MADRID (AP) — La justicia española reabrió el lunes una de las páginas más negras de la guerra civil en El Salvador tras ordenar la detención y encarcelamiento inmediato de 20 militares y ex militares salvadoreños por su presunta implicación en la matanza de seis sacerdotes católicos jesuitas y dos empleadas domésticas en 1989.
Después de dos años de investigación, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco hizo público un auto de procesamiento, el paso previo a la apertura de juicio en España, en el que exige a los acusados que comparezcan en Madrid en el plazo de diez días.
Todos ellos disponen de al menos cinco días para recurrir la resolución judicial, que se ampara en el principio de justicia universal con el que España llegó a investigar al ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), pero también en el hecho de que cinco de los jesuitas fallecidos eran españoles.
Velasco libró órdenes de busca y captura internacional contra 20 personas supuestamente implicadas en los hechos, a los que imputa ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de crimen de lesa humanidad. Entre ellos, se encuentra el ex ministro de Defensa salvadoreño Humberto Larios.
Otros acusados son René Emilio Ponce, también ex ministro de Defensa, quien falleció el 2 de mayo a los 64 años; y el ex coronel Guillermo Alfredo Benavides. En la querella original, también se acusaba al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani de encubrimiento, pero Velasco decidió no procesarlo.
De ser condenados, las penas para cada acusado podrían superar los 400 años de prisión.
Los jesuitas, cinco españoles y un salvadoreño, y las dos trabajadoras salvadoreñas fueron asesinados en la noche del 15 de noviembre de 1989 por soldados que irrumpieron en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en San Salvador durante una ofensiva guerrillera del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) en plena guerra civil.
Entre los fallecidos, se encontraba Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, una de las voces más importantes de la corriente cristiana de la liberación en América Latina.
Según el escrito judicial, de 77 páginas, los jesuitas y especialmente Ellacuría habían asumido un papel de liderazgo para favorecer la apertura de negociaciones de paz entre el FMLN y el gobierno que en aquel momento presidía Cristiani con el respaldo de Estados Unidos.
"Ese (liderazgo) fue el motivo fundamental de su asesinato", consideró Velasco.
El auto hace un exhaustivo análisis del contexto histórico que vivía El Salvador en aquella época e incorpora información contenida en documentos desclasificados por la agencia estadounidense de inteligencia CIA.
Según el juez, el asesinato de los jesuitas fue una decisión colegiada que tomaron "varias instituciones del ejército", aunque la orden directa la dio el coronel Benavides.
Señala que el ataque militar comenzó a gestarse tres días antes, cuando grupos de militares entraron en la UCA para supuestamente buscar activistas del FMLN y armas. Pero la realidad es que los registros fueron patrullas de reconocimiento. Una táctica usada por el ejército para estudiar la residencia de los jesuitas y organizar la operación, dijo el magistrado.
En la noche del 15 de noviembre, según el relato, los militares tirotearon a los jesuitas y a la empleada doméstica Julia Elba y su hija Celina Ramos, quienes se habían escondido en la residencia al ver llegar a los soldados.
Algunos de estos militares fueron juzgados en 1991 por la matanza, pero la mayoría fueron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso que ahora ha reabierto España.
El magistrado español inició la investigación en enero de 2009 tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.
Para Velasco, la responsabilidad penal de los 20 acusados no está extinguida a pesar de la amnistía.
"Queremos demostrar que fue algo organizado. Una operación militar para asesinar a los jesuitas que duró tres días", dijo a la AP Almudena Bernabéu, abogada de la organización estadounidense.
En opinión de Bernabéu, los procesados que se encuentran fuera de El Salvador son "más vulnerables a la detención", que los que siguen en el país centroamericano.
El canciller salvadoreño Hugo Martínez dijo que el gobierno no ha "tenido ninguna notificación oficial sobre el tema" desde España pero si "las autoridades españolas hacen la solicitud (de extradición) con mucho gusto vamos a trasladar la petición" a la justicia.
Martínez explicó que existe un convenio de extradición entre España y El Salvador "que eventualmente podrían las autoridades españolas invocar para cualquier gestión que puedan hacer al respecto".
"Siempre colaboramos con todos los países en el caso de la persecución del delito. Somos muy expeditos en trasladar la información a la instancia correspondiente", agregó.
La guerra civil en El Salvador se prolongó durante 12 años y finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992. Según recoge el juez, se calcula que 75.000 civiles desarmados perdieron la vida en el conflicto y se estima que 85% de las víctimas murió a manos del ejército y las fuerzas de seguridad.
La Audiencia Nacional española ha investigado numerosos casos de relevancia mundial bajo el principio de justicia universal, el más famoso de ellos el del juez Baltasar Garzón contra Pinochet.
Sin embargo, sólo en una ocasión llegó a celebrar un juicio. Fue el caso del argentino Adolfo Scilingo, condenado en España por su papel durante la dictadura militar de ese país (1976-1983).
"Lo espero con todo mi corazón. Estoy convencida de que este caso va a ser el siguiente juicio por justicia universal en España después del de Scilingo", afirmó Bernabéu.
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Los corresponsales de AP en San Salvador Luis Romero y Diego Méndez contribuyeron en esta nota.
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