El Frente Nacional de la Resistencia en Honduras denunció los intensos operativos militares en las zonas populares de Tegucigalpa y otras localidades del país en contra de campesinos, profesores y periodistas que rechazan el gobierno de Porfirio Lobo, y piden a la comunidad internacional y a la Organización de Estados Americanos (OEA) pronunciarse ante los ataques que se han intensificado desde que el gobernante asumió el poder tras unas polémicas elecciones.
"Nos están matando. A campesinos, a profesores, a sindicalistas, a periodistas Y lo peor de todo es que no hay nadie procesado por los brutales crímenes, cometidos antes y ahora. Los han cubierto con un manto de impunidad y de injusticia", denunció Rasel Tomé, nuevo coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras .
El dirigente pidió la presencia del secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para que nombre una comisión y verifique las violaciones del Ejército y la policía contra las comunidades más pobres de Honduras.
Pedimos que "Insulza venga con una comisión a verificar las violaciones in situ" y "la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", con el objetivo de "restaurar la democracia y el orden institucional en Honduras".
Se conoció que el Ejército lleva a cabo un operativo militar y policial para desalojar a más de 3 mil familias campesinas de Aguán (norte) con el fin de dejar las tierras en manos de empresas privadas. Los medios de comunicación no han informado de las acciones, por lo que los casos sólo quedan bajo el hermetismo.
"Responsabilizamos desde ahora a Porfirio Lobo, al ministro de seguridad de facto, Óscar Álvarez, y a los terratenientes Miguel Facussé Barjum, Reinaldo Canales y René Morales por cualquier violación de los derechos humanos cometida por el ejército, la policía y los grupos paramilitares que forman parte del despliegue militar", se extrae de un comunicado enviado este domingo.
En el documento exigen el respeto al derecho a la tierra tal como lo establece la constitución y una investigación por la muerte de varios campesinos y otras violaciones de derechos humanos.
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