MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -La situación de los Derechos Humanos en Honduras se ha deteriorado desde el golpe de Estado del 28 de junio del año pasado y desde la posterior llegada al poder del presidente Porfirio Lobo Sosa, según denunció este miércoles la organización no gubernamental de desarrollo InspirAction.
En este periodo "ha habido un incremento en las amenazas, hostigamientos y asesinatos contra defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, miembros de la resistencia y periodistas", denunció la ONGD, en la víspera de que se celebre el primer Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Honduras.
"Desde el mes de marzo de este año, se han cometido al menos diez asesinatos de periodistas, cuyos crímenes no han sido esclarecidos hasta la fecha", prosiguió. "A su vez, continúa la represión violenta incluyendo detenciones arbitrarias, de miembros de la oposición", denunció.
Según InspirAction, el Estado de Honduras no ha cumplido de forma efectiva las medidas cautelares propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida e integridad física de personas en riesgo. "En varios casos, personas sujetas a medidas de protección fueron objeto de agresiones, que llegaron incluso a la muerte de sus víctimas", agregó.IMPUNIDAD
"La impunidad sigue siendo uno de los problemas más serios del país", según la ONGD. "Todavía no se ha iniciado ningún juicio en relación a las violaciones a los Derechos Humanos cometidos después del golpe de Estado", prosiguió.
"Los órganos que deberían asegurar el acceso de las víctimas a la justicia han actuado abiertamente en contra de sus mandatos, evidenciando así su falta de independencia y su politización", denunció.
Ejemplo de ello, precisó, es la aprobación de un decreto de amnistía y la concesión del cargo de diputado vitalicio al ex presidente 'de facto' Roberto Micheletti, dos decisiones que "debilitan además la legitimidad de instituciones estatales como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público".
"Como consecuencia del golpe de Estado, la sociedad hondureña está viviendo una preocupante militarización", advirtió la organización. "Altos mandos o ex miembros del Ejército, contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el golpe, ocupan la dirección de dependencias públicas de alto nivel en el Gobierno de Lobo", alertó.
Según la ONGD, el Gobierno ha tomado algunas medidas positivas, como el nombramiento de una ministra asesora en materia de Derechos Humanos, la creación de una Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos o la instalación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
"Sin embargo, dada la situación que se vive en estos momentos en Honduras, es prácticamente imposible que estas iniciativas tengan un impacto significativo sobre la vigencia de los Derechos Humanos", concluyó.
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