miércoles, 1 de junio de 2011

Honduras: la crisis que la OEA no resuelve

¿Realmente necesitaba Honduras regresar a la Organización de Estados Americanos (OEA)? Es una pregunta que muchos se hacen en ese país centroamericano, que durante casi dos años permaneció semiaislado de la comunidad internacional después de que fue excluido del organismo, en julio de 2009.
Una situación que recién concluyó, cuando en una asamblea extraordinaria 32 estados miembros de la OEA aprobaron su reingreso a la organización. Sólo Ecuador votó en contra.

Según analistas, entre los ganadores aparecen desde el presidente de Honduras Porfirio Lobo, hasta los mandatarios Hugo Chávez y Juan Manuel Santos, de Venezuela y Colombia, que ayudaron en el regreso del depuesto Manuel Zelaya a su país, un tema que facilitó el retorno a la organización.Algunos creen que la readmisión normalizará el flujo de préstamos e inversiones, semicongelados desde el golpe de Estado en junio de 2009, pero otros ven en este proceso un asunto político ajeno a los hondureños.
Pero a los habitantes de ese país volver a ser parte de la OEA no marca diferencia en su vida cotidiana, le dice a BBC Mundo el analista Guillermo Molina Chocano.
"La población lo ha tomado con escepticismo porque no es un tema que apasione. La OEA no ha sido un organismo favorable a Honduras, en términos generales, y la gente más bien piensa que se exageró el énfasis del presidente Lobo para regresar a toda costa", explica.

¿Crisis?


Después del golpe de Estado algunos países y organismos financieros internacionales aplicaron sanciones económicas a Honduras.
Decenas de proyectos financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo fueron congelados durante varios meses, mientras que organismos como Petrocaribe y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) cancelaron la participación del estado hondureño.
La suspensión de la ayuda internacional agudizó la crisis financiera en el país. El PIB cayó 2,5% en 2009, en parte por la crisis política derivada del golpe de Estado, según informes de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).
En un país donde al menos el 59% de la población es pobre, el impacto de las sanciones fue, sobre todo, en la vida cotidiana de la población, reconoce Molina Chocano.
"La gente lo vio como un castigo al país, a la población, y no tanto al gobierno, que siguió funcionando con sus presupuestos e ingresos", cuenta.
Pero la economía se mantuvo estable por varias razones: el financiamiento desde Estados Unidos –del gobierno y grupos afines a las nuevas autoridades hondureñas- nunca se detuvo por completo, y además el BID y el BM reactivaron los préstamos desde marzo de 2010.
Así, el panorama empezó a mejorar relativamente. En su último reporte financiero el gobierno de Honduras reconoció que el PIB creció más de 2% en 2010.

La política

Aunque los números mejoran, la situación política no parece seguir ese camino, insisten los analistas.
El investigador Marco Gandásegui, de la Universidad de Panamá, dice que el regreso del ex presidente Zelaya podría reactivar la tensión que existía antes del golpe de Estado.
"Para el gobierno de Honduras el regreso a la OEA tiene un costo: reconocer al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que tiene en Manuel Zelaya un líder fuerte", dice en conversación con BBC Mundo.
Los integrantes del movimiento han conformado una alternativa real a las opciones políticas tradicionales de ese país, los partidos Liberal y Nacional, explica el analista.
El regreso a la OEA tuvo, además, un efecto regional, añade Gandásegui: la ganancia política de los presidentes Chávez y Santos, garantes del Acuerdo de Cartagena de Indias, que facilitó el regreso de Zelaya a Honduras.
"Sacaron provecho de la crisis porque permitió alcanzar acuerdos que superan la crisis hondureña. Como si estuvieran debajo de un árbol de mango y les cayera un fruto, fue suerte", asegura el investigador.
La OEA también sale bien librada, añade Gandásegui, pues parece demostrar que pudo resolver la crisis hondureña sólo con ayuda latinoamericana, con poca intervención del gobierno de Estados Unidos.

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