TEGUCIGALPA (AFP) - La misión de la Comisión Interamericana (CIDH) "confirmó" las violaciones de los derechos humanos de parte del gobierno de facto de Honduras y advirtió que "únicamente el retorno a la institucionalidad democrática" permitirá el restablecimiento de las garantías individuales, según un informe revelado la noche del viernes.
Durante la visita, "la Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía", anotó el informe "preliminar" leído por la presidenta de la misión enviada a Honduras, Luz Patricia Mejía, en rueda de prensa.
"La comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos", añadió Mejía.
La CIDH cerró este viernes su visita a Honduras destinada a evaluar las denuncias de abusos contra los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya, tras el golpe de Estado que instaló en el poder a Robert Micheletti.
La misión recibió desde el lunes testimonios de diferentes personas, además de visitar diferentes zonas del país.
Miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado del 28 de junio desfilaron ante la misión de la CIDH dando su testimonio de los abusos cometidos por policías y militares del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que han reprimido las manifestaciones en demanda del retorno de Zelaya.
En ese sentido, el informe concluyó que "la Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención".
"De particular gravedad es la muerte de cuatro personas y varios heridos de arma de fuego", agregó la CIDH, que pidió "una investigación exhaustiva de estas muertes, en consideración que la Comisión recibió información que podrían vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado".
La misión también criticó al Frente de Resistencia, que pide el regreso de Zelaya. Según el informe de la CIDH, sus protestas "se han realizado de forma pacífica, salvo en algunos casos en que se han registrado actos de violencia, incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad, tales como el incendio de un restaurante y de un autobús, y la agresión contra un diputado (Ramón Velásquez) y varios periodistas".
Respecto a la situación de la prensa, la misión denunció que "el control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la ocupación militar de los mismos, la prohibición de emitir señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado".
También se registraron "cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado y agresiones y amenazas a periodistas de medios de distintas posiciones editoriales".
La Comisión, además, "pudo constatar que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil".
En la parte oficial, la misión se reunió con jefes del Congreso, la Corte Suprema, militares y policías y rehuyeron el contacto con miembros del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que no es reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA) ni la CIDH, con sede en Washington.
Al llegar la misión a Tegucigalpa, la vicecanciller del gobierno de facto, Martha Lorena Casco, arremetió contra la CIDH asegurando que el organismo estaba "infiltrado por la izquierda", mencionando que la delegación era encabezada por la venezolana Luz Patricia Mejía. El gobierno venezolano de Hugo Chávez es uno de los peores enemigos del régimen de Micheletti, y aliado del depuesto Manuel Zelaya.
Durante la visita, "la Comisión confirmó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía", anotó el informe "preliminar" leído por la presidenta de la misión enviada a Honduras, Luz Patricia Mejía, en rueda de prensa.
"La comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos", añadió Mejía.
La CIDH cerró este viernes su visita a Honduras destinada a evaluar las denuncias de abusos contra los seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya, tras el golpe de Estado que instaló en el poder a Robert Micheletti.
La misión recibió desde el lunes testimonios de diferentes personas, además de visitar diferentes zonas del país.
Miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado del 28 de junio desfilaron ante la misión de la CIDH dando su testimonio de los abusos cometidos por policías y militares del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que han reprimido las manifestaciones en demanda del retorno de Zelaya.
En ese sentido, el informe concluyó que "la Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención".
"De particular gravedad es la muerte de cuatro personas y varios heridos de arma de fuego", agregó la CIDH, que pidió "una investigación exhaustiva de estas muertes, en consideración que la Comisión recibió información que podrían vincular estas muertes con el accionar de agentes del Estado".
La misión también criticó al Frente de Resistencia, que pide el regreso de Zelaya. Según el informe de la CIDH, sus protestas "se han realizado de forma pacífica, salvo en algunos casos en que se han registrado actos de violencia, incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad, tales como el incendio de un restaurante y de un autobús, y la agresión contra un diputado (Ramón Velásquez) y varios periodistas".
Respecto a la situación de la prensa, la misión denunció que "el control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la ocupación militar de los mismos, la prohibición de emitir señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado".
También se registraron "cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado y agresiones y amenazas a periodistas de medios de distintas posiciones editoriales".
La Comisión, además, "pudo constatar que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil".
En la parte oficial, la misión se reunió con jefes del Congreso, la Corte Suprema, militares y policías y rehuyeron el contacto con miembros del gobierno de facto de Roberto Micheletti, que no es reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA) ni la CIDH, con sede en Washington.
Al llegar la misión a Tegucigalpa, la vicecanciller del gobierno de facto, Martha Lorena Casco, arremetió contra la CIDH asegurando que el organismo estaba "infiltrado por la izquierda", mencionando que la delegación era encabezada por la venezolana Luz Patricia Mejía. El gobierno venezolano de Hugo Chávez es uno de los peores enemigos del régimen de Micheletti, y aliado del depuesto Manuel Zelaya.
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