Cultura de corrupción

(Oscar Moncada Buezo)

“Hasta el día de hoy en Honduras, a diferencia de los demás países de América Central - para apenas situarnos en el entorno regional - ningún funcionario importante ni ningún destacado ladrón de fondos o bienes públicos ha sido juzgado y condenado en los tribunales de justicia”. Editorial Diario Tiempo, 18 de Septiembre de 2010. 
Como si no fuere suficiente que Honduras destaque negativamente en casi todos los indicadores globales, recientemente, la organización Transparencia Internacional publicó su informe anual, en el que se nos clasifica como la nación más corrupta de C.A. y la cuarta a nivel latinoamericano [2.40]. Ya antes, nuestros liderazgos nacionales, nos habían conducido a establecernos como el segundo país más violento del mundo [67 asesinatos por año por cada 100 mil personas]; el antepenúltimo en desarrollo humano y social en América [112 lugar en el mundo con 0.732]; y, el tercero en pobreza, medida en el ingreso per-cápita [$ 3,849.00 anuales], sólo superando a nuestros eternos consuelos: Nicaragua y Haití. ¡Vaya galardones los que obtiene la élite política nacional y su base empresarial, militar, mediática y religiosa que le tutela!

Las reacciones entre los beneficiarios del sistema han sido encontradas; van desde las patéticas, como la del Coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción CNA, quien declaró a Diario Tiempo: “Considero que en esa percepción negativa existe mucha especulación, pues se hacen muchos proyectos anticorrupción excelentes…”, hasta aquellas que provocan hilaridad y cierta compasión, como las vertidas en otro Diario por el Director Ejecutivo del Cohep, al afirmar que la OEA es uno de los principales responsables de la corrupción en Honduras, vinculando en un “sesudo” análisis, las acusaciones contra Manuel Zelaya y las intenciones de Insulza de exonerarlo.

En franca relación con lo anterior, pocos días después, los que todavía albergaban dudas acerca de nuestra “proverbial y acrisolada” honradez, debieron dar paso a risas sutiles, o bien, a refugiarse en la soledad, sumidos en terribles decepciones, porque nuevamente el país se daba a conocer al mundo, como afirmando, en una especie de grito desesperado, que merecíamos, ciertamente, esos apelativos de Transparencia Internacional; desde una base de la Fuerza Aérea Hondureña, sí, por supuesto, perteneciente a las mismísimas “gloriosas” que ejecutaron el golpe de Estado, desaparecía insólitamente una avioneta bimotor; no se asuste, según los medios, el avión era calentado a diario desde las últimas dos semanas; manos invisibles tomaron la llave de ignición, llenaron su tanque de combustible, cargaron su batería e iluminaron la pista; la nave alzó vuelo, llevándose lo poco que nos quedaba de vergüenza y dignidad.
Mientras tanto, el fiscal, el ministro de Seguridad y el jefe del estado mayor se reparten voluntades y buenos augurios, afirmando que llegarán hasta las últimas consecuencias; otros declaran que nombrarán una comisión especial investigadora. Poco les ha faltado para justificar su manifiesta incapacidad, revistiendo el robo con un halo de misterio hollywoodense, exaltando la precisión y profesionalismo de los hechores. Todos, al parecer, ante la humillación y desprestigio nacional e internacional que el hecho representa, intentan cerrar filas para – según ellos – salvaguardar el honor de las “gloriosas”, dando una imagen de honestidad que el país hace días perdió. 

Por este caso, y por el tema de Transparencia Internacional, al representar el objetivo de la institución y por recibir un salario proveniente de nuestros impuestos, al Coordinador del CNA habría que recordarle que la lucha contra la corrupción no es asunto de proyectos temporales [tal superficialidad le descalifica]; la batalla contra ese flagelo debiera ser una norma de aplicación permanente, establecida como política pública. Lo mismo es válido para los jefes de los organismos encargados de la aplicación de la justicia.

Los hondureños estamos fastidiados de que se nombren comisiones para llegar “hasta las últimas consecuencias”; siempre fueron patrañas, mentiras infames o, en el mejor de los casos, condujeron a procesos judiciales contaminados o influenciados por los tentáculos del poder. La historia nacional está llena de casos insignes, en los que algunas celebridades del mundo político-empresarial – cual malhechores o truhanes - vencieron nuestra voluntad para salirse con la suya, realizando los más deleznables actos de corrupción: en esta tradición, los responsables del soborno bananero jamás pagaron por semejante delito y uno de ellos fue enterrado como héroe; en el colmo de la ignominia, hace algunos años a un ex Contralor se le encontró in fraganti con centenares de televisores en clara señal de contrabando y defraudación fiscal; contamos con un ex Procurador que tuvo que devolver dinero al confesarse y condenársele culpable por enriquecimiento ilícito; tres años atrás, un medio escrito destapó lo que todo mundo ya sabía, que algunos ministros de obras públicas y sus directores crean sus propias empresas de construcción y supervisión, y se asignan contratos a través de testaferros. ¡En fin! 

Siendo propositivo y reflexionando en cómo combatir la corrupción, o, al menos, mitigarla, debo referir que existen muchísimos textos nacionales que registran todos los hechos que hoy avergüenzan el alma nacional; uno de ellos, cuya lectura es capaz de provocar náuseas y estupor, es “Honduras: Poderes Fácticos y Sistema Político”, en el que se desvela una enormidad de transgresiones legales, finamente planificadas y realizadas por los círculos más influyentes del país. Con esa intención, por esos días redacté un artículo, en el que sugería incorporar la lectura y análisis de dicho libro a los contenidos de una hipotética clase en los ciclos básico, medio y universitario, llamada “Ética e Identidad nacional”, que sustituyese a la actual “Moral y Cívica”.

Pues hoy sigo proponiéndolo, pero además, que se incluya en dicha cátedra la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, sugiriendo, por otro lado, la masificación y distribución gratuita al público de la misma. En igual dirección, la solución de nuestros males que algunos otros proponen, es el cambio de las personas; cambiar el corazón de las gentes, reafirman los más cristianos, sin embargo, ello es tan difícil, que mientras ocurre, debemos buscar soluciones viables e ingeniosas. Imagine el lector, que una vez que la población se empodere de tales herramientas, si los ministros, alcaldes o directores no publican por cualquier medio, como ya es su deber, – muy especialmente - los contratos que firman, uno podría aprestarse al IAIP, y solicitar la información del contrato de tal caja, tal puente, tal carretera, o tal compra de medicamentos, y el Estado tiene 10 días para suministrarla. De lo que pase después no hay antecedentes; sin embargo algo podría tronar. ¡Soñar no cuesta nada!