La reciente campaña mediática desatada contra Cuba en algunos medios de comunicación españoles, además de ocultar la difícil situación económica por la que atraviesa la nación ibérica, ha servido para dejar entre las bambalinas del segundo plano informaciones que implican a destacadas figuras de la llamada Mafia de Miami.
El pasado 1 de junio, a cierta prensa española, por lo visto no le quedó más remedio que reportar el hecho de que la fiscalía anticorrupción de España haya solicitado a los Estados Unidos el embargo de todas las cuentas bancarias y propiedades de los hermanos Mas Santos, directivos de la Fundación Nacional cubano Americana (FNCA) y responsables del defalco y quiebra “forzada” de la empresa española SINTEL en el 2001.
En 1996, como parte de la política de privatización impuesta por la moda neoliberal, fue vendida a la empresa Mas Tec, propiedad de Mas Canosa, la compañía SINTEL, una subsidiaria de la telefónica de España.
La venta, vista como una suerte de correspondencia del entonces presidente José María Aznar hacia los favores que le debía a su amigo Mas Canosa, culminó en una tragedia para miles de trabajadores españoles quienes se vieron despojados de sus puestos de trabajo y de una buena parte de sus prestaciones.
El escándalo de SINTEL se hizo famoso en todo el mundo cuando los trabajadores de la empresa acamparon, durante seis meses, en el Paseo de la Castellana en lo que se denominó “El Campamento de la Esperanza”.
De acuerdo con un reporte de la Cadena Ser: “Desde hace un año el juez Santiago Pedraz decretó la apertura de juicio contra los ocho acusados del caso SINTEL por los delitos de insolvencia punible, delito societario y contra la hacienda pública, por los prejuicios que causó la quiebra de la filial de telefónica en 2001”.
Entre los ocho acusados por la justicia española figuran Jorge Mas Santos y Juan Carlos Más Santos, hijos de Jorge Mas Canosa, fundador, durante la era de Reagan de la Fundación Nacional Cubano Americana, una organización terrorista anticubana.
Ahora la fiscalía anticorrupción española pide que se condene a seis de los acusados por el caso SINTEL a penas de cinco años y seis meses de prisión por delitos de insolvencia punible, societarios y contra la hacienda pública, como responsables del vaciamiento y posterior quiebra en 2001 de la filial de Telefónica que dejó sin empleo a 1 828 trabajadores y un déficit patrimonial de 59,3 millones de euros.
En el caso de los hermanos Mas Santos las penas pedidas por la justicia española son ridículas si se tiene en cuenta que el dinero robado a los trabajadores de SINTEL, además de engrosar la fortuna de los Mas Santos, ha sido utilizado por la FNCA para acabar con la Revolución Cubana mediante la subvención de grupúsculos internos entre los que se encuentran, entre otros, las llamadas Damas de Blanco.
Si condenable es que los estafadores de la Fundación saquearan hasta el fondo de pensiones de los trabajadores españoles, peor aún es que el dinero malversado en España haya sido utilizado en financiar actos de terrorismo como la colocación de bombas -ordenadas y dirigidas por Posada Carriles-, en 1997, en varios hoteles en La Habana.
Para colmo, el dinero robado a los trabajadores de SINTEL no solo se ha “blanqueado” sembrando la muerte y el terror en Cuba -los atentados contra los hoteles habaneros le costaron la vida al turista italiano Fabio Di Celmo-, sino que también ha servido para sufragar la campaña electoral norteamericana.
La organización mafiosa, tradicionalmente republicana, acaba de celebrar el 20 de mayo, con una cena a la que asistió el subsecretario de Estado para América Latina, Arturo Valenzuela. Más que celebrar el día en que Cuba devino neocolonia de Estados Unidos a inicios del siglo XX, el verdadero objetivo del convite fue recoger fondos para la campaña demócrata. El costo de asistencia a la misma fue de 150 dólares por persona.
No por gusto los descendientes de Mas Canosa han hecho, y hacen todo lo posible, porque elnuevo escándalo “familiar” no explote en la prensa de Miami y de América Latina. Desde hace algún tiempo la FNCA se encuentra inmersa en una estrategia de cambio de imagen para borrar su pasado terrorista. De esa forma pretende insertarse en los nuevos diseños de la política subversiva contra Cuba, lo que la haría beneficiaria de los fondos que el gobierno norteamericano destina para tales fines.
Sobre todo ahora cuando la sustitución de Adolfo Franco por José “Pepe” Cárdenas, ex director de la FNCA, como representante de la USAID para América Latina, le ha venido como anillo al dedo para que la USAID y la FNCA estrechen lazos.
No obstante, el nuevo escándalo judicial en que está implicada “la familia” de Mas Canosa dejará nuevamente al descubierto -connivencias ideológicas aparte-, la utilitaria la relación de la FNCA con el gobierno de EUA.
Evidentemente a Washington no parece importarle mucho cuánto terrorismo se haya implementado con el dinero de la Fundación Cubano-Americana, ni cuánto se le haya robado a los obreros en otros países. Ahora solo queda por ver qué negociaciones despliega el gobierno de EE.UU. para la que la FNCA pueda eludir las reclamaciones de la fiscalía anticorrupción de Madrid.
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