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sábado, 1 de mayo de 2010
Miles marchan en Tegucigalpa y San Pedro Sula
Tegucigalpa - Miles de trabajadores organizados en sindicatos y ahora aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) participaron esta mañana en una caminata en conmemoración del Día Internacional del Trabajador exigiendo, principalmente, cambios en la organización política del Estado.
“Constituyente, Constituyente” gritaron los trabajadores aludiendo a la necesidad que, según ellos, existe de realizar una asamblea nacional que se encargue de crear una nueva Constitución de la República.
La caminata salió de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en un recorrido no tradicional que en lugar de ir al centro de la ciudad avanzó hacia los alrededores del aeropuerto internacional Toncontín, donde los líderes sindicales pronunciaron sus discursos.
Si bien durante la marcha se escucharon reclamos por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, la principal demanda giró sobre la creación de un pacto social que anule la actual constitución.
Además exigieron el retorno al país bajo lo que ellos llaman “condiciones dignas”, del ex presidente José Manuel Zelaya, que vive en exilio obligado en República Dominicana, y de quien cargaron fotografías, afiches y pancartas.
¡Las calles son nuestras! Cuba desfiló este Primero de Mayo
A partir de las ocho de la mañana tendrá lugar el desfile central en la Plaza de la Revolución José Martí de la capital y, simultáneamente, en las cabeceras provinciales y municipales miles de trabajadores junto a la familia ratificarán su respaldo a la Revolución Cubana en este Primero de Mayo.
Usted podrá seguir en vivo por Internet los detalles de esta histórica marcha. Cubadebate hará una cobertura especial desde nuestra web y en sus páginas en las redes sociales de Internet, particularmente por Twitter y Facebook. Además, estará publicando fotos, videos y narrando los detalles de la marcha gracias a nuestra red de colaboradores.
Lista toda Cuba para un Primero de Mayo histórico
Cuba se encuentra lista para un Primero de Mayo histórico, no solo porque se espera una masiva concurrencia a los desfiles por plazas y calles, sino por las motivaciones que mueven al pueblo a reafirmar su respaldo a la Revolución.
La Mesa Redonda informativa de la televisión cubana mostró hoy cuánto entusiasmo hay en todo el archipiélago, donde sus trabajadores, estudiantes, pioneros, combatientes, amas de casa y campesinos se alistan para una combativa jornada contra las campañas mediáticas del imperialismo.
Salvador Valdés, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, señaló que como convocó el Presidente Raúl Castro, tales concentraciones masivas, deben ser la más enérgica y contundente respuesta a esta nueva escalada internacional contra la Isla, y de apoyo a las medidas o transformaciones económicas internas.
Recordó que aunque en la Plaza de la Revolución José Martí, en la capital, a partir de las ocho de la mañana tendrá lugar el desfile central por el Primero de Mayo, simultáneamente en las cabeceras provinciales y municipales millones de compatriotas estaremos dando al mundo una señal de unidad en torno a Fidel y a Raúl .
Representantes de varios sectores subrayaron que los resultados de las elecciones de delegados del Poder Popular, en cuya primera vuelta más de ocho millones de cubanos ejercieron el voto, motivan celebrar la efemérides por todo lo alto, junto al cumplimiento de los planes de producción y los servicios.
Por supuesto que también en las plazas, avenidas o calles donde hayan marchas o actos no faltarán el reclamo por el regreso de los Cinco cubanos prisioneros en cárceles norteamericanas por combatir el terrorismo, y por el cese del bloqueo de Estados Unidos contra la Isla.
Una vez más en estas justas demandas, junto al pueblo estará la solidaridad llegada desde todos los continentes, por medio de más de mil 300 dirigentes sindicales de 56 países y de representantes de 18 brigadas y grupos solidarios, presentes en la Plaza de la Revolución José Martí.
Raimundo Navarro, miembro del Secretariado Nacional de la CTC que atiende las Relaciones Internacionales, acotó que decenas de mensajes de organizaciones y líderes obreros se han recibido en las últimas horas desde diversas regiones, para expresar el apoyo a la Revolución Cubana en este Primero de Mayo.
En la mesa redonda informativa se puntualizó que particularmente en la capital las nuevas generaciones encabezarán y cerrarán el desfile, y se han adoptado todas las medidas de aseguramiento para que sea un Día Internacional de los Trabajadores histórico, masivo, combativo, organizado, lleno de entusiasmo y de colorido. (Con información de la AIN)
Usted podrá seguir en vivo por Internet los detalles de esta histórica marcha. Cubadebate hará una cobertura especial desde nuestra web y en sus páginas en las redes sociales de Internet, particularmente por Twitter y Facebook. Además, estará publicando fotos, videos y narrando los detalles de la marcha gracias a nuestra red de colaboradores.
Lista toda Cuba para un Primero de Mayo histórico
Cuba se encuentra lista para un Primero de Mayo histórico, no solo porque se espera una masiva concurrencia a los desfiles por plazas y calles, sino por las motivaciones que mueven al pueblo a reafirmar su respaldo a la Revolución.
La Mesa Redonda informativa de la televisión cubana mostró hoy cuánto entusiasmo hay en todo el archipiélago, donde sus trabajadores, estudiantes, pioneros, combatientes, amas de casa y campesinos se alistan para una combativa jornada contra las campañas mediáticas del imperialismo.
Salvador Valdés, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, señaló que como convocó el Presidente Raúl Castro, tales concentraciones masivas, deben ser la más enérgica y contundente respuesta a esta nueva escalada internacional contra la Isla, y de apoyo a las medidas o transformaciones económicas internas.
Recordó que aunque en la Plaza de la Revolución José Martí, en la capital, a partir de las ocho de la mañana tendrá lugar el desfile central por el Primero de Mayo, simultáneamente en las cabeceras provinciales y municipales millones de compatriotas estaremos dando al mundo una señal de unidad en torno a Fidel y a Raúl .
Representantes de varios sectores subrayaron que los resultados de las elecciones de delegados del Poder Popular, en cuya primera vuelta más de ocho millones de cubanos ejercieron el voto, motivan celebrar la efemérides por todo lo alto, junto al cumplimiento de los planes de producción y los servicios.
Por supuesto que también en las plazas, avenidas o calles donde hayan marchas o actos no faltarán el reclamo por el regreso de los Cinco cubanos prisioneros en cárceles norteamericanas por combatir el terrorismo, y por el cese del bloqueo de Estados Unidos contra la Isla.
Una vez más en estas justas demandas, junto al pueblo estará la solidaridad llegada desde todos los continentes, por medio de más de mil 300 dirigentes sindicales de 56 países y de representantes de 18 brigadas y grupos solidarios, presentes en la Plaza de la Revolución José Martí.
Raimundo Navarro, miembro del Secretariado Nacional de la CTC que atiende las Relaciones Internacionales, acotó que decenas de mensajes de organizaciones y líderes obreros se han recibido en las últimas horas desde diversas regiones, para expresar el apoyo a la Revolución Cubana en este Primero de Mayo.
En la mesa redonda informativa se puntualizó que particularmente en la capital las nuevas generaciones encabezarán y cerrarán el desfile, y se han adoptado todas las medidas de aseguramiento para que sea un Día Internacional de los Trabajadores histórico, masivo, combativo, organizado, lleno de entusiasmo y de colorido. (Con información de la AIN)
Lecciones del golpe de Estado en Honduras
Roberto Regalado
Ocean Sur
Con la ayuda, entre otros, del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quedó acuñada la sentencia: «no solo vivimos una época de cambio, sino también un cambio de época». Esto es cierto pero, ¿en qué consiste ese cambio? No se trata de que arrancáramos la última hoja de un calendario del año que termina, y colgáramos en la pared uno nuevo del año que comienza. Tampoco consiste, como afirman algunos –y como late en el subconsciente de otros–, en que el derrumbe de la Unión Soviética y el subsiguiente fin de la guerra fría hayan persuadido al imperialismo norteamericano a disminuir su dominación y su injerencia en los asuntos internos de las naciones de América Latina y el Caribe, y que esto último repercutiese en la elección, por primera vez en la historia, de una ya larga cadena de gobiernos progresistas y de izquierda.
En efecto, el fin de la llamada bipolaridad mundial de posguerra fue el catalizador del cambio de época, pero, en rigor, en América Latina y el Caribe ese cambio es resultado, por una parte, de la correlación de fuerzas establecida en el continente en virtud del acumulado histórico de las luchas populares, el rechazo al también histórico empleo de la fuerza bruta como mecanismo de dominación y la incorporación a la lucha electoral de sectores sociales antes marginados de ella –gracias a la conciencia adquirida por los pueblos durante tres décadas de combate contra el neoliberalismo– y, por la otra, de la apuesta que hizo el imperialismo norteamericano a que, en las nuevas condiciones, sería capaz de garantizar la sucesión de gobiernos dóciles a sus intereses, mediante la imposición de un esquema único de «democracia representativa» sustentado en la «alternancia» en el «poder» de figuras y fuerzas políticas neoliberales.
El nuevo diseño hegemónico pareció funcionar acorde a lo previsto durante la mayor parte de la década de 1990, «adornado» y «prestigiado» por la «tolerancia» demostrada ante los espacios institucionales ocupados por la izquierda en los parlamentos y en los niveles subnacionales de gobierno de un creciente número de países. En esas condiciones, las administraciones de George H. Bush (1989‑1993) y William Clinton (1993‑2001) se esmeraron en dejar establecido que democracia representativa es democracia neoliberal, y en crear una tupida madeja de mecanismos supranacionales destinados a evitar que algún país de la región se le escapara del redil. Una vez más, como ya ocurrió antes en la historia de las relaciones interamericanas, el imperialismo llamó a condenar toda interrupción del orden constitucional, un orden constitucional que, una vez más –valga la redundancia–, creyó le sería eternamente favorable. Sin embargo, el «perfeccionamiento» neoliberal del sistema de dominación agravó la crisis económica, política y social, y ésta, a su vez, provocó el aumento de las luchas populares. En virtud de esa secuencia, a partir de la elección, en diciembre de 1998, de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, los elementos positivos mencionados en el párrafo anterior inclinaron la balanza a favor de las fuerzas de izquierda, y así sucedió lo que, ni el imperialismo norteamericano, ni buena parte de la propia izquierda y el movimiento popular latinoamericanos esperaban: que el esquema de democracia representativa implantado como plataforma de la reestructuración neoliberal, se convirtió en plataforma para la elección de gobiernos de izquierda y progresistas, de diverso origen, composición y modulación.
Sorprendido –más que nosotros– el imperialismo, una vez más se ve compulsado a desechar la defensa del «orden constitucional» que no le sirvió para evitar la elección de gobiernos «hostiles» y que, además, en naciones como Venezuela, Bolivia y Ecuador, se convirtió en un nuevo orden constitucional defensor de la soberanía y los intereses de los pueblos. De manera que era necesario hallar la fórmula para retornar a la desestabilización y el cuartelazo, utilizados contra gobiernos como los de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) y Salvador Allende en Chile (1973), pero, por supuesto, con una «hoja de parra», tal como lo demanda el «cambio de época». Esa hoja de parra incluye, tanto el protagonismo de los oligopolios transnacionales de la comunicación de masas –que esconden, en un supuesto segundo plano, el papel protagónico de los servicios especiales y la diplomacia yanqui–, como establecer de inmediato otra institucionalidad «democrática» tan pronto se logre derrocar al gobierno de izquierda o progresista.
Con otras palabras, para evitar el rechazo que provoca el solo recuerdo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares de «seguridad nacional» –que no surgieron de forma espontánea, sino en virtud de una política oficial del gobierno de los Estados Unidos, adoptada por el presidente Lyndon Johnson (1963‑1968) y mantenida por todos sus sucesores hasta Ronald Reagan (1981‑1889), quien la llevó a su punto culminante–, la «metodología» actual estipula que los militares golpistas desaparezcan rápido de la escena y que le «cedan las cámaras y los micrófonos» a un «presidente» y a un «gobierno» civiles que, mediante una elección, una reforma constitucional u otra fórmula, imponga un nuevo statu quo «democrático» acorde a los intereses del imperialismo. Esto fue lo que se intentó en Venezuela y Bolivia, de acuerdo a las particularidades de cada uno de esos dos países, en el primer caso, mediante el golpe de Estado que empleó como fachada civil a « Pedro el Breve », y más tarde con el « paro petrolero » destinado a derribar al gobierno del presidente Hugo Chávez; y, en el segundo mediante, la manipulación de los sentimientos y las tendencias autonomistas y separatistas existentes en los departamentos de la llamada Media Luna, con el propósito de obstaculizar el proceso constituyente y evitar la aplicación de las políticas populares del gobierno de Evo Morales, que en alguna parte del plan concebían una fórmula «constitucional» de sucesión del mandatario. Este es el mismo papel que le correspondió a Roberto Micheletti en el golpe de Estado en Honduras de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.
No importa si el golpe de Estado en Honduras fue promovido o no por agencias y funcionarios oficiales de los Estados Unidos, o mediante tentáculos que hoy no desempeñan una función oficial, en particular, los discípulos del extinto senador ultrareaccionario Jesse Helms, que tan notorio papel jugaron en las administraciones de Ronald Reagan, George H. Bush, William Clinton y George W. Bush. En uno u otro caso, el golpe es parte de una contraofensiva del imperialismo norteamericano que, una vez más, recurre a la amenaza y al uso de la fuerza, en este caso, para revertir la cadena de elección de gobiernos de izquierda y progresistas registrada desde 1998 en América Latina y el Caribe. Esta contraofensiva incluye la creación de la IV Flota de la Marina de los Estados Unidos, la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia y Panamá, y la militarización y criminalización de las luchas populares en las naciones gobernadas por la derecha, como Colombia, México y Perú. En este contexto es que se debe analizar el golpe de Estado ocurrido en Honduras y el desarrollo posterior de los acontecimientos.
El gobierno de Manuel Zelaya era el «eslabón más débil de la cadena» de los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe. Su elección no fue el resultado de un quiebre institucional que abrió paso a un proceso de transformación social, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador; o de una larga acumulación social y política apoyada en un sólido entramado de organizaciones populares, como en Brasil, Uruguay y El Salvador; o de los espacios de poder político conservados tras la derrota electoral sufrida por la Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, en febrero de 1990; o de un «corrimiento» de fuerzas políticas tradicionales a la «centroizquierda» provocado por la crisis económica, política y social, como el liderado por el matrimonio Kirchner‑Fernández en Argentina; o de la crisis terminal de la hegemonía de una fuerza política antediluviana, como el Partido Colorado de Paraguay, que abrió paso a la elección del presidente Fernando Lugo.
Con una oligarquía y unas fuerzas armadas que no sufrieron los embates de la lucha armada revolucionaria como sus vecinos Nicaragua, El Salvador y Guatemala, sino que, por el contrario, jugaron el vergonzoso papel de puesto de avanzada para la guerra contrarrevolucionaria y la amenaza de intervención militar directa de los Estados Unidos contra la Revolución Popular Sandinista en la década de 1980 –cuando los generales y coroneles hondureños golpistas de hoy, eran mayores y capitanes al servicio de la guerra sucia contra un país vecino–, el cambio de época se produjo en el mundo sin que esa oligarquía y esas fuerzas armadas se percataran de él: se produjo mientras la «clase política» hondureña, embobecida con las crónicas sociales provincianas y los planes de su próximo «viaje de compras» a Miami, quedaba anclada en la era del terrorismo de Estado y la impunidad.
La actuación de Zelaya como presidente fue un milagro imprevisto. Figura proveniente de la oligarquía y la política tradicional hondureñas, que no había dado en su vida anterior señal alguna de izquierdismo o progresismo, al asumir la primera magistratura demostró poseer una conciencia social que nadie había calculado. En el plano interno, adoptó una política orientada al beneficio de los sectores populares, que le valió el odio de «clase política» de la vieja época, para la cual se convirtió en un traidor. En el ámbito externo, su gobierno ingresó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (ALBA‑TCP), hecho que representó el establecimiento de relaciones de amistad y cooperación con Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y otros países de izquierda y progresistas. Más aún, junto a su canciller, Patricia Rodas, desafió al imperialismo norteamericano con el papel protagónico que desempeñó en la Asamblea General de la OEA de San Pedro Sula, la cual acordó derogar la exclusión de Cuba del Sistema Interamericano aprobada por esa organización en 1962. Sin embargo, esa política interna y exterior no estuvo acompañada de la necesaria construcción de un sistema de alianzas sociales, que sirviera de valladar para contener la previsible arremetida en su contra del imperialismo y la derecha criolla.
La arremetida contra Zelaya era solo cuestión de tiempo. La lista de «agravios» sufridos por el imperialismo norteamericano durante los últimos años en América Latina era ya muy larga, y Honduras era buen un lugar para contraatacar. Entre esos agravios resaltan la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la incapacidad de hacer elegir a sus candidatos favoritos (el ex presidente salvadoreño Francisco Flores o el entonces canciller mexicano Luis Ernesto Derbez) a la Secretaría General de la OEA; la incapacidad de alterar la Carta Democrática Interamericana para utilizarla, de manera directa, como un instrumento contra el gobierno del presidente Hugo Chávez; el surgimiento y ampliación del ALBA‑TCP; el ingreso de Cuba al Grupo de Río; y el ya mencionado levantamiento de las sanciones de la OEA contra este último país. Era necesario generar un hecho que le permitiera al imperialismo romper su «mala racha», es decir, interrumpir la secuencia de victorias de los países del ALBA‑TCP, la UNASUR y el Grupo de Río. Esta fue la función del golpe de Estado en Honduras, donde la unidad de la oligarquía y las fuerzas armadas en torno a golpe, junto al mal disimulado respaldo que les brindaron los grupos de poder de los Estados Unidos y sus aliados de la derecha latinoamericana, le permitieron resistir las presiones externas y la meritoria resistencia popular interna, hasta el punto de haber imposibilitado el regreso al statu quo anterior. A ello contribuyó, en buena medida, la inmerecida confianza depositada por el presidente Zelaya en la promesa de la administración Obama y de la OEA de actuar en función del restablecimiento de la democracia, quienes, por el contrario, orquestaron la farsa «mediadora» de Oscar Arias.
En resumen, la dictadura cívico‑militar cuyo rostro visible fue el de Micheletti cumplió a la función a ella asignada por el imperialismo: reprimir la resistencia popular y «capear» a toda costa el rechazo internacional provocado por la chapucera interrupción del orden constitucional y democrático, a cuyo respeto el propio imperialismo le «construyó un altar» cuando creía que, tras el fin de la bipolaridad, ese orden funcionaría, de manera invariable, a favor de sus intereses. La meta era nadar a contracorriente hasta la fecha de la siguiente elección presidencial para crear una situación de facto: la instalación de un nuevo mandatario «legítimo», lo que significa la imposición de un nuevo statu quo «democrático» que el imperialismo y sus aliados pudieran apoyar de inmediato, y que el resto de la comunidad internacional tuviera que resignarse a aceptar. Así entra en escena el gobierno del presidente Porfirio Lobo.
Pero si bien es lamentable y peligroso que esta conspiración imperialista haya tenido éxito, más lamentable y peligrosa aún es la actitud asumida por el grupo dirigente del único partido político de izquierda conocido en Honduras, el Partido Unificación Democrática (UD), el cual no solo avaló la pretendida legitimidad de las elecciones en las que Porfirio Lobo obtuvo la presidencia –al participar en esa contienda–, sino que, además, su secretario general, César Ham, aceptó el cargo de ministro director del Instituto Nacional Agrario en el gabinete de «reconciliación nacional» que, entre otros, integra quien fuera el jefe militar golpista, el general Romeo Vásquez. La justificación es no perder el «espacio político» que ese partido se abrió con mucha tenacidad a lo largo de muchos años de lucha, pero: ¿qué «espacio político» y a qué costo?
¿Es este «espacio político» el mismo que UD ocupaba antes del golpe de Estado? No, antes del gobierno de Manuel Zelaya, UD ocupaba un espacio de oposición política en una democracia neoliberal; ahora ocupa un espacio en el gobierno llamado, en lo interno, a convalidar el statu quo impuesto por el golpe de Estado y, en lo externo, a afianzar el precedente establecido por esta nueva modalidad de injerencia e intervención que, sin duda alguna, el imperialismo y sus aliados tratarán de utilizar contra otros gobiernos de izquierda y progresistas si se les presenta la oportunidad de hacerlo.
Lo ocurrido en Honduras no necesariamente es la primera «caída» de un gobierno progresista que tendrá un «efecto de dominó», pero sí debe ser un llamado de alerta.
El gobierno de los Estados Unidos actuó en la crisis hondureña sobre una base predecible porque todo el sistema de salvaguardas de la democracia representativa desarrollado por la OEA desde inicios de la década de 1990, incluida la Carta Democrática Interamericana, no fue creado para proteger a gobiernos de izquierda y progresistas, sino a los gobiernos neoliberales. Los mecanismos instituidos por la OEA fueron concebidos para lo mismo que hizo Oscar Arias como « mediador » en Honduras: desarrollar una «negociación» que restableciera una «constitucionalidad» y una «legalidad» neoliberales. Baste recordar que, en ninguno de los casos en que los mecanismos de la OEA fueron previamente utilizados –en Perú y Guatemala, en respuesta a los autogolpes de Estado de Alberto Fujimori y Jorge Serrano Elías, respectivamente, y en Haití a raíz del golpe contra el presidente Jean Bertrand Aristide–, el resultado de las gestiones de la OEA fue el restablecimiento o el establecimiento, según el caso, de un orden democrático en beneficio del pueblo, sino una salida pactada a favor de los intereses de los Estados Unidos.
En conclusión, el golpe de Estado en Honduras y el curso posterior de los acontecimientos en esa nación, ratifican que los espacios institucionales conquistados por la izquierda y el movimiento popular latinoamericanos a lo largo de las últimas dos décadas no se sustentan en un predominio abstracto de la democracia, sino en una correlación de fuerzas nacional y regional que el imperialismo norteamericano y sus aliados tratan de revertir por medios y métodos crecientemente violentos. Esos medios y métodos se adecuan, en cada país y en cada circunstancia, para sacarle el mejor partido posible a los errores, debilidades e insuficiencias de la izquierda y el movimiento popular.
La lección del golpe de Estado en Honduras es: cerrar brechas y sumar fuerzas.
* Roberto Regalado es profesor‑investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (CEHSEU), editor de la revista Contexto Latinoamericano y de la colección homónima de Ocean Sur.
* Este artículo, actualmente inédito, será publicado en la revista Contexto Latinoamericano no. 12.
Ocean Sur
Con la ayuda, entre otros, del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quedó acuñada la sentencia: «no solo vivimos una época de cambio, sino también un cambio de época». Esto es cierto pero, ¿en qué consiste ese cambio? No se trata de que arrancáramos la última hoja de un calendario del año que termina, y colgáramos en la pared uno nuevo del año que comienza. Tampoco consiste, como afirman algunos –y como late en el subconsciente de otros–, en que el derrumbe de la Unión Soviética y el subsiguiente fin de la guerra fría hayan persuadido al imperialismo norteamericano a disminuir su dominación y su injerencia en los asuntos internos de las naciones de América Latina y el Caribe, y que esto último repercutiese en la elección, por primera vez en la historia, de una ya larga cadena de gobiernos progresistas y de izquierda.
En efecto, el fin de la llamada bipolaridad mundial de posguerra fue el catalizador del cambio de época, pero, en rigor, en América Latina y el Caribe ese cambio es resultado, por una parte, de la correlación de fuerzas establecida en el continente en virtud del acumulado histórico de las luchas populares, el rechazo al también histórico empleo de la fuerza bruta como mecanismo de dominación y la incorporación a la lucha electoral de sectores sociales antes marginados de ella –gracias a la conciencia adquirida por los pueblos durante tres décadas de combate contra el neoliberalismo– y, por la otra, de la apuesta que hizo el imperialismo norteamericano a que, en las nuevas condiciones, sería capaz de garantizar la sucesión de gobiernos dóciles a sus intereses, mediante la imposición de un esquema único de «democracia representativa» sustentado en la «alternancia» en el «poder» de figuras y fuerzas políticas neoliberales.
El nuevo diseño hegemónico pareció funcionar acorde a lo previsto durante la mayor parte de la década de 1990, «adornado» y «prestigiado» por la «tolerancia» demostrada ante los espacios institucionales ocupados por la izquierda en los parlamentos y en los niveles subnacionales de gobierno de un creciente número de países. En esas condiciones, las administraciones de George H. Bush (1989‑1993) y William Clinton (1993‑2001) se esmeraron en dejar establecido que democracia representativa es democracia neoliberal, y en crear una tupida madeja de mecanismos supranacionales destinados a evitar que algún país de la región se le escapara del redil. Una vez más, como ya ocurrió antes en la historia de las relaciones interamericanas, el imperialismo llamó a condenar toda interrupción del orden constitucional, un orden constitucional que, una vez más –valga la redundancia–, creyó le sería eternamente favorable. Sin embargo, el «perfeccionamiento» neoliberal del sistema de dominación agravó la crisis económica, política y social, y ésta, a su vez, provocó el aumento de las luchas populares. En virtud de esa secuencia, a partir de la elección, en diciembre de 1998, de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, los elementos positivos mencionados en el párrafo anterior inclinaron la balanza a favor de las fuerzas de izquierda, y así sucedió lo que, ni el imperialismo norteamericano, ni buena parte de la propia izquierda y el movimiento popular latinoamericanos esperaban: que el esquema de democracia representativa implantado como plataforma de la reestructuración neoliberal, se convirtió en plataforma para la elección de gobiernos de izquierda y progresistas, de diverso origen, composición y modulación.
Sorprendido –más que nosotros– el imperialismo, una vez más se ve compulsado a desechar la defensa del «orden constitucional» que no le sirvió para evitar la elección de gobiernos «hostiles» y que, además, en naciones como Venezuela, Bolivia y Ecuador, se convirtió en un nuevo orden constitucional defensor de la soberanía y los intereses de los pueblos. De manera que era necesario hallar la fórmula para retornar a la desestabilización y el cuartelazo, utilizados contra gobiernos como los de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) y Salvador Allende en Chile (1973), pero, por supuesto, con una «hoja de parra», tal como lo demanda el «cambio de época». Esa hoja de parra incluye, tanto el protagonismo de los oligopolios transnacionales de la comunicación de masas –que esconden, en un supuesto segundo plano, el papel protagónico de los servicios especiales y la diplomacia yanqui–, como establecer de inmediato otra institucionalidad «democrática» tan pronto se logre derrocar al gobierno de izquierda o progresista.
Con otras palabras, para evitar el rechazo que provoca el solo recuerdo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares de «seguridad nacional» –que no surgieron de forma espontánea, sino en virtud de una política oficial del gobierno de los Estados Unidos, adoptada por el presidente Lyndon Johnson (1963‑1968) y mantenida por todos sus sucesores hasta Ronald Reagan (1981‑1889), quien la llevó a su punto culminante–, la «metodología» actual estipula que los militares golpistas desaparezcan rápido de la escena y que le «cedan las cámaras y los micrófonos» a un «presidente» y a un «gobierno» civiles que, mediante una elección, una reforma constitucional u otra fórmula, imponga un nuevo statu quo «democrático» acorde a los intereses del imperialismo. Esto fue lo que se intentó en Venezuela y Bolivia, de acuerdo a las particularidades de cada uno de esos dos países, en el primer caso, mediante el golpe de Estado que empleó como fachada civil a « Pedro el Breve », y más tarde con el « paro petrolero » destinado a derribar al gobierno del presidente Hugo Chávez; y, en el segundo mediante, la manipulación de los sentimientos y las tendencias autonomistas y separatistas existentes en los departamentos de la llamada Media Luna, con el propósito de obstaculizar el proceso constituyente y evitar la aplicación de las políticas populares del gobierno de Evo Morales, que en alguna parte del plan concebían una fórmula «constitucional» de sucesión del mandatario. Este es el mismo papel que le correspondió a Roberto Micheletti en el golpe de Estado en Honduras de junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya.
No importa si el golpe de Estado en Honduras fue promovido o no por agencias y funcionarios oficiales de los Estados Unidos, o mediante tentáculos que hoy no desempeñan una función oficial, en particular, los discípulos del extinto senador ultrareaccionario Jesse Helms, que tan notorio papel jugaron en las administraciones de Ronald Reagan, George H. Bush, William Clinton y George W. Bush. En uno u otro caso, el golpe es parte de una contraofensiva del imperialismo norteamericano que, una vez más, recurre a la amenaza y al uso de la fuerza, en este caso, para revertir la cadena de elección de gobiernos de izquierda y progresistas registrada desde 1998 en América Latina y el Caribe. Esta contraofensiva incluye la creación de la IV Flota de la Marina de los Estados Unidos, la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia y Panamá, y la militarización y criminalización de las luchas populares en las naciones gobernadas por la derecha, como Colombia, México y Perú. En este contexto es que se debe analizar el golpe de Estado ocurrido en Honduras y el desarrollo posterior de los acontecimientos.
El gobierno de Manuel Zelaya era el «eslabón más débil de la cadena» de los gobiernos de izquierda y progresistas de América Latina y el Caribe. Su elección no fue el resultado de un quiebre institucional que abrió paso a un proceso de transformación social, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador; o de una larga acumulación social y política apoyada en un sólido entramado de organizaciones populares, como en Brasil, Uruguay y El Salvador; o de los espacios de poder político conservados tras la derrota electoral sufrida por la Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, en febrero de 1990; o de un «corrimiento» de fuerzas políticas tradicionales a la «centroizquierda» provocado por la crisis económica, política y social, como el liderado por el matrimonio Kirchner‑Fernández en Argentina; o de la crisis terminal de la hegemonía de una fuerza política antediluviana, como el Partido Colorado de Paraguay, que abrió paso a la elección del presidente Fernando Lugo.
Con una oligarquía y unas fuerzas armadas que no sufrieron los embates de la lucha armada revolucionaria como sus vecinos Nicaragua, El Salvador y Guatemala, sino que, por el contrario, jugaron el vergonzoso papel de puesto de avanzada para la guerra contrarrevolucionaria y la amenaza de intervención militar directa de los Estados Unidos contra la Revolución Popular Sandinista en la década de 1980 –cuando los generales y coroneles hondureños golpistas de hoy, eran mayores y capitanes al servicio de la guerra sucia contra un país vecino–, el cambio de época se produjo en el mundo sin que esa oligarquía y esas fuerzas armadas se percataran de él: se produjo mientras la «clase política» hondureña, embobecida con las crónicas sociales provincianas y los planes de su próximo «viaje de compras» a Miami, quedaba anclada en la era del terrorismo de Estado y la impunidad.
La actuación de Zelaya como presidente fue un milagro imprevisto. Figura proveniente de la oligarquía y la política tradicional hondureñas, que no había dado en su vida anterior señal alguna de izquierdismo o progresismo, al asumir la primera magistratura demostró poseer una conciencia social que nadie había calculado. En el plano interno, adoptó una política orientada al beneficio de los sectores populares, que le valió el odio de «clase política» de la vieja época, para la cual se convirtió en un traidor. En el ámbito externo, su gobierno ingresó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Libre Comercio de los Pueblos (ALBA‑TCP), hecho que representó el establecimiento de relaciones de amistad y cooperación con Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y otros países de izquierda y progresistas. Más aún, junto a su canciller, Patricia Rodas, desafió al imperialismo norteamericano con el papel protagónico que desempeñó en la Asamblea General de la OEA de San Pedro Sula, la cual acordó derogar la exclusión de Cuba del Sistema Interamericano aprobada por esa organización en 1962. Sin embargo, esa política interna y exterior no estuvo acompañada de la necesaria construcción de un sistema de alianzas sociales, que sirviera de valladar para contener la previsible arremetida en su contra del imperialismo y la derecha criolla.
La arremetida contra Zelaya era solo cuestión de tiempo. La lista de «agravios» sufridos por el imperialismo norteamericano durante los últimos años en América Latina era ya muy larga, y Honduras era buen un lugar para contraatacar. Entre esos agravios resaltan la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); la incapacidad de hacer elegir a sus candidatos favoritos (el ex presidente salvadoreño Francisco Flores o el entonces canciller mexicano Luis Ernesto Derbez) a la Secretaría General de la OEA; la incapacidad de alterar la Carta Democrática Interamericana para utilizarla, de manera directa, como un instrumento contra el gobierno del presidente Hugo Chávez; el surgimiento y ampliación del ALBA‑TCP; el ingreso de Cuba al Grupo de Río; y el ya mencionado levantamiento de las sanciones de la OEA contra este último país. Era necesario generar un hecho que le permitiera al imperialismo romper su «mala racha», es decir, interrumpir la secuencia de victorias de los países del ALBA‑TCP, la UNASUR y el Grupo de Río. Esta fue la función del golpe de Estado en Honduras, donde la unidad de la oligarquía y las fuerzas armadas en torno a golpe, junto al mal disimulado respaldo que les brindaron los grupos de poder de los Estados Unidos y sus aliados de la derecha latinoamericana, le permitieron resistir las presiones externas y la meritoria resistencia popular interna, hasta el punto de haber imposibilitado el regreso al statu quo anterior. A ello contribuyó, en buena medida, la inmerecida confianza depositada por el presidente Zelaya en la promesa de la administración Obama y de la OEA de actuar en función del restablecimiento de la democracia, quienes, por el contrario, orquestaron la farsa «mediadora» de Oscar Arias.
En resumen, la dictadura cívico‑militar cuyo rostro visible fue el de Micheletti cumplió a la función a ella asignada por el imperialismo: reprimir la resistencia popular y «capear» a toda costa el rechazo internacional provocado por la chapucera interrupción del orden constitucional y democrático, a cuyo respeto el propio imperialismo le «construyó un altar» cuando creía que, tras el fin de la bipolaridad, ese orden funcionaría, de manera invariable, a favor de sus intereses. La meta era nadar a contracorriente hasta la fecha de la siguiente elección presidencial para crear una situación de facto: la instalación de un nuevo mandatario «legítimo», lo que significa la imposición de un nuevo statu quo «democrático» que el imperialismo y sus aliados pudieran apoyar de inmediato, y que el resto de la comunidad internacional tuviera que resignarse a aceptar. Así entra en escena el gobierno del presidente Porfirio Lobo.
Pero si bien es lamentable y peligroso que esta conspiración imperialista haya tenido éxito, más lamentable y peligrosa aún es la actitud asumida por el grupo dirigente del único partido político de izquierda conocido en Honduras, el Partido Unificación Democrática (UD), el cual no solo avaló la pretendida legitimidad de las elecciones en las que Porfirio Lobo obtuvo la presidencia –al participar en esa contienda–, sino que, además, su secretario general, César Ham, aceptó el cargo de ministro director del Instituto Nacional Agrario en el gabinete de «reconciliación nacional» que, entre otros, integra quien fuera el jefe militar golpista, el general Romeo Vásquez. La justificación es no perder el «espacio político» que ese partido se abrió con mucha tenacidad a lo largo de muchos años de lucha, pero: ¿qué «espacio político» y a qué costo?
¿Es este «espacio político» el mismo que UD ocupaba antes del golpe de Estado? No, antes del gobierno de Manuel Zelaya, UD ocupaba un espacio de oposición política en una democracia neoliberal; ahora ocupa un espacio en el gobierno llamado, en lo interno, a convalidar el statu quo impuesto por el golpe de Estado y, en lo externo, a afianzar el precedente establecido por esta nueva modalidad de injerencia e intervención que, sin duda alguna, el imperialismo y sus aliados tratarán de utilizar contra otros gobiernos de izquierda y progresistas si se les presenta la oportunidad de hacerlo.
Lo ocurrido en Honduras no necesariamente es la primera «caída» de un gobierno progresista que tendrá un «efecto de dominó», pero sí debe ser un llamado de alerta.
El gobierno de los Estados Unidos actuó en la crisis hondureña sobre una base predecible porque todo el sistema de salvaguardas de la democracia representativa desarrollado por la OEA desde inicios de la década de 1990, incluida la Carta Democrática Interamericana, no fue creado para proteger a gobiernos de izquierda y progresistas, sino a los gobiernos neoliberales. Los mecanismos instituidos por la OEA fueron concebidos para lo mismo que hizo Oscar Arias como « mediador » en Honduras: desarrollar una «negociación» que restableciera una «constitucionalidad» y una «legalidad» neoliberales. Baste recordar que, en ninguno de los casos en que los mecanismos de la OEA fueron previamente utilizados –en Perú y Guatemala, en respuesta a los autogolpes de Estado de Alberto Fujimori y Jorge Serrano Elías, respectivamente, y en Haití a raíz del golpe contra el presidente Jean Bertrand Aristide–, el resultado de las gestiones de la OEA fue el restablecimiento o el establecimiento, según el caso, de un orden democrático en beneficio del pueblo, sino una salida pactada a favor de los intereses de los Estados Unidos.
En conclusión, el golpe de Estado en Honduras y el curso posterior de los acontecimientos en esa nación, ratifican que los espacios institucionales conquistados por la izquierda y el movimiento popular latinoamericanos a lo largo de las últimas dos décadas no se sustentan en un predominio abstracto de la democracia, sino en una correlación de fuerzas nacional y regional que el imperialismo norteamericano y sus aliados tratan de revertir por medios y métodos crecientemente violentos. Esos medios y métodos se adecuan, en cada país y en cada circunstancia, para sacarle el mejor partido posible a los errores, debilidades e insuficiencias de la izquierda y el movimiento popular.
La lección del golpe de Estado en Honduras es: cerrar brechas y sumar fuerzas.
* Roberto Regalado es profesor‑investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana (CEHSEU), editor de la revista Contexto Latinoamericano y de la colección homónima de Ocean Sur.
* Este artículo, actualmente inédito, será publicado en la revista Contexto Latinoamericano no. 12.
Atentan contra vida del Presidente de la Asociación de Comunicadores de Honduras
Tegucigalpa, 30 Abr ABN.- El presidente de la Asociación de Comunicadores del departamento hondureño de Colón, Ricardo Emilio Oviedo, sufrió varios ataques cuando individuos armados dispararon contra su vivienda y el canal donde trabaja, se conoció este viernes.
Según nota de Prensa Latina, esta semana desconocidos a bordo de un vehículo lanzaron ráfagas de disparos contra la residencia de Oviedo, poco después de que el periodista denunciara los constantes asesinatos de profesionales de la prensa.
Otro ataque similar ocurrió a principios de mes contra el canal 40 de la televisión de Tocoa, cuando el periodista difundió imágenes sobre el despliegue militar y policial sin precedentes en esa región.
Una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que viajó a Colón, documentó las amenazas contra Oviedo y las presentó ante organismos internacionales de derechos humanos.
Honduras se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, con siete profesionales del sector asesinados este año.
Según nota de Prensa Latina, esta semana desconocidos a bordo de un vehículo lanzaron ráfagas de disparos contra la residencia de Oviedo, poco después de que el periodista denunciara los constantes asesinatos de profesionales de la prensa.
Otro ataque similar ocurrió a principios de mes contra el canal 40 de la televisión de Tocoa, cuando el periodista difundió imágenes sobre el despliegue militar y policial sin precedentes en esa región.
Una delegación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que viajó a Colón, documentó las amenazas contra Oviedo y las presentó ante organismos internacionales de derechos humanos.
Honduras se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, con siete profesionales del sector asesinados este año.
Moratinos pasa de Honduras
De Luis Ayllón (el 30/04/2010 a las 19:02:02, en Honduras, 103 Visitas)
Vuelvo a escribir sobre Honduras. No es que sea el asunto de actualidad más palpitante, pero durante mucho tiempo el sombrero de Zelaya ocupó las páginas de los diarios y los espacios informativos después de que Michelleti pusiera al entonces presidente de patitas en la calle. Ahora, cuando se había abierto una vía de solución a la crisis, con la elección de Porfirio Lobo, los apoyos internacionales no están siendo todo lo fuerte que debieran y el nuevo presidente está con el agua al cuello sometidos a las presiones internas.
La actitud del Gobierno español no deja de ser preocupante. Sigue mirando a Lobo como un apestado reconociéndole la legitimidad del cargo con la boca pequeña y no yendo más allá de lo estrictamente necesario. El último desplante ha sido la decisión de Moratinos de no acudir a la constitución de la Comisión de la Verdad destinada a conocer lo ocurrido en Honduras antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio pasado.
En realidad, el Gobierno hondureño se anticipó a anunciar su presencia cuando el ministro no la había confirmado en ningún momento, pero lo cierto es que el Ejecutivo español podía haber enviado a algún alto cargo al acto y no dejar limitada su representación al embajador en Tegucigalpa, Ignacio Rupérez, que está haciendo una buena labor para intentar normalizar las relaciones entre los dos países.
Lobo, eso sí, ha sido invitado a la Cumbre UE-América Latina de Madrid y habrá que ver de que manera su presencia influye en el desarrollo de la misma, sobre todo si el bloque bolivariano mantiene su distanciamiento.
Mientras, parece que las autoridades hondureñas, tras el fallido intento de nombrar a Emin Abufele embajador en España, lo van a intentar con Norman García, que fue embajador en Washington y ministro en el Gobierno Maduro.
Vuelvo a escribir sobre Honduras. No es que sea el asunto de actualidad más palpitante, pero durante mucho tiempo el sombrero de Zelaya ocupó las páginas de los diarios y los espacios informativos después de que Michelleti pusiera al entonces presidente de patitas en la calle. Ahora, cuando se había abierto una vía de solución a la crisis, con la elección de Porfirio Lobo, los apoyos internacionales no están siendo todo lo fuerte que debieran y el nuevo presidente está con el agua al cuello sometidos a las presiones internas.
La actitud del Gobierno español no deja de ser preocupante. Sigue mirando a Lobo como un apestado reconociéndole la legitimidad del cargo con la boca pequeña y no yendo más allá de lo estrictamente necesario. El último desplante ha sido la decisión de Moratinos de no acudir a la constitución de la Comisión de la Verdad destinada a conocer lo ocurrido en Honduras antes, durante y después del golpe de Estado del 28 de junio pasado.
En realidad, el Gobierno hondureño se anticipó a anunciar su presencia cuando el ministro no la había confirmado en ningún momento, pero lo cierto es que el Ejecutivo español podía haber enviado a algún alto cargo al acto y no dejar limitada su representación al embajador en Tegucigalpa, Ignacio Rupérez, que está haciendo una buena labor para intentar normalizar las relaciones entre los dos países.
Lobo, eso sí, ha sido invitado a la Cumbre UE-América Latina de Madrid y habrá que ver de que manera su presencia influye en el desarrollo de la misma, sobre todo si el bloque bolivariano mantiene su distanciamiento.
Mientras, parece que las autoridades hondureñas, tras el fallido intento de nombrar a Emin Abufele embajador en España, lo van a intentar con Norman García, que fue embajador en Washington y ministro en el Gobierno Maduro.
Con reformas enmendarán manoseo (comienzan los mañosos a hacer de las suyas)
Tegucigalpa, Honduras
Mediante un decreto de ley se reformará por adición la Ley del fortalecimiento fiscal, para enmendar los cambios hechos fuera del pleno legislativo, en al menos cinco artículos.
El martes una comisión investigadora del Congreso Nacional presentará al pleno un informe en el cual se dejarán claros cuáles son los cambios, entre lo aprobado por el Legislativo y lo publicado en el diario oficial La Gaceta; sin embargo, admiten que la comisión sólo se equivocó en un artículo; el resto lo hicieron fuera del Congreso.
Según investigaciones preliminares todo apunta a que fueron los técnicos de la Secretaría de Finanzas y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, quienes finalmente revisaron el documento previo a su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, con el objetivo de recaudar unos 6,500 millones de lempiras, imponiendo nuevas tasas o elevando el porcentaje de algunos impuestos ya existentes.
Grabaciones en la web
La bancada del Partido Liberal en el Congreso denunció que entre lo aprobado y lo publicado, habían diferencias en al menos nueve artículos, perjudicando con los cambios hechos fuera del Congreso a sectores productivos del país.
Tras la denuncia solicitaron a la directiva del Congreso poner a disposición las actas de las sesiones en las que se aprobó la mencionada Ley, pero el secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo se negó, argumentando que hasta que la comisión de estilo rindiera su informe se harían públicas esas actas que contienen la transcripción íntegra del debate de la discusión de la Ley en mención.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, ordenó subir a internet, en la página del Congreso, el audio del maratónico debate, para que todo el interesado pueda escuchar y saber qué fue lo que realmente se aprobó. Esa información está en www.congreso.gob.hn/multimedia/audios.
Los cinco artículos reformados fuera del Congreso son justamente el 4, 6, 8, 16 y 19, según informaron los diputados German Leitzelar y Oswaldo Ramos Soto, quienes forman parte de la comisión de estilo que revisó la mencionada Ley y a quienes en primera instancia se les responsabilizó del cambio entre lo aprobado a finales de marzo y lo publicado la semana pasada.
Los evidentes cambios
Pese a que el informe oficial será entregado el martes al pleno legislativo, la comisión dio a conocer un informe preliminar en el que destacan los cambios de los cinco artículos.
Una de las formas de corregir los errores, dijo Leitzelar, es que se corrijan por la vía de fe de errata, que es una vía legal para admitir que hubo equivocaciones, y por reformas de adición. De acuerdo a las explicaciones de los parlamentarios investigadores, el artículo seis, por ejemplo, se publicó en La Gaceta de la siguiente manera: Se establece una contribución especial anual del diez por ciento sobre los excedentes de operación que obtengan las universidades privadas, escuelas e institutos de enseñanza preescolar, primaria y media, ya sea en forma directa o por conducto de las organizaciones no gubernamentales que las operan.
Dicha contribución será para financiar programas nuevos de becas para estudiantes de escasos recursos y de excelencia académica y ayuda hacia escuelas e institutos públicos”.
Lo que evidenció la comisión es que a este artículo le incorporaron un párrafo que nadie aprobó y es el siguiente: Quedan excluidos de esta obligación los montos del excedente que se destinen a la inversión, programas de becas para estudiantes de escasos recursos, ayudas a escuelas e institutos públicos. La Presidencia de la República por conducto de la Secretaría de Estado en los despachos de Finanzas, emitirá el reglamento de este artículo.
Pero uno de los artículos que más daño puede causar, con la reforma publicada, es el 19, que establece que “las personas naturales y jurídicas y comerciantes individuales deben pagar lo establecido en el Impuesto Sobre la Renta de conformidad al artículo 2 de la ley del ISR o el uno por ciento de las ventas netas del año o el que resulte mayor.
El impuesto del uno por ciento no será deducible del Impuesto Sobre la Renta y está sujeto al régimen de pagos a cuenta de conformidad con la ley. (...)
En este caso, Leitzelar y Ramos Soto explicaron que esa redacción en su totalidad no fue aprobada por la Cámara Legislativa y lo que aparece es la recomendación técnica que recibieron los diputados.
Sin embargo, lo aprobado realmente establece que “las personas jurídicas y comerciantes individuales con ventas mayores a 15 millones de lempiras deben retener a sus proveedores que no estén sujetos al sistema de pagos a cuenta el uno por ciento (1%) en concepto de pago anticipado del Impuesto Sobre la Renta o el activo neto, el que sea mayor, este porcentaje se aplicará en la compra de bienes. La base imponible serán las ventas brutas menos las devoluciones, descuentos y rebajas, los valores retenidos en este concepto deben ser declarados y enterados mensualmente en la oficina recaudadora autorizada por la Secretaría de Finanzas.
Mediante un decreto de ley se reformará por adición la Ley del fortalecimiento fiscal, para enmendar los cambios hechos fuera del pleno legislativo, en al menos cinco artículos.
El martes una comisión investigadora del Congreso Nacional presentará al pleno un informe en el cual se dejarán claros cuáles son los cambios, entre lo aprobado por el Legislativo y lo publicado en el diario oficial La Gaceta; sin embargo, admiten que la comisión sólo se equivocó en un artículo; el resto lo hicieron fuera del Congreso.
Según investigaciones preliminares todo apunta a que fueron los técnicos de la Secretaría de Finanzas y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, quienes finalmente revisaron el documento previo a su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, con el objetivo de recaudar unos 6,500 millones de lempiras, imponiendo nuevas tasas o elevando el porcentaje de algunos impuestos ya existentes.
Grabaciones en la web
La bancada del Partido Liberal en el Congreso denunció que entre lo aprobado y lo publicado, habían diferencias en al menos nueve artículos, perjudicando con los cambios hechos fuera del Congreso a sectores productivos del país.
Tras la denuncia solicitaron a la directiva del Congreso poner a disposición las actas de las sesiones en las que se aprobó la mencionada Ley, pero el secretario del Legislativo, Rigoberto Chang Castillo se negó, argumentando que hasta que la comisión de estilo rindiera su informe se harían públicas esas actas que contienen la transcripción íntegra del debate de la discusión de la Ley en mención.
Sin embargo, el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, ordenó subir a internet, en la página del Congreso, el audio del maratónico debate, para que todo el interesado pueda escuchar y saber qué fue lo que realmente se aprobó. Esa información está en www.congreso.gob.hn/multimedia/audios.
Los cinco artículos reformados fuera del Congreso son justamente el 4, 6, 8, 16 y 19, según informaron los diputados German Leitzelar y Oswaldo Ramos Soto, quienes forman parte de la comisión de estilo que revisó la mencionada Ley y a quienes en primera instancia se les responsabilizó del cambio entre lo aprobado a finales de marzo y lo publicado la semana pasada.
Los evidentes cambios
Pese a que el informe oficial será entregado el martes al pleno legislativo, la comisión dio a conocer un informe preliminar en el que destacan los cambios de los cinco artículos.
Una de las formas de corregir los errores, dijo Leitzelar, es que se corrijan por la vía de fe de errata, que es una vía legal para admitir que hubo equivocaciones, y por reformas de adición. De acuerdo a las explicaciones de los parlamentarios investigadores, el artículo seis, por ejemplo, se publicó en La Gaceta de la siguiente manera: Se establece una contribución especial anual del diez por ciento sobre los excedentes de operación que obtengan las universidades privadas, escuelas e institutos de enseñanza preescolar, primaria y media, ya sea en forma directa o por conducto de las organizaciones no gubernamentales que las operan.
Dicha contribución será para financiar programas nuevos de becas para estudiantes de escasos recursos y de excelencia académica y ayuda hacia escuelas e institutos públicos”.
Lo que evidenció la comisión es que a este artículo le incorporaron un párrafo que nadie aprobó y es el siguiente: Quedan excluidos de esta obligación los montos del excedente que se destinen a la inversión, programas de becas para estudiantes de escasos recursos, ayudas a escuelas e institutos públicos. La Presidencia de la República por conducto de la Secretaría de Estado en los despachos de Finanzas, emitirá el reglamento de este artículo.
Pero uno de los artículos que más daño puede causar, con la reforma publicada, es el 19, que establece que “las personas naturales y jurídicas y comerciantes individuales deben pagar lo establecido en el Impuesto Sobre la Renta de conformidad al artículo 2 de la ley del ISR o el uno por ciento de las ventas netas del año o el que resulte mayor.
El impuesto del uno por ciento no será deducible del Impuesto Sobre la Renta y está sujeto al régimen de pagos a cuenta de conformidad con la ley. (...)
En este caso, Leitzelar y Ramos Soto explicaron que esa redacción en su totalidad no fue aprobada por la Cámara Legislativa y lo que aparece es la recomendación técnica que recibieron los diputados.
Sin embargo, lo aprobado realmente establece que “las personas jurídicas y comerciantes individuales con ventas mayores a 15 millones de lempiras deben retener a sus proveedores que no estén sujetos al sistema de pagos a cuenta el uno por ciento (1%) en concepto de pago anticipado del Impuesto Sobre la Renta o el activo neto, el que sea mayor, este porcentaje se aplicará en la compra de bienes. La base imponible serán las ventas brutas menos las devoluciones, descuentos y rebajas, los valores retenidos en este concepto deben ser declarados y enterados mensualmente en la oficina recaudadora autorizada por la Secretaría de Finanzas.
"Después del 28 de junio hubo deterioro severo de los DD HH": Hugo Llorens
“Entendimos muy bien el curso errático e imprudente de las acciones, por lo general perseguidas por el ex presidente Zelaya en el manejo del país y la creciente oposición a su estilo polarizante. Tuvimos nuestras diferencias y le hablamos en una manera franca”.
“A la vez, mi Gobierno fue firme en nuestra creencia de que la ruptura constitucional fue un retroceso para la democracia en Honduras, y en ningún sentido justificable”.
Publicamos íntegramente las palabras pronunciadas por el embajador de los Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, ante la XX Asamblea de la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON), que se celebró en La Ceiba.
Muy buenos días a todos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al alcalde Carlos Aguilar este cálido recibimiento, él es un joven y activo alcalde. También quiero reconocer el excelente trabajo de mi amigo el alcalde Carlos Miranda como presidente de AMHON por dos períodos consecutivos. ¡Felicidades Alcalde por un trabajo bien hecho!
Por segunda vez consecutiva tengo el placer de participar y dirigirme a ustedes en tan importante Asamblea. Desde mi última participación, Honduras ha pasado por la más grande crisis política luego de volver al sistema democrático en 1981. El año recién pasado ha sido un año difícil y crítico para la democracia en Honduras. Creo que después de todo esto, todos tenemos más canas, pero aún nos queda mucho por recorrer.
Soy optimista y creo en la vocación democrática del pueblo hondureño, a quien llegué a conocer y a apreciar cuando estuve aquí en la década de los ’90 en una fase anterior en mi carrera como diplomático estadounidense. He viajado a muchas de las ciudades y comunidades a las que ustedes proveen liderazgo, y he oído de muchos hondureños de todos los ámbitos de vida, cuánto sus ciudadanos desean un buen gobierno –gobierno honesto que rinda cuenta a ellos– que sea transparente, que viva dentro de las normas de la Constitución y sus normas democráticas, que sea una fuerza de cambio positiva en la creación de condiciones que permitan a las personas mejorar tanto las condiciones de vida de ellos como la de sus familiares.
Todos sabemos que la crisis política no comenzó el 28 de junio. Conocí al ex presidente Zelaya por primera vez cuando llegué a este país y presenté mis credenciales como Embajador el 19 de septiembre del año 2008. Al igual que cualquier embajador en una tierra extranjera, trabajé para establecer una buena comunicación y confianza con el Gobierno al cual estaba acreditado. Francamente, no era fácil hacer esto con el a menudo impredecible ex presidente Zelaya, pero me mantuve fiel a mi tarea. Sin embargo, mi Gobierno y yo veíamos cada vez, y con profunda preocupación, la ruptura del diálogo político entre el ex presidente y las demás instituciones del Estado. Entendimos muy bien el curso errático e imprudente de las acciones por lo general perseguidas por el ex presidente Zelaya en el manejo del país y la creciente oposición a su estilo polarizante. Tuvimos nuestras diferencias y le hablamos en una manera franca. A la vez, mi Gobierno fue firme en nuestra creencia de que la ruptura constitucional fue un retroceso para la democracia en Honduras, y en ningún sentido justificable.
Como ustedes saben, los Estados Unidos ha tenido una historia larga y complicada en esta región. Y ha sido criticado en el pasado por cerrar sus ojos y apoyar dictadores y por fallar en denunciar los golpes de Estado. En los últimos 20 años, sin embargo, la paz y la construcción de las instituciones democráticas ha sido la gran tarea de los países centroamericanos, y los Estados Unidos ha apoyado este trabajo sin descanso en los lugares en donde pueda. En vista de nuestro irrestricto compromiso de ayudar en la creación de sociedades en esta región, mi Gobierno se pronunció de inmediato en desacuerdo con lo que nosotros consideramos un derrocamiento ilegal. Para nosotros no era en defensa de una persona inclusive una persona con quien teníamos diferencias, sino en defensa de un principio. Mi país se unió a otros países que apoyaban las resoluciones de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, estas condenaban el golpe de Estado y exigían la restitución del gobierno legítimo. De hecho, ningún país del mundo reconoció el cambio de régimen producido el 28 de junio.
Como parte de esta posición de principios, establecimos la política de ‘no reconocer el régimen de facto’. Suspendimos la asistencia de los programas de desarrollo con la excepción de la ayuda humanitaria. Es importante que quede claro que durante este tiempo no andábamos caminando a ciegas.
Pero aunque defendimos un principio, la política del presidente Obama también fue muy pragmática. Nunca buscamos destruir Honduras para luego salvarla. Por eso, nunca impusimos severas sanciones comerciales, financieras y de inversión a un pueblo que siempre ha sido un aliado y amigo de los Estados Unidos. También debido a la complejidad de la situación en Honduras, los Estados Unidos apoyaban una solución negociada sosteniendo firmemente nuestra posición en contra del golpe de Estado. Al mismo tiempo se tomó en consideración las muchas legítimas preocupaciones de aquéllos que se oponían al ex presidente Zelaya y a sus acciones.
A pesar de la sensitividad de no reconocer el régimen de facto, no dejamos nunca de dialogar con todos los sectores políticos y sociales del país. En contraste con otros países, el presidente Obama y la secretaria Clinton me pidieron quedarme en mi puesto y me instruyeron promover un diálogo para que las partes lograsen un acuerdo y estuvimos aquí en el cruce de fuego, aquí en Honduras.
El sentido de pragmatismo hizo a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, apoyar el proceso de mediación del presidente Oscar Arias, iniciado en julio del año pasado. El mismo eventualmente dio como resultado el borrador de un acuerdo: el Acuerdo de San José. Este acuerdo posteriormente nos llevó al ‘Diálogo de Guaymuras’ que finalmente concluyó el 30 de octubre con la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Un Acuerdo negociado por los propios hondureños. Yo creo que los negociadores hondureños que contribuyeron a este acuerdo son grandes patriotas y merecen gran parte del crédito por su contribución a sanar un país.
A lo largo de las negociaciones, los Estados Unidos tuvo un papel muy constructivo y nosotros junto con otros países seguimos viendo el Acuerdo Tegucigalpa/San José como un documento que contiene los elementos apropiados para restablecer de una manera concensuada una solución a la crisis y la restauración del orden democrático en Honduras.
También como parte de esa política práctica de principios, continuamos con la asistencia para las elecciones. Creímos en la legitimidad del proceso electoral, el cual fue establecido mucho antes del 28 de junio dentro de las leyes y Constitución de Honduras. Adicionalmente, siempre hemos creído que el pueblo hondureño tiene un derecho inalienable a elegir su futuro presidente, congreso y alcaldes.
Una decisión acertada y firme de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue la de mantener la asistencia para el proceso electoral, siendo exitosamente implementada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta asistencia incluía apoyo técnico al Tribunal Supremo Electoral y al programa de observadores domésticos a nivel nacional. El trabajo de nuestros socios y otras instituciones internacionales confirmaron el alto número de ciudadanos ejerciendo el sufragio, y del manejo de los resultados de una manera justa y transparente. Los verdaderos héroes de las elecciones son las personas que votaron, a pesar de que reconocemos que aquellos que no votaron tuvieron su legítimo derecho de no hacerlo. La elección recién pasada ha sido catalogada como la más pacífica, y la que ha contado con la mayor participación de electores en número de votantes en la historia de Honduras.
Los Estados Unidos no dudaron en reconocer los resultados del proceso electoral y reconoció el mensaje del pueblo hondureño, quien dio una abrumadora victoria al candidato Porfirio Lobo y al Partido Nacional.
Aunque mi país miraba con buenos ojos el Acuerdo de Tegucigalpa/San José y el éxito de las elecciones, hubo y hay otras preocupaciones. No estoy sugiriendo que Honduras es semejante a la Cuba de Castro o en el Chile de Pinochet; sin embargo no cabe duda que después del 28 de junio hubo deterioro severo de los derechos humanos en el país. Esto incluye detenciones y cateos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, intimidación a la prensa, el cierre de medios de comunicación y asesinatos de la oposición no esclarecidos.
Me enorgullece decir que mi país es el que más asistencia y apoyo ha ofrecido en materia de derechos humanos en Honduras. Apoyamos el monitoreo, investigación de denuncias y la investigación a las violaciones a los derechos humanos. También incitamos a las autoridades a investigar y castigar a los culpables.
Apoyamos todos los esfuerzos del presidente Lobo en fortalecer la protección de los derechos humanos de los hondureños sin importar creencias políticas, estatus socio-económico o raza. También incitamos para que de una manera firme procese aquellos que violan los derechos humanos, y a la vez protejan aquellos cuyos derechos han sido violados. Nos sentimos profundamente consternados y preocupados por la reciente ola de asesinatos en contra de miembros del gremio periodístico y esperamos que los responsables sean puestos a la orden de las autoridades.
Felicito al presidente Lobo por su fuerte liderazgo y por tener la visión de apoyar la unidad y reconciliación del pueblo hondureño. Apoyamos sus esfuerzos para reconstruir y fortalecer la democracia en Honduras. El parece estar apegado a un buen comienzo, en establecer un gobierno de unidad nacional, el cual fue conformado con la participación activa de todos los partidos políticos establecidos, y es consistente con lo establecido en el Acuerdo negociado por hondureños.
El presidente Lobo también ha creado la Comisión de la Verdad, la que fue prevista en el Acuerdo Tegucigalpa/San José. El ha dicho que la Comisión de la Verdad puede ser el instrumento necesario para contar los eventos antes, durante y después del golpe de Estado. Tal vez el aspecto más importante del trabajo de esta Comisión es producir una serie de recomendaciones que ayudarán a fortalecer la democracia en Honduras. Creo que todo hondureño de buena fe quisiera que esta crisis no hubiera pasado, y desean que de esta crisis se aprendan buenas lecciones para que la democracia hondureña quede fortalecida. El presidente Lobo ha señalado que la función de la Comisión debe ser una herramienta para la reconciliación nacional, y no para encontrar un culpable.
Me complace tener una excelente relación con el gobierno del presidente Lobo, y estamos desarrollando una agenda de trabajo que permita que los Estados Unidos y otros amigos de Honduras trabajen juntos en armonía para ayudar a este bello país a superar los grandes desafíos políticos, económicos, de seguridad, sociales y educativos que el gobierno del presidente Lobo ha heredado.
En estos últimos tres meses, el Gobierno ha dado pasos importantes en el proceso de restaurar las relaciones de Honduras con la comunidad democrática. Hemos apoyado la reactivación de las actividades del Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Interamericano. Creemos firmemente que Honduras debe ser reincorporada lo más pronto posible en el seno de la OEA. El pueblo ya ha sufrido mucho y no se debe seguir aislando al pueblo hondureño.
Mirando hacia el futuro, el liderazgo del Gobierno hondureño con la democracia será crucial para que Honduras logre normalizar sus relaciones con la comunidad internacional y creo que va por un buen camino.
Pero ahora volvamos a ustedes, alcaldes y alcaldesas de Honduras. La combinación de la crisis económica y los eventos políticos recientemente ocurridos en Honduras han impactado a las municipalidades, más que cualquier otro nivel del Gobierno. Ustedes, alcaldes y alcaldesas, son los que han luchado para mantener vivos los servicios locales y han dado cuentas directamente a sus comunidades. Todos ustedes aquí el día de hoy enfrentan el reto de reconstruir a Honduras, restaurar la confianza de la gente en la democracia y en la gobernabilidad. La mejor forma de hacer esto es demostrando que se puede cumplir con las necesidades básicas de una educación y servicios de salud de calidad, buenas carreteras, agua potable, seguridad, etc.
Esta crisis política ha puesto en manifiesto la importancia de fortalecer las estructuras institucionales y los tejidos de las organizaciones de la sociedad en su conjunto. La democracia debe fortalecerse no sólo a través de los partidos políticos y la realización de elecciones, sino también a través de las organizaciones de la sociedad. Un ejemplo es lo que lograron los habitantes de New Orleans después de sufrir un desastre natural como lo fue el huracán Katrina, que destruyó la economía y el desarrollo de la ciudad. He estado en New Orleans varias veces desde que ocurrió la tragedia y he podido ver un nuevo espíritu cívico de cooperación. Los habitantes y sus gobernantes aprendieron la lección y ahora trabajan juntos comprometidos para construir una nueva y mejorada ciudad. Es mi esperanza de que Honduras logre lo mismo.
Hoy, frente a mí veo muchos nuevos alcaldes y alcaldesas. Todos ustedes tienen un gran reto por delante. El ciudadano común tiene más contacto con ustedes que con cualquier otro funcionario elegido en las urnas. Ellos los ven como las personas que pueden transformar ese pedazo de Honduras en que viven. Estoy convencido que ustedes, los alcaldes y alcaldesas, son los que mejor conocen las necesidades de sus pueblos. Son ustedes los que están en la primera línea, de frente, atendiendo las necesidades de los ciudadanos de sus comunidades. Es a través de sus esfuerzos y liderazgo que sus comunidades pueden alcanzar mejorar su calidad de vida. Hoy, más que nunca el estar unidos y enfrentar esta situación como uno solo es vital para alcanzar el desarrollo local.
Por supuesto, la responsabilidad no es sólo de los gobiernos locales. El Gobierno Central tiene también un papel protagónico en alcanzar estos objetivos. La cooperación efectiva entre los gobiernos central y local es indispensable para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y la sociedad. Y la participación ciudadana en los órganos del gobierno local es también indispensable. Como lo es el desarrollo de una cultura mutua de rendición de cuentas entre el gobierno y la ciudadanía. Por un lado se requiere que sus gobernantes sean dinámicos y transparentes en la administración de los recursos humanos, técnicos y financieros, y, por el otro lado, que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones incluyendo las fiscales. Ustedes lo saben mejor que yo, a la gente no le gusta pagar impuestos. Muchos no confían en sus autoridades. Es por eso que la transparencia en el manejo de los fondos es esencial para devolver la confianza a sus comunidades.
Hablemos con la verdad. Cuando los funcionarios públicos son corruptos, están privando a los niños de Honduras de oportunidades. Oportunidades para una mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud y trabajo. Es esta corrupción la que evita que Honduras se desarrolle como país.
Es importante que ustedes, alcaldes y alcaldesas de Honduras, sean líderes genuinos en sus comunidades. Es a través de su trabajo, dedicación y esfuerzo que podrán devolver la confianza y estimular el espíritu de trabajo y unión en sus comunidades. Un líder que no escucha ni conoce a su pueblo no llega lejos. Escuchen a sus comunidades, participen con ellas, ábranse a sus necesidades pero a la vez háganles ver sus responsabilidades como ciudadanos.
El objetivo de un municipio no debe de ser sólo obtener la transferencia por parte del Gobierno. Los municipios deben buscar sus recursos propios para que el desarrollo de sus comunidades sea integral, los municipios deben buscar su sostenibilidad y autonomía a través de su propia generación de ingresos.
Mi país se ha comprometido en ayudar a Honduras. Me siento muy orgulloso del trabajo que mi Gobierno a través de la USAID ha realizado en conjunto con las municipalidades y la AMHON. Creo firmemente que compartimos objetivos fundamentales. Mi Gobierno de forma individual, y como parte del grupo de cooperantes, ha sido parte de esa unión al apoyar los procesos de descentralización y fortalecimiento de las capacidades locales. Nuestros países han sido aliados a lo largo de muchos años por tiempos buenos y los tiempos difíciles que prueban a los líderes, y esperamos continuar fortaleciendo esta alianza en el futuro.
Recientemente apoyamos una gira de estudio por Colombia que incluyó la participación de 50 alcaldes, miembros de las corporaciones municipales, representantes de AMHON y del Ministerio de Gobernación. Le pido a aquellos y aquellas que tuvieron la oportunidad de asistir que compartan con los demás su experiencia.
Nosotros, el Gobierno del presidente Obama, hemos contribuido en el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales, al apoyar las actividades de descentralización. Trabajamos con ustedes a través del Departamento de Estado, la Cuenta del Milenio, el Cuerpo de Paz, USAID y el Grupo Militar, entre otos. Estamos apoyando aumentar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones; a la vez estamos trabajando con las municipalidades en mejorar la transparencia. Les aviso que hemos contribuido a fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas de varias de sus municipalidades.
El Cuerpo de Paz actualmente tiene cerca de 200 voluntarios apoyando las diferentes iniciativas municipales del país. Los voluntarios han trabajado de la mano con sus contrapartes hondureños por casi 50 años. En la asamblea se encuentra una representante del Cuerpo de Paz con quien se pueden avocar para obtener los formularios para solicitar a un voluntario.
Mi país ha apoyado el sector municipal de Honduras desde los años ’60 en que AMHON fue fundada, juntos hemos caminado buena parte de la carrera por fortalecer el desarrollo local. Nos complace este avance, sin embargo estamos conscientes que la descentralización es la gran asignatura pendiente del sector municipal.
De nuevo y bajo esa perspectiva, queremos dejar la inquietud a ustedes que analicen qué ofrece el sector municipal a cambio de que el modelo centralizado ceda espacios. No queremos dejar de pensar en las conquistas, AMHON debe ampliar su diálogo con el Gobierno Central en busca de generalizar modelos descentralizados que han demostrado ser exitosos en satisfacer las necesidades de la población como son la reforma al sistema de salud y educación.
Hay un pensamiento que dice que “no se pueden esperar resultados extraordinarios haciendo siempre lo mismo”. El Plan de Nación que impulsa el gobierno del presidente Lobo parece ser una ambiciosa estrategia para salir de “haciendo siempre lo mismo”. El prevé una ruta de más de 20 años y propone iniciativas de articulación regional que nos parecen muy interesantes y que podrían llevar al país sobre mejores destinos a mediano plazo. El momento de tomar acción y dedicarse a la reforma está a la mano. El pueblo no reclama.
Si se implementa bien, el Plan parece proporcionar oportunidades para las autoridades locales como ustedes para que participen en diálogos más fructíferos y sostenidos con el gobierno central, diálogos que pueden potencializar la prestación de profundas reformas en bien de sus ciudadanos.
Felicito a la AMHON por el excelente trabajo que realiza año con año llevando a cabo esta Asamblea. Creemos que el desarrollo desde lo local a través de acciones articuladas y coordinadas, se puede traducir en un avance significativo que contribuya al desarrollo de Honduras. Agradezco su atención y les reitero nuestro continuo apoyo a los esfuerzos de descentralización.
El Plan de Nación que impulsa el gobierno del presidente Lobo parece ser una ambiciosa estrategia para salir de “haciendo siempre lo mismo”.
“A la vez, mi Gobierno fue firme en nuestra creencia de que la ruptura constitucional fue un retroceso para la democracia en Honduras, y en ningún sentido justificable”.
Publicamos íntegramente las palabras pronunciadas por el embajador de los Estados Unidos en Honduras, Hugo Llorens, ante la XX Asamblea de la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON), que se celebró en La Ceiba.
Muy buenos días a todos. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al alcalde Carlos Aguilar este cálido recibimiento, él es un joven y activo alcalde. También quiero reconocer el excelente trabajo de mi amigo el alcalde Carlos Miranda como presidente de AMHON por dos períodos consecutivos. ¡Felicidades Alcalde por un trabajo bien hecho!
Por segunda vez consecutiva tengo el placer de participar y dirigirme a ustedes en tan importante Asamblea. Desde mi última participación, Honduras ha pasado por la más grande crisis política luego de volver al sistema democrático en 1981. El año recién pasado ha sido un año difícil y crítico para la democracia en Honduras. Creo que después de todo esto, todos tenemos más canas, pero aún nos queda mucho por recorrer.
Soy optimista y creo en la vocación democrática del pueblo hondureño, a quien llegué a conocer y a apreciar cuando estuve aquí en la década de los ’90 en una fase anterior en mi carrera como diplomático estadounidense. He viajado a muchas de las ciudades y comunidades a las que ustedes proveen liderazgo, y he oído de muchos hondureños de todos los ámbitos de vida, cuánto sus ciudadanos desean un buen gobierno –gobierno honesto que rinda cuenta a ellos– que sea transparente, que viva dentro de las normas de la Constitución y sus normas democráticas, que sea una fuerza de cambio positiva en la creación de condiciones que permitan a las personas mejorar tanto las condiciones de vida de ellos como la de sus familiares.
Todos sabemos que la crisis política no comenzó el 28 de junio. Conocí al ex presidente Zelaya por primera vez cuando llegué a este país y presenté mis credenciales como Embajador el 19 de septiembre del año 2008. Al igual que cualquier embajador en una tierra extranjera, trabajé para establecer una buena comunicación y confianza con el Gobierno al cual estaba acreditado. Francamente, no era fácil hacer esto con el a menudo impredecible ex presidente Zelaya, pero me mantuve fiel a mi tarea. Sin embargo, mi Gobierno y yo veíamos cada vez, y con profunda preocupación, la ruptura del diálogo político entre el ex presidente y las demás instituciones del Estado. Entendimos muy bien el curso errático e imprudente de las acciones por lo general perseguidas por el ex presidente Zelaya en el manejo del país y la creciente oposición a su estilo polarizante. Tuvimos nuestras diferencias y le hablamos en una manera franca. A la vez, mi Gobierno fue firme en nuestra creencia de que la ruptura constitucional fue un retroceso para la democracia en Honduras, y en ningún sentido justificable.
Como ustedes saben, los Estados Unidos ha tenido una historia larga y complicada en esta región. Y ha sido criticado en el pasado por cerrar sus ojos y apoyar dictadores y por fallar en denunciar los golpes de Estado. En los últimos 20 años, sin embargo, la paz y la construcción de las instituciones democráticas ha sido la gran tarea de los países centroamericanos, y los Estados Unidos ha apoyado este trabajo sin descanso en los lugares en donde pueda. En vista de nuestro irrestricto compromiso de ayudar en la creación de sociedades en esta región, mi Gobierno se pronunció de inmediato en desacuerdo con lo que nosotros consideramos un derrocamiento ilegal. Para nosotros no era en defensa de una persona inclusive una persona con quien teníamos diferencias, sino en defensa de un principio. Mi país se unió a otros países que apoyaban las resoluciones de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, estas condenaban el golpe de Estado y exigían la restitución del gobierno legítimo. De hecho, ningún país del mundo reconoció el cambio de régimen producido el 28 de junio.
Como parte de esta posición de principios, establecimos la política de ‘no reconocer el régimen de facto’. Suspendimos la asistencia de los programas de desarrollo con la excepción de la ayuda humanitaria. Es importante que quede claro que durante este tiempo no andábamos caminando a ciegas.
Pero aunque defendimos un principio, la política del presidente Obama también fue muy pragmática. Nunca buscamos destruir Honduras para luego salvarla. Por eso, nunca impusimos severas sanciones comerciales, financieras y de inversión a un pueblo que siempre ha sido un aliado y amigo de los Estados Unidos. También debido a la complejidad de la situación en Honduras, los Estados Unidos apoyaban una solución negociada sosteniendo firmemente nuestra posición en contra del golpe de Estado. Al mismo tiempo se tomó en consideración las muchas legítimas preocupaciones de aquéllos que se oponían al ex presidente Zelaya y a sus acciones.
A pesar de la sensitividad de no reconocer el régimen de facto, no dejamos nunca de dialogar con todos los sectores políticos y sociales del país. En contraste con otros países, el presidente Obama y la secretaria Clinton me pidieron quedarme en mi puesto y me instruyeron promover un diálogo para que las partes lograsen un acuerdo y estuvimos aquí en el cruce de fuego, aquí en Honduras.
El sentido de pragmatismo hizo a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, apoyar el proceso de mediación del presidente Oscar Arias, iniciado en julio del año pasado. El mismo eventualmente dio como resultado el borrador de un acuerdo: el Acuerdo de San José. Este acuerdo posteriormente nos llevó al ‘Diálogo de Guaymuras’ que finalmente concluyó el 30 de octubre con la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José. Un Acuerdo negociado por los propios hondureños. Yo creo que los negociadores hondureños que contribuyeron a este acuerdo son grandes patriotas y merecen gran parte del crédito por su contribución a sanar un país.
A lo largo de las negociaciones, los Estados Unidos tuvo un papel muy constructivo y nosotros junto con otros países seguimos viendo el Acuerdo Tegucigalpa/San José como un documento que contiene los elementos apropiados para restablecer de una manera concensuada una solución a la crisis y la restauración del orden democrático en Honduras.
También como parte de esa política práctica de principios, continuamos con la asistencia para las elecciones. Creímos en la legitimidad del proceso electoral, el cual fue establecido mucho antes del 28 de junio dentro de las leyes y Constitución de Honduras. Adicionalmente, siempre hemos creído que el pueblo hondureño tiene un derecho inalienable a elegir su futuro presidente, congreso y alcaldes.
Una decisión acertada y firme de la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, fue la de mantener la asistencia para el proceso electoral, siendo exitosamente implementada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta asistencia incluía apoyo técnico al Tribunal Supremo Electoral y al programa de observadores domésticos a nivel nacional. El trabajo de nuestros socios y otras instituciones internacionales confirmaron el alto número de ciudadanos ejerciendo el sufragio, y del manejo de los resultados de una manera justa y transparente. Los verdaderos héroes de las elecciones son las personas que votaron, a pesar de que reconocemos que aquellos que no votaron tuvieron su legítimo derecho de no hacerlo. La elección recién pasada ha sido catalogada como la más pacífica, y la que ha contado con la mayor participación de electores en número de votantes en la historia de Honduras.
Los Estados Unidos no dudaron en reconocer los resultados del proceso electoral y reconoció el mensaje del pueblo hondureño, quien dio una abrumadora victoria al candidato Porfirio Lobo y al Partido Nacional.
Aunque mi país miraba con buenos ojos el Acuerdo de Tegucigalpa/San José y el éxito de las elecciones, hubo y hay otras preocupaciones. No estoy sugiriendo que Honduras es semejante a la Cuba de Castro o en el Chile de Pinochet; sin embargo no cabe duda que después del 28 de junio hubo deterioro severo de los derechos humanos en el país. Esto incluye detenciones y cateos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, intimidación a la prensa, el cierre de medios de comunicación y asesinatos de la oposición no esclarecidos.
Me enorgullece decir que mi país es el que más asistencia y apoyo ha ofrecido en materia de derechos humanos en Honduras. Apoyamos el monitoreo, investigación de denuncias y la investigación a las violaciones a los derechos humanos. También incitamos a las autoridades a investigar y castigar a los culpables.
Apoyamos todos los esfuerzos del presidente Lobo en fortalecer la protección de los derechos humanos de los hondureños sin importar creencias políticas, estatus socio-económico o raza. También incitamos para que de una manera firme procese aquellos que violan los derechos humanos, y a la vez protejan aquellos cuyos derechos han sido violados. Nos sentimos profundamente consternados y preocupados por la reciente ola de asesinatos en contra de miembros del gremio periodístico y esperamos que los responsables sean puestos a la orden de las autoridades.
Felicito al presidente Lobo por su fuerte liderazgo y por tener la visión de apoyar la unidad y reconciliación del pueblo hondureño. Apoyamos sus esfuerzos para reconstruir y fortalecer la democracia en Honduras. El parece estar apegado a un buen comienzo, en establecer un gobierno de unidad nacional, el cual fue conformado con la participación activa de todos los partidos políticos establecidos, y es consistente con lo establecido en el Acuerdo negociado por hondureños.
El presidente Lobo también ha creado la Comisión de la Verdad, la que fue prevista en el Acuerdo Tegucigalpa/San José. El ha dicho que la Comisión de la Verdad puede ser el instrumento necesario para contar los eventos antes, durante y después del golpe de Estado. Tal vez el aspecto más importante del trabajo de esta Comisión es producir una serie de recomendaciones que ayudarán a fortalecer la democracia en Honduras. Creo que todo hondureño de buena fe quisiera que esta crisis no hubiera pasado, y desean que de esta crisis se aprendan buenas lecciones para que la democracia hondureña quede fortalecida. El presidente Lobo ha señalado que la función de la Comisión debe ser una herramienta para la reconciliación nacional, y no para encontrar un culpable.
Me complace tener una excelente relación con el gobierno del presidente Lobo, y estamos desarrollando una agenda de trabajo que permita que los Estados Unidos y otros amigos de Honduras trabajen juntos en armonía para ayudar a este bello país a superar los grandes desafíos políticos, económicos, de seguridad, sociales y educativos que el gobierno del presidente Lobo ha heredado.
En estos últimos tres meses, el Gobierno ha dado pasos importantes en el proceso de restaurar las relaciones de Honduras con la comunidad democrática. Hemos apoyado la reactivación de las actividades del Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Interamericano. Creemos firmemente que Honduras debe ser reincorporada lo más pronto posible en el seno de la OEA. El pueblo ya ha sufrido mucho y no se debe seguir aislando al pueblo hondureño.
Mirando hacia el futuro, el liderazgo del Gobierno hondureño con la democracia será crucial para que Honduras logre normalizar sus relaciones con la comunidad internacional y creo que va por un buen camino.
Pero ahora volvamos a ustedes, alcaldes y alcaldesas de Honduras. La combinación de la crisis económica y los eventos políticos recientemente ocurridos en Honduras han impactado a las municipalidades, más que cualquier otro nivel del Gobierno. Ustedes, alcaldes y alcaldesas, son los que han luchado para mantener vivos los servicios locales y han dado cuentas directamente a sus comunidades. Todos ustedes aquí el día de hoy enfrentan el reto de reconstruir a Honduras, restaurar la confianza de la gente en la democracia y en la gobernabilidad. La mejor forma de hacer esto es demostrando que se puede cumplir con las necesidades básicas de una educación y servicios de salud de calidad, buenas carreteras, agua potable, seguridad, etc.
Esta crisis política ha puesto en manifiesto la importancia de fortalecer las estructuras institucionales y los tejidos de las organizaciones de la sociedad en su conjunto. La democracia debe fortalecerse no sólo a través de los partidos políticos y la realización de elecciones, sino también a través de las organizaciones de la sociedad. Un ejemplo es lo que lograron los habitantes de New Orleans después de sufrir un desastre natural como lo fue el huracán Katrina, que destruyó la economía y el desarrollo de la ciudad. He estado en New Orleans varias veces desde que ocurrió la tragedia y he podido ver un nuevo espíritu cívico de cooperación. Los habitantes y sus gobernantes aprendieron la lección y ahora trabajan juntos comprometidos para construir una nueva y mejorada ciudad. Es mi esperanza de que Honduras logre lo mismo.
Hoy, frente a mí veo muchos nuevos alcaldes y alcaldesas. Todos ustedes tienen un gran reto por delante. El ciudadano común tiene más contacto con ustedes que con cualquier otro funcionario elegido en las urnas. Ellos los ven como las personas que pueden transformar ese pedazo de Honduras en que viven. Estoy convencido que ustedes, los alcaldes y alcaldesas, son los que mejor conocen las necesidades de sus pueblos. Son ustedes los que están en la primera línea, de frente, atendiendo las necesidades de los ciudadanos de sus comunidades. Es a través de sus esfuerzos y liderazgo que sus comunidades pueden alcanzar mejorar su calidad de vida. Hoy, más que nunca el estar unidos y enfrentar esta situación como uno solo es vital para alcanzar el desarrollo local.
Por supuesto, la responsabilidad no es sólo de los gobiernos locales. El Gobierno Central tiene también un papel protagónico en alcanzar estos objetivos. La cooperación efectiva entre los gobiernos central y local es indispensable para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y la sociedad. Y la participación ciudadana en los órganos del gobierno local es también indispensable. Como lo es el desarrollo de una cultura mutua de rendición de cuentas entre el gobierno y la ciudadanía. Por un lado se requiere que sus gobernantes sean dinámicos y transparentes en la administración de los recursos humanos, técnicos y financieros, y, por el otro lado, que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones incluyendo las fiscales. Ustedes lo saben mejor que yo, a la gente no le gusta pagar impuestos. Muchos no confían en sus autoridades. Es por eso que la transparencia en el manejo de los fondos es esencial para devolver la confianza a sus comunidades.
Hablemos con la verdad. Cuando los funcionarios públicos son corruptos, están privando a los niños de Honduras de oportunidades. Oportunidades para una mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud y trabajo. Es esta corrupción la que evita que Honduras se desarrolle como país.
Es importante que ustedes, alcaldes y alcaldesas de Honduras, sean líderes genuinos en sus comunidades. Es a través de su trabajo, dedicación y esfuerzo que podrán devolver la confianza y estimular el espíritu de trabajo y unión en sus comunidades. Un líder que no escucha ni conoce a su pueblo no llega lejos. Escuchen a sus comunidades, participen con ellas, ábranse a sus necesidades pero a la vez háganles ver sus responsabilidades como ciudadanos.
El objetivo de un municipio no debe de ser sólo obtener la transferencia por parte del Gobierno. Los municipios deben buscar sus recursos propios para que el desarrollo de sus comunidades sea integral, los municipios deben buscar su sostenibilidad y autonomía a través de su propia generación de ingresos.
Mi país se ha comprometido en ayudar a Honduras. Me siento muy orgulloso del trabajo que mi Gobierno a través de la USAID ha realizado en conjunto con las municipalidades y la AMHON. Creo firmemente que compartimos objetivos fundamentales. Mi Gobierno de forma individual, y como parte del grupo de cooperantes, ha sido parte de esa unión al apoyar los procesos de descentralización y fortalecimiento de las capacidades locales. Nuestros países han sido aliados a lo largo de muchos años por tiempos buenos y los tiempos difíciles que prueban a los líderes, y esperamos continuar fortaleciendo esta alianza en el futuro.
Recientemente apoyamos una gira de estudio por Colombia que incluyó la participación de 50 alcaldes, miembros de las corporaciones municipales, representantes de AMHON y del Ministerio de Gobernación. Le pido a aquellos y aquellas que tuvieron la oportunidad de asistir que compartan con los demás su experiencia.
Nosotros, el Gobierno del presidente Obama, hemos contribuido en el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos locales, al apoyar las actividades de descentralización. Trabajamos con ustedes a través del Departamento de Estado, la Cuenta del Milenio, el Cuerpo de Paz, USAID y el Grupo Militar, entre otos. Estamos apoyando aumentar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones; a la vez estamos trabajando con las municipalidades en mejorar la transparencia. Les aviso que hemos contribuido a fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas de varias de sus municipalidades.
El Cuerpo de Paz actualmente tiene cerca de 200 voluntarios apoyando las diferentes iniciativas municipales del país. Los voluntarios han trabajado de la mano con sus contrapartes hondureños por casi 50 años. En la asamblea se encuentra una representante del Cuerpo de Paz con quien se pueden avocar para obtener los formularios para solicitar a un voluntario.
Mi país ha apoyado el sector municipal de Honduras desde los años ’60 en que AMHON fue fundada, juntos hemos caminado buena parte de la carrera por fortalecer el desarrollo local. Nos complace este avance, sin embargo estamos conscientes que la descentralización es la gran asignatura pendiente del sector municipal.
De nuevo y bajo esa perspectiva, queremos dejar la inquietud a ustedes que analicen qué ofrece el sector municipal a cambio de que el modelo centralizado ceda espacios. No queremos dejar de pensar en las conquistas, AMHON debe ampliar su diálogo con el Gobierno Central en busca de generalizar modelos descentralizados que han demostrado ser exitosos en satisfacer las necesidades de la población como son la reforma al sistema de salud y educación.
Hay un pensamiento que dice que “no se pueden esperar resultados extraordinarios haciendo siempre lo mismo”. El Plan de Nación que impulsa el gobierno del presidente Lobo parece ser una ambiciosa estrategia para salir de “haciendo siempre lo mismo”. El prevé una ruta de más de 20 años y propone iniciativas de articulación regional que nos parecen muy interesantes y que podrían llevar al país sobre mejores destinos a mediano plazo. El momento de tomar acción y dedicarse a la reforma está a la mano. El pueblo no reclama.
Si se implementa bien, el Plan parece proporcionar oportunidades para las autoridades locales como ustedes para que participen en diálogos más fructíferos y sostenidos con el gobierno central, diálogos que pueden potencializar la prestación de profundas reformas en bien de sus ciudadanos.
Felicito a la AMHON por el excelente trabajo que realiza año con año llevando a cabo esta Asamblea. Creemos que el desarrollo desde lo local a través de acciones articuladas y coordinadas, se puede traducir en un avance significativo que contribuya al desarrollo de Honduras. Agradezco su atención y les reitero nuestro continuo apoyo a los esfuerzos de descentralización.
El Plan de Nación que impulsa el gobierno del presidente Lobo parece ser una ambiciosa estrategia para salir de “haciendo siempre lo mismo”.
domingo, 25 de abril de 2010
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