Matan
población civil como si estuvieran en Irak, Afganistán o Libia
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– Aún cuando no hemos leído la reacción oficial de la Embajada de Estados Unidos
sobre las trágicas actuaciones militares de la Agencia Antidrogas en perjuicio
de la población civil del municipio de Ahuás, en La Mosquitia, podemos sacar
tres conclusiones preliminares.
La
primera es que el operativo nocturno lanzado contra supuestos blancos
narcotraficantes la madrugada del viernes anterior fue protagonizado por
militares estadounidenses uniformados como agentes de la DEA.
El
alcalde Baquedano, de Ahuas, así lo confirmó y el comisionado Ramírez del Cid,
antiguo enlace entre Casamata y la legación gringa, lo admitió.
La
segunda conclusión es, entonces, que un ejército extranjero amparado en el nuevo
concepto hegemónico de “guerra contra el narcotráfico”, legalizado en reformas
al Tratado Militar de 1954, viola la soberanía territorial y mata población
civil como si estuviera en Irak, Afganistán, Libia o Siria.
Dos
mujeres embarazadas, dos niños y dos hombres adultos murieron por los disparos
hechos desde helicópteros artillados pilotados por militares estadounidenses
sobre una embarcación que regresaba desde la barra del río Patuca a su
comunidad. Eran trabajadores de la industria artesanal del buceo.
Y
la tercera conclusión, derivada de la anterior, es que el “estado fracasado” de
Honduras le dio paso ya a la ocupación militar extranjera en el guión de la
llamada “guerra contra los carteles de la doga”, similar a lo ocurrido en los
últimos ocho años en México, Colombia y Guatemala.
Y
esta realidad desde la perspectiva de una organización de derechos humanos es
inadmisible, y reprochable.
En
un país ocupado militarmente, como ocurrió entre 1979 y 1990, en el marco de la
estrategia de Guerra de Baja Intensidad a las insurgencias armadas de
Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, las principales víctimas fueron
las poblaciones.
Las
llamadas autoridades hondureñas están en el deber ético y político de exigir al
Departamento de Estado de Estados Unidos una explicación, luego una disculpa
pública y sanción a los responsables de la masacre de Ahuás.
Mantener
un hecho de terror amparado en la confusión mediática fue siempre una estrategia
de la guerra psicológica, capítulo especial del terrorismo estatal.
No
debemos admitirlo. Exijamos un pronunciamiento oficial de inmediato!
Excelente el blog y esta entrada en particular es la mejor.
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