Las armas que sirvieron de justificación para ocupar militarmente el Instituto Nacional Agrario (INA) de Sinaloa, Colón, no aparecen, pero los militares que tomaron la instalación la mantienen ocupada.
La Red Morazánica de Información recuerda que ese mismo tema de las supuestas armas escondidas es el que sirve de eje propagandístico a la política de militarización que aplica el gobierno de Porfirio Lobo en las zonas campesinas.
Agrega que la oficina del INA-Sinaloa sigue militarizada, mientras los trabajadores están a merced de la voluntad de una dupla interventora integrada por Pompeyo Bonilla Reyes y José Zelaya, autorizados por la jefatura del Estado para despedir a trabajadores.
Denuncia que la acometida militar cumplió con llevarse la documentación archivada en los expedientes relacionada con cinco mil 725 hectáreas de tierra fiscal de lo que fue el Centro Regional de Entrenamiento Militar.
Ese es uno de los motivos de la escalada criminal organizada por el terrateniente Miguel Facussé, quien pretende apropiarse y quitarla a los labriegos del Movimiento Campesino de El Aguan.
(Con información de Prensa Latina)
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