmediato!
Honduras: pobladores de La Mosquitia reclaman salida inmediata de DEA

PL) Pobladores de La Mosquitia hondureña exigen hoy la salida inmediata de los agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) de la zona, donde causaron la muerte de cuatro personas durante un operativo junto a policías locales.

El hecho, ocurrido el 11 de mayo, reforzó el rechazo de los lugareños a las fuerzas norteamericanas que actúan en el territorio bajo el supuesto de la lucha contra el narcotráfico y son acusadas de perpetrar estas y otras violaciones de los derechos humanos, según el diario El Heraldo.
Este jueves los habitantes de La Mosquitia, poblada en su mayor parte por indígenas, quemaron varias oficinas gubernamentales del área en protesta por el ataque a la canoa que atravesaba el río Patuca.
En un comunicado, los manifestantes reclamaron que los agentes de la DEA salgan de una vez del territorio, para acabar con el fuego cruzado bajo el cual están esas comunidades hace años por los choques entre narcotraficantes y agentes del estado, con apoyo de la fuerza extranjera.
Los líderes de las comunidades indígenas masta, diunat, rayaka, batiasta y bamiasta, afirmaron que quienes iban en la canoa eran pescadores, no narcotraficantes.
Por siglos hemos sido un pueblo pacífico que vive en armonía con la naturaleza, pero hoy declaramos no grata la presencia en nuestro territorio de esos norteamericanos, agregó el texto.
Respecto a lo acontecido el 11 de mayo, el alcalde del poblado costero de Ahuás, Lucio Vaquedano, confirmó que los pobladores inocentes y ajenos al problema de las drogas se transportaban en una lancha en sus actividades cotidianas de pesca y los ametrallaron desde el aire.
Cuatro perecieron, entre ellos dos embarazadas, y otros cuatro terminaron hospitalizados en la ciudad de La Ceiba por las lesiones recibidas debido a los disparos de ametralladoras esgrimidas por los uniformados desde un helicóptero, de acuerdo con la autoridad.
La DEA reconoció que sus agentes trabajaban con la Policía hondureña a bordo de la nave. “Estábamos allí en un papel de apoyo, trabajando con nuestros homólogos”, expresó Dawn Dearden, portavoz de la agencia en Washington.
El jefe nacional de la Policía de Honduras, comisionado Ricardo Ramírez, admitió también que el operativo se realizó con el respaldo de la DEA, pero alegó que los ocupantes del bote transportaban drogas y que le dispararon al helicóptero.
Comunidades y organizaciones civiles condenaron tales pronunciamientos porque tratan de ocultar la verdad acerca de la actuación de la DEA, con oficinas en este país centroamericano y respaldadas por tres bases de operaciones forward o de avanzada construidas en este año en Honduras con fondos del Departamento de Estado.

lunes, 28 de mayo de 2012


TEGUCIGALPA.- Un reparo por más de un millón de lempiras le formularon al expresidente de facto Roberto Micheletti por haber otorgado irregularmente atractivas bonificaciones a funcionarios, empleados y consultores del Ministerio de la Presidencia rectoradas por Rafael Pineda Ponce.
Lo anterior se desprende de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) elaborado del 1 de diciembre de 2009 al 31 de enero de 2010. El documento señala que la investigación se realizó a raíz de una denuncia de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción, en la cual se hace referencia al pago de una bonificación especial a funcionarios, empleados y consultores del Ministerio de la Presidencia.

El exgobernante de facto otorgó irregularmente bonificaciones a funcionarios, empleados y consultores, por un millón 196,781 lempiras, según el Tribunal Superior de Cuentas



Indica que el 18 de noviembre de 2009 Pineda Ponce, mediante decreto, autorizó la referida bonificación incluyendo cargos de confianza, consultorías, servicios técnicos o especializados, secretarias o servicio afines, así como conserjes, aseadoras, conductores de vehículos y vigilantes.

OBSTRUCCIÓN
“En el curso de nuestra investigación se encontraron algunas situaciones que incidieron negativamente en la ejecución y en el alcance de nuestro trabajo y que no permitieron efectuar un análisis más profundo de las operaciones realizadas por la Secretaría del Despacho Presidencial”, destaca el informe.

Indica que no fueron encontrados algunos expedientes del personal en archivo de la subgerencia de recursos humanos y agrega que en otros expedientes de personal no se encontró archivado el contrato de prestación de servicios profesionales o de consultoría.

La investigación señala que al revisar los expedientes de personal beneficiado no existe evidencia que demuestre su evaluación de méritos para merecer esta bonificación. “Al verificar los contratos se determinó que son de carácter temporal y la cláusula que se refiere al monto, establece que el contratista devengará una remuneración mensual por los servicios prestados, pero no estipula otros beneficios”, destaca.

PINEDA PONCE
Según el informe, la bonificación otorgada por Pineda Ponce fue improcedente porque los contratos suscritos no establecen otro tipo de beneficios más que la remuneración mensual. Manifiesta que esta decisión ocasionó un pago indebido de 415, 500 lempiras. El documento indica que el acuerdo ejecutivo autorizó el pago ilegal de una bonificación especial a varios consultores en virtud de que estos no se consideran empleados de una institución.

Concluye que también en este caso se incurrió en un pago indebido de 781, 281 lempiras. En una nota, Pineda Ponce informa al TSC que la decisión de entregar bonos se concretó en virtud de haber considerado el esfuerzo, la lealtad y responsabilidad de los funcionarios y empleados beneficiados.

“A las consideraciones iniciales debo agregar que además se utilizaron para dar bonificación, criterio como ser empleados excluidos del sistema, tiempo de servicio, responsabilidad, sin derecho a prestaciones y otros que señalará la gerencia de Recursos Humanos”, expresa.

Es de hacer notar que esta auditoría no incluye los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009 periodo en el que fungió Micheletti como jefe de Estado de facto sino que solo investigaron diciembre de ese año y enero del 2010.

RECOMENDACIONES
El TSC recomienda abstenerse de emitir decretos que aprueben el pago de bonificaciones o beneficios no establecidos en las cláusulas de los contratos suscritos con el personal contratado bajo las modalidades de servicios profesionales y de consultoría, asimismo, asegurarse de que los pagos efectuados estén enmarcados dentro de las normas generales de la ejecución presupuestaria vigente.