El proceso avanza gracias al trabajo voluntario realizado por activistas del FNRP en barrios, colonias, caseríos y ciudades de los 18 departamentos, declaró el representante de la comisión para la consulta popular, Eulogio Chávez.
La meta del movimiento es lograr un millón 200 mil adhesiones al llamado a modificar la carta magna, a fin de garantizar los derechos de todos los hondureños y democratizar la vida política, económica, cultural y social del país.
Vigente desde 1982, la actual ley fundamental del Estado contiene siete artículos pétreos que no se pueden modificar, lo cual imposibilita realizar transformaciones profundas para erradicar la pobreza y la desigualdad.
"La Constituyente es una necesidad impostergable y el pueblo hondureño la exige", declaró Juan Barahona, coordinador general del FNRP, que agrupa a una vasta gama de organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, de intelectuales y políticos progresistas.
Para cumplir sus objetivos, el movimiento de resistencia prolongó hasta el 15 de septiembre el período de recolección de firmas, con las cuales se exigen también garantías para el retorno de Manuel Zelaya, depuesto por un golpe de Estado hace un año.
El 28 de junio de 2009 Zelaya fue secuestrado por militares encapuchados y llevado a la fuerza a Costa Rica para impedir la realización ese día de una encuesta donde se conocería la opinión del pueblo sobre la Asamblea Constituyente.
"Quisieron dar un golpe para detener el proceso de cambio, pero se equivocaron", dijo Rasel Tomé, líder del grupo del Partido Liberal integrado en el FNRP.
Declaró Tomé que el pueblo continuó su resistencia pacífica conformando el FNRP, "quizás la plataforma social y política más importante que ha tenido el país".
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