Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A pesar que en el “acuerdo de Cartagena” se tiene contemplado el retorno a Honduras de los exiliados, este punto comienza a violentarse. El director de Migración y Extranjería, el general Venancio Cervantes amenazó ayer al sacerdote Andrés Tamayo con expulsarlo si continúa en el país.
El también ex sub jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, expresó a periodistas que “sólo tiene ocho días para permanecer en el país”, ya que el sacerdote “fue expulsado en el gobierno de Roberto Micheletti”.
Además, indicó que “cuando fue deportado se le canceló la ciudadanía… y entonces tendrá que volver a abrir el caso” y dejó entrever que el clérigo tendrá que pedir perdón si quiere que se le permita permanecer en el país.
Tamayo fue “expulsado” de Honduras a mediados de octubre de 2009, sólo porque llamó a Micheletti “dictador”; días después abandonó la embajada de Brasil en donde acompañó al ex Presidente Manuel Zelaya Rosales tras el golpe de Estado del 28 de junio de ese año.
Cervantes formó parte de la Junta de Comandantes que encabezó el asalto al poder cuando expulsaron a “Mel” a Costa Rica.
El general retirado fue enjuiciado por el juez natural designado por el Poder Judicial, Jorge Alberto Rivera Avilés, siendo absuelto junto a su ex jefe, Romeo Vásquez Velásquez y el resto de comandantes del brazo armado; pero fueron absueltos por el delito de expatriación contra Zelaya, pero no fueron juzgados por delitos de lesa humanidad contra el pueblo hondureño.
Analistas en temas militares consultados por EL LIBERTADOR digital hace unos meses, informaron que “es preocupante que las instituciones estratégicas del Estado estén en manos de militares” ya que a juicio de éstos, la intención es vigilar los pasos que miembros de la oposición aglutinados en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) realizan y así “neutralizarlos”.
En ese sentido, cabe destacar que todas las secretarías de Estado y las instituciones descentralizadas y desconcentradas son jefeadas por militares en recompensa por haber sacado del poder a Manuel Zelaya Rosales hace dos años atrás.
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