TEGUCIGALPA.- Tras conocer el sobreseimiento definitivo otorgado ayer por la jueza Marta Murillo al ex presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
Miguel Angel Rodas, la fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce dijo ayer que ayudará a documentar los casos de violaciones a las garantías constitucionales que no encuentran auxilio en la justicia hondureña, para que las víctimas acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Rodas y el resto de directivos de la comisión durante el gobierno interino de Roberto Michelleti fueron acusados recientemente por abuso de autoridad y delitos contra medios de comunicación por el cierre de Radio Globo y Cholusat Sur en septiembre de 2009.
Ponce se sorprendió ante el fallo ya que según sus consideraciones, las acciones de los acusados, cometidas durante el golpe de Estado del 28 de junio del año pasado, violentaron preceptos constitucionales, especialmente los relacionados a la libertad de expresión.
“Vamos a apelar porque no compartimos los argumentos y si (la justicia) sigue en la misma línea vamos a cooperar para que las víctimas lleven su caso a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó la fiscal.
La defensa de los acusados durante el proceso llegó a alegar que Conatel cumplió ordenes superiores emanadas de Acuerdos Ejecutivos y que el cierre se hizo en el marco de toques de queda, mientras el MP se sustentó en las flagrantes violaciones constitucionales cometidas contra la libertad de expresión, prensa e información.
La Constitución de la República establece que no pueden ser cerrados los medios de comunicación ni confiscados sus equipos.
El periodista Esdras Amado López, propietario de Cholusat Sur dijo que “lo esperábamos, la Ley sucumbió ante situaciones políticas, la jueza esta diciendo que es posible en este país suspender las garantías constitucionales sobre la libertad de expresión y que las actuaciones de la Policía, militares y de Conatel fueron en base a derecho”.
Con este ya van varios casos relacionados a violaciones de las garantías constitucionales en los que el aparato de justicia del país opera a favor de los acusados.
LA FRASE
“Si (la justicia) sigue en la misma línea vamos a cooperar para que las víctimas lleven su caso a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”: Sanda Ponce, fiscal de DDHH:
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