HUELVA/MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español ha enviado este fin de semana a Honduras al presidente de Audiencia Provincial de Huelva, el juez Jesús Fernández Entralgo, para que investigue la ola de asesinatos de periodistas que sufre ese país y presente un informe al Ejecutivo de Porfirio Lobo sobre posibles vías de acción, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
Se cumple así el compromiso que adquirió el jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, con Lobo, quien le pidió el 19 de mayo en Madrid ayuda para esclarecer estos crímenes, que el presidente hondureño rechaza que sean fruto de una política oficial o que hayan contado con la participación de las instituciones públicas.
Los Ministerios españoles de Justicia y Exteriores comenzaron entonces un proceso de selección que acabó proponiendo al presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Fernández Entralgo, como el candidato adecuado para colaborar en esa misión.
Fernández Entralgo cuenta con experiencia en el país hondureño ya que participó en épocas anteriores en la elaboración de distintos códigos procesales del país centroamericano, dentro de los acuerdos sobre cooperación jurídica entre España y Honduras.
A partir de mañana, el magistrado se entrevistará con representantes del Poder Judicial hondureño, Ministerio Público, Ministerio del Interior, la Comisión de la Verdad encargada de investigar el golpe de Estado del 28 de junio del año pasado, así como con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, precisaron las fuentes.
Fernández Entralgo, que ha partido este fin de semana rumbo a Tegucigalpa, permanecerá en el país entre una semana y diez días, si bien no descarta un segundo desplazamiento en caso de que fuera necesario.
El juez elaborará un informe donde detallará cómo se han investigado los crímenes hasta su llegada --sin que hasta ahora esas pesquisas hayan arrojado ningún resultado--, revisará el estado de las investigaciones y propondrá en su caso nuevas medidas de actuación, añaden las fuentes.
Su labor persigue también "aclarar si hubo o no algún tipo de intervención por parte de las instituciones públicas" en esos asesinatos, señalan las fuentes, que valoran la voluntad de Lobo de actuar con "transparencia" después de afirmar que su Gobierno no está detrás de estos hechos.
UNA DECENA DE CRÍMENES
Honduras ha registrado en lo que va de año entre siete y nueve asesinatos de periodistas, el último el del director de noticias del Canal 19 de televisión, Luis Arturo Mondragón Morazán, perpetrado en la localidad de El Paraíso la noche del 14 de junio, cuando unos desconocidos le dispararon varios tiros cuando salía de las instalaciones de la televisión.
Según informaciones de la prensa local, Mondragón, de 53 años, había recibido amenazas por denunciar actos de corrupción de funcionarios y políticos locales.
La Comisión Interamerica de Derechos Humanos (CIDH) cifra en siete los asesinatos de periodistas registrados en Honduras este año, aunque otras fuentes elevan el número a nueve.
La CIDH ha reclamado al Ejecutivo hondureño que adopte "todas las medidas necesarias para prevenir estos crímenes", "proteja a los periodistas en riesgo y avance de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes".
También la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha instado a las autoridades hondureñas a tomar medidas para detener "la alarmante escalada de violencia contra los medios de comunicación que está socavando la democracia en Honduras", en palabras de su directora general, Irina Bokova.
Según el Instituto Internacional de Prensa, Honduras es ya el país más peligroso para los profesionales de la prensa, frente al sexto lugar que ocupó en 2009.
La estancia de Fernández Entralgo en Honduras coincidirá con el envío por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) de una misión que deberá estudiar si en Honduras existen las condiciones para que se recomiende la vuelta del país a la organización, de donde fue expulsada tras el golpe de Estado.
El regreso a Honduras del presidente depuesto, Manuel Zelaya, con todos sus derechos políticos y civiles respetados es la condición que exigen la mayoría de países sudamericanos para aceptar el regreso del país centroamericano a los organismos de la comunidad internacional.
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