Presidente Lobo denuncia conspiración del dueño de El Heraldo


Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. Como ocurrió en 2009 cuando el expresidente Manuel Zelaya denunció conspiración contra su gobierno, este día el presidente Porfirio Lobo Sosa acusó al empresario al dueño de los diarios El Heraldo y La Prensa, Jorge Canahuati Larach, de conspirar contra el gobierno.

“Hay una conspiración… yo los invito a que lean El Heraldo y La Prensa, léanlos de ayer y de hoy, primera plana y que no piense don Jorge Canahuati que no me doy cuenta con quienes se están reuniendo”, reveló Lobo Sosa y les advirtió que “lo que están haciendo es peligroso para esta nación y van a generarnos un problema que no hemos tenido y que podemos tener”.

El mandatario confesó que su anhelo es entregar la nación “en paz”, pero con esos “ciudadanos que no aprenden (grupos de poder)”, será difícil y recordó el golpe de Estado de 2009 y aseguró que “la pueden repetir en 2012 o 2013 la pueden repetir porque ellos están contra el pueblo y yo no lo estoy diciendo”, e invitó de nuevo a seguirles la pista a estos diarios.

A los que se reúnen Pepe les envió un mensaje: “que ni sueñen que no me doy cuenta quienes se están reuniendo, donde se están reuniendo y que es lo que están haciendo y ahí van a ver las acciones que vienen delante de ellos… no ignoro nada de eso, nada”, pormenorizó.

Lobo Sosa hizo hincapié a estos grupos de poder que superen lo de 2009 (golpe de Estado), porque “todo el pueblo lo ha superado” y que muchos que dijeron antes que no participarían en elecciones hoy han ejercido ese derecho de participar.

Al final de su comparecencia el gobernante recalcó que “estos son los primeros signos de una conspiración que hay, pero les digo lo siguiente no les va a resultar les va a ir muy mal, porque al final el pueblo es el que juzga”.

Julio Navarro califica como “cortina de humo” las declaraciones de presidente Lobo

 

Tegucigalpa - El analista político, Julio Navarro, calificó las declaraciones del presidente Porfirio Lobo, quien reveló que grupos de poder estaban conspirando en su contra, como “una cortina de humo”.

- El presidente debería de llamar a un pacto de gobernabilidad de todos esos grupos recomienda el analista.

- Ningún conspirador hondureño puede llevar a cabo sus objetivos si no tiene el apoyo del Ejército, aseveró Navarro.

La persona más informada de un país es el presidente y si él se atreve a comunicar esta información y a confirmar lo que está pasando pues uno le debería de creer, afirmó el analista.

A criterio de Navarro, en Honduras hay problemas más sensibles, el tema fiscal que atraviesa el Gobierno, la falta de dinero que tiene el Estado para pagar sus compromisos puede también involucrarse en ese contexto y que se busque desviar la atención de los otros problemas reales y darle un tinte político a la inestabilidad financiera que tiene el Estado.

“Ningún conspirador hondureño puede llevar a cabo sus objetivos sino tiene el apoyo del Ejército, porque el Ejército ha servido como el brazo armado contratado en algunas veces y en otras por voluntad propia para interrumpir la estabilidad civil de Honduras”, recordó.

Sostuvo que es un concepto de entretenimiento por parte del Estado hacia los verdaderos problemas que tenemos.

Señaló que “esto es perjudicial para la imagen que tiene Honduras”, porque genera incertidumbre sobre las condiciones que debe desarrollarse la inversión.

“Ante todas estas cosas que están pasando, los efectos que dejó las elecciones primarias en Honduras, el presidente debería de llamar a un pacto de gobernabilidad de todos esos grupos, porque no hay una línea determinada, porque no hay un compromiso con el país, porque parece que tuviera compromisos con grupos de poder que se están creando y que puedan ser a futuro competencia para otros grupos ya consolidados”, indicó.

Otro de los problemas que aquejan al presidente “es el hecho de tomar partido por uno de los candidatos presidenciales nacionalistas y que no es de la simpatía de estos grupos, sino que representa a otros grupos emergentes”, sostuvo.

Navarro sugirió al mandatario dedicarse a enrumbar el país de todos los problemas en vez de estar lamentándose.

Asesinan en Tegucigalpa al hijo de ex embajador Sosa Coello

 

Tegucigalpa - El cuerpo sin vida encontrado en horas de la mañana de este viernes a inmediaciones de El Trapiche en la capital de Honduras, pertenecía al hijo del ex embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Sosa Coello, informaron los propios parientes de la víctima.

Se trata de Eduardo Alejandro Sosa Chávez (32), quien presentaba un disparo en la cabeza, y quien fuera encontrado sin vida en el sector de El Trapiche de Tegucigalpa, en las proximidades del edificio donde funciona la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El padre del infortunado, el ex precandidato del Partido Innovación y Unidad SD (PINU-SD), Carlos Sosa Coello, lamentó el hecho violento contra su hijo, al tiempo que agregó que éste deja una niña de 6 meses y a su esposa, una joven europea; “todos iban para Francia en los próximos días”, dijo el acongojado progenitor.

Además, confirmó que el cuerpo ya fue reconocido en la morgue judicial capitalina hasta donde fue llevado en calidad de desconocido.

El cadáver de Sosa Chávez llegó sin documentos personales y con un disparo en la cabeza.

“Los hondureños vivimos todos los días este flagelo de la delincuencia”, afirmó el padre del joven asesinado.

En Honduras mueren más de 7 mil personas en forma violenta cada año, según datos oficiales del Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh). Además en 2011, se registraron 86.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, convirtiendo al país en el más violento del mundo en zona que no está guerra.

 

Cortesia Proceso Digital

Matan población civil como si estuvieran en Irak, Afganistán o Libia

www.defensoresenlinea.com – Aún cuando no hemos leído la reacción oficial de la Embajada de Estados Unidos sobre las trágicas actuaciones militares de la Agencia Antidrogas en perjuicio de la población civil del municipio de Ahuás, en La Mosquitia, podemos sacar tres conclusiones preliminares.

La primera es que el operativo nocturno lanzado contra supuestos blancos narcotraficantes la madrugada del viernes anterior fue protagonizado por militares estadounidenses uniformados como agentes de la DEA.
El alcalde Baquedano, de Ahuas, así lo confirmó y el comisionado Ramírez del Cid, antiguo enlace entre Casamata y la legación gringa, lo admitió.
La segunda conclusión es, entonces, que un ejército extranjero amparado en el nuevo concepto hegemónico de “guerra contra el narcotráfico”, legalizado en reformas al Tratado Militar de 1954, viola la soberanía territorial y mata población civil como si estuviera en Irak, Afganistán, Libia o Siria.
Dos mujeres embarazadas, dos niños y dos hombres adultos murieron por los disparos hechos desde helicópteros artillados pilotados por militares estadounidenses sobre una embarcación que regresaba desde la barra del río Patuca a su comunidad. Eran trabajadores de la industria artesanal del buceo.
Y la tercera conclusión, derivada de la anterior, es que el “estado fracasado” de Honduras le dio paso ya a la ocupación militar extranjera en el guión de la llamada “guerra contra los carteles de la doga”, similar a lo ocurrido en los últimos ocho años en México, Colombia y Guatemala.
Y esta realidad desde la perspectiva de una organización de derechos humanos es inadmisible, y reprochable.
En un país ocupado militarmente, como ocurrió entre 1979 y 1990, en el marco de la estrategia de Guerra de Baja Intensidad a las insurgencias armadas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, las principales víctimas fueron las poblaciones.
Las llamadas autoridades hondureñas están en el deber ético y político de exigir al Departamento de Estado de Estados Unidos una explicación, luego una disculpa pública y sanción a los responsables de la masacre de Ahuás.
Mantener un hecho de terror amparado en la confusión mediática fue siempre una estrategia de la guerra psicológica, capítulo especial del terrorismo estatal.
No debemos admitirlo. Exijamos un pronunciamiento oficial de inmediato!

Honduras: pobladores de La Mosquitia reclaman salida inmediata de DEA

PL) Pobladores de La Mosquitia hondureña exigen hoy la salida inmediata de los agentes del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) de la zona, donde causaron la muerte de cuatro personas durante un operativo junto a policías locales.

El hecho, ocurrido el 11 de mayo, reforzó el rechazo de los lugareños a las fuerzas norteamericanas que actúan en el territorio bajo el supuesto de la lucha contra el narcotráfico y son acusadas de perpetrar estas y otras violaciones de los derechos humanos, según el diario El Heraldo.
Este jueves los habitantes de La Mosquitia, poblada en su mayor parte por indígenas, quemaron varias oficinas gubernamentales del área en protesta por el ataque a la canoa que atravesaba el río Patuca.
En un comunicado, los manifestantes reclamaron que los agentes de la DEA salgan de una vez del territorio, para acabar con el fuego cruzado bajo el cual están esas comunidades hace años por los choques entre narcotraficantes y agentes del estado, con apoyo de la fuerza extranjera.
Los líderes de las comunidades indígenas masta, diunat, rayaka, batiasta y bamiasta, afirmaron que quienes iban en la canoa eran pescadores, no narcotraficantes.
Por siglos hemos sido un pueblo pacífico que vive en armonía con la naturaleza, pero hoy declaramos no grata la presencia en nuestro territorio de esos norteamericanos, agregó el texto.
Respecto a lo acontecido el 11 de mayo, el alcalde del poblado costero de Ahuás, Lucio Vaquedano, confirmó que los pobladores inocentes y ajenos al problema de las drogas se transportaban en una lancha en sus actividades cotidianas de pesca y los ametrallaron desde el aire.
Cuatro perecieron, entre ellos dos embarazadas, y otros cuatro terminaron hospitalizados en la ciudad de La Ceiba por las lesiones recibidas debido a los disparos de ametralladoras esgrimidas por los uniformados desde un helicóptero, de acuerdo con la autoridad.
La DEA reconoció que sus agentes trabajaban con la Policía hondureña a bordo de la nave. “Estábamos allí en un papel de apoyo, trabajando con nuestros homólogos”, expresó Dawn Dearden, portavoz de la agencia en Washington.
El jefe nacional de la Policía de Honduras, comisionado Ricardo Ramírez, admitió también que el operativo se realizó con el respaldo de la DEA, pero alegó que los ocupantes del bote transportaban drogas y que le dispararon al helicóptero.
Comunidades y organizaciones civiles condenaron tales pronunciamientos porque tratan de ocultar la verdad acerca de la actuación de la DEA, con oficinas en este país centroamericano y respaldadas por tres bases de operaciones forward o de avanzada construidas en este año en Honduras con fondos del Departamento de Estado.

 Informe del TSC: Por más de un millón reparan a Micheletti

TEGUCIGALPA.- Un reparo por más de un millón de lempiras le formularon al expresidente de facto Roberto Micheletti por haber otorgado irregularmente atractivas bonificaciones a funcionarios, empleados y consultores del Ministerio de la Presidencia rectoradas por Rafael Pineda Ponce.

Lo anterior se desprende de un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) elaborado del 1 de diciembre de 2009 al 31 de enero de 2010. El documento señala que la investigación se realizó a raíz de una denuncia de la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción, en la cual se hace referencia al pago de una bonificación especial a funcionarios, empleados y consultores del Ministerio de la Presidencia.

El exgobernante de facto otorgó irregularmente bonificaciones a funcionarios, empleados y consultores, por un millón 196,781 lempiras, según el Tribunal Superior de Cuentas

Indica que el 18 de noviembre de 2009 Pineda Ponce, mediante decreto, autorizó la referida bonificación incluyendo cargos de confianza, consultorías, servicios técnicos o especializados, secretarias o servicio afines, así como conserjes, aseadoras, conductores de vehículos y vigilantes.

OBSTRUCCIÓN
“En el curso de nuestra investigación se encontraron algunas situaciones que incidieron negativamente en la ejecución y en el alcance de nuestro trabajo y que no permitieron efectuar un análisis más profundo de las operaciones realizadas por la Secretaría del Despacho Presidencial”, destaca el informe.

Indica que no fueron encontrados algunos expedientes del personal en archivo de la subgerencia de recursos humanos y agrega que en otros expedientes de personal no se encontró archivado el contrato de prestación de servicios profesionales o de consultoría.

La investigación señala que al revisar los expedientes de personal beneficiado no existe evidencia que demuestre su evaluación de méritos para merecer esta bonificación. “Al verificar los contratos se determinó que son de carácter temporal y la cláusula que se refiere al monto, establece que el contratista devengará una remuneración mensual por los servicios prestados, pero no estipula otros beneficios”, destaca.

PINEDA PONCE
Según el informe, la bonificación otorgada por Pineda Ponce fue improcedente porque los contratos suscritos no establecen otro tipo de beneficios más que la remuneración mensual. Manifiesta que esta decisión ocasionó un pago indebido de 415, 500 lempiras. El documento indica que el acuerdo ejecutivo autorizó el pago ilegal de una bonificación especial a varios consultores en virtud de que estos no se consideran empleados de una institución.

Concluye que también en este caso se incurrió en un pago indebido de 781, 281 lempiras. En una nota, Pineda Ponce informa al TSC que la decisión de entregar bonos se concretó en virtud de haber considerado el esfuerzo, la lealtad y responsabilidad de los funcionarios y empleados beneficiados.

“A las consideraciones iniciales debo agregar que además se utilizaron para dar bonificación, criterio como ser empleados excluidos del sistema, tiempo de servicio, responsabilidad, sin derecho a prestaciones y otros que señalará la gerencia de Recursos Humanos”, expresa.

Es de hacer notar que esta auditoría no incluye los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2009 periodo en el que fungió Micheletti como jefe de Estado de facto sino que solo investigaron diciembre de ese año y enero del 2010.

RECOMENDACIONES
El TSC recomienda abstenerse de emitir decretos que aprueben el pago de bonificaciones o beneficios no establecidos en las cláusulas de los contratos suscritos con el personal contratado bajo las modalidades de servicios profesionales y de consultoría, asimismo, asegurarse de que los pagos efectuados estén enmarcados dentro de las normas generales de la ejecución presupuestaria vigente.

Incendio en cárcel de Honduras deja más de 350 reos muertos

Más de 350 reos murieron calcinados o asfixiados en un incendio este miércoles en el penal de Comayagua, en el centro de Honduras, afirmó a la AFP el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, sin descartar que la cifra aumente.

Cuerpos calcinados abrazados a los barrotes, al parecer víctimas de la larga demora de los guardias en abrir las celdas, fue la escena descrita por reclusos sobrevivientes y por forenses y autoridades que ingresaron al amanecer a la prisión, ubicada 90 km al norte de Tegucigalpa.

Hay "más de 350 muertos, es un aproximado, no descartamos que sea un poco más, pero estamos verificando para dar una información oficial y exacta de la cifra de esta tragedia", dijo Bonilla al dar el balance de lo que ya constituye el peor incendio en una cárcel en todo el mundo en la última década.

Defensores de derechos humanos denunciaron negligencia y demoras en abrir las puertas de los reclusos. "Vemos que hubo negligencia de abrir los portones. Se debe hacer una investigación exhaustiva", dijo Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, a la AFP.

"Mi hijo se asfixió allí. Los guardias no les abrieron la puerta para que murieran quemados. Si hubieran abierto la puerta se hubieran salvado. Había una gran balacera cuando los reos desesperados querían salir", denunció Johel Leonidas Medina, 69 años, en conversación con la AFP.

Aterrados por las llamas, los reos que lograron salir de sus celdas debieron además sortear disparos al aire de los guardias que, según testimonios, creyeron que se encontraban frente a un intento de fuga del penal, en cuya entrada está inscripta la frase "Hágase justicia aunque el mundo perezca".

"La gente quería salir por el portón, pero nadie nos abría, levantamos entre todos las láminas del techo y saltamos por el techo, y saltamos un muro", contó Fabricio Contreras, de 34 años, a quien salvar su vida le costó un tobillo quebrado, a la AFP en el hospital Santa Teresa (Comayagua).

En un mensaje al país en cadena de radio y televisión, el presidente Porfirio Lobo anunció la separación temporal de las autoridades penitenciarias para garantizar una investigación eficaz de las causas del incendio.

"Haremos toda la investigación para determinar qué provocó esta lamentable e inaceptable tragedia, para dilucidar responsabilidades", manifestó.

Por la noche los primeros 115 cadáveres recogidos por los servicios forenses partieron en el interior de contenedores refrigerados rumbo a la morgue de Tegucigalpa, donde el jueves médicos forenses, con ayuda de equipos extranjeros, comenzarán las tareas de identificación, explicó Bonilla.

Honduras es considerado el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios anual de 82 cada 100.000 habitantes. El narcotráfico lo ha transformado en ruta alternativa para el trasiego de droga hacia Estados Unidos y además sufre el azote de las 'maras' (pandillas).

El siniestro habría comenzado a las 22H50 locales del martes (04H50 GMT del miércoles) y fue controlado por los bomberos tres horas después. Las autoridades investigan dos hipótesis para el origen del fuego: un cortocircuito y incendio intencional de un colchón con aparentes fines suicidas.

"A las 11:10 a.m. (hora local) recibí una llamada de un interno. Me dijo que otro reo había dicho: 'Voy a meter fuego a esto y nos vamos a morir todos'", relató la gobernadora del departamento hondureño de Comayagua, Paola Castro, a la AFP.

"Y le metió fuego y nos estamos quemando, nos estamos muriendo todos", agregó el recluso, siempre según la gobernadora.

La prisión es un complejo agrícola ubicado a 500 metros de la carretera que une San Pedro Sula, el corazón económico de Honduras, y la capital Tegucigalpa. También está muy cerca de la base aérea estadounidense de Palmerola.

En esta cárcel los reclusos se dedicaban, entre otras actividades, al cultivo de hortalizas y la cría de gallinas y cerdos. Era, además, considerada un modelo en el sistema penitenciario hondureño.

Honduras cuenta en la actualidad con 24 establecimientos penitenciarios con capacidad para albergar 8.000 personas, pero la población carcelaria sobrepasa las 13.000, en un país que tiene 8,2 millones de habitantes.

El secretario de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviar una delegación a Honduras para investigar el incendio.