Policía y ejército toman instalaciones del INA en Tocoa; funcionarios temen pérdida de documentos de tierras que el árabe Facussé reclama como suyas

Luego del informe proporcionado por Casa Presidencial en donde ellos presumen que “hay un armamentismo en el Bajo Aguán” ya que conforme a investigaciones que han hecho “hay buzones de hasta mil armas AK-47”, los organismos de seguridad del Estado han tomado por asalto las instalaciones del Instituto Nacional Agrario en Tocoa, Colón, bajo el argumento de que ahí están almacenados los artefactos. Hay temor en los funcionarios de la institución que se extravíen documentos de tierras. Ni el presidente Porfirio Lobo, ni la secretaria de Derechos Humanos, Ana Pineda, se han pronunciado sobre el genocidio que los paramilitares del agroindustrial árabe Miguel Facussé han venido cometiendo contra los campesinos que agrupados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), Movimiento Reivindicador Campesino (Marca) y el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), desde la dictadura de Roberto Micheletti. Medios de comunicación de la extrema derecha, a inicios del conflicto argumentan sin respaldo alguno que venezolanos, nicaragüenses y cubanos se encuentran adiestrando a los labriegos para conformar una guerrilla. Visitas hechas por EL LIBERTADOR en varias ocasiones a la zona, descartan la conformación de células insurgentes, ya que éstos son víctimas del terrorismo paraempresarial; los afectados señalan a Facussé de encabezar la banda criminal y lo responsabilizan por el derramamiento de sangre.

Redacción Central/ELLIBERTADOR

Tocoa, Colón, Honduras. Desde la mañana de ayer se encuentra militarizada las instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA), en el sector en Tocoa, a 545 kilómetros al este de Tegucigalpa, según indagaciones hechas por EL LIBERTADOR el motivo del allanamiento es para “buscar armas de grueso calibre” que están supuestamente almacenados en ese lugar.

Para el apoderado legal de la organización estatal, Marco Ramiro Lobo, teme que con la toma del local, se vayan a perder documentación de las tierras que el árabe Miguel Facussé Barjum reclama como suyas.

El cateo ha tomado por sorpresa a los representantes del sindicato de la entidad (Sitraina), y a las mismas autoridades ya que no se les permitió el acceso en ningún instante. El único representante que llegó fue el miembro del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Francisco Fraño.

Fraño expresó a los periodistas de este medio de comunicación que su presencia en el lugar se debió a que había una denuncia que le hizo el presidente Porfirio Lobo por suponer que hay armamento resguardado en las oficinas del INA; sin embargo, no dio más detalles.

En tanto, las autoridades policiales no permiten la entrada a los funcionarios y empleados de la  institución, tampoco a los medios de la región, por lo que la población de Tocoa –conforme a opiniones recabadas– están desconfiando sobre las intenciones de los organismos de seguridad.

Por su parte, el fiscal responsable en la escena, que no quiso revelar su nombre, explicó que él no tenía conocimiento, de si la denuncia era formal; pero tuvo que movilizarse a las instalaciones para realizar una inspección a fin de verificar la existencia de buzones de hasta mil armas, como lo han dejado entrever los medios de comunicación golpistas. Además aclaró que no recibió la notificación por los canales correspondientes.

La representante de las autoridades del INA en el Aguán, Erleny Hernández, explicó que ingresaron al filo de las 10 de la mañana para conocer a profundidad sobre el allanamiento, pero al ingresar observaron al comisionado de los derechos humanos sosteniendo una reunión aparte, por lo cual les exigieron salir de las instalaciones.

Para la profesional del derecho esto representa una clara violación a los deberes de un funcionario, además de que no hubo notificación escrita o verbal. Ella ignora el trasfondo del suceso, sólo sabe que viene una omisión desde Tegucigalpa.

El portavoz  de la Policía Alex Madrid, asegura que los allanamientos que están realizando cuenta con el visto bueno el alto mando de la Secretaría de Seguridad. Un oficial de policía de apellido Madrid impidió que el personal de EL LIBERTADOR ejerciera su trabajo.