Los trabajadores panameños realizaron hoy un paro nacional de 24 horas, que se caracterizó por marchas y protestas en las calles contra la Ley 30, que recorta beneficios laborales, mientras la mayoría de sus dirigentes se mantuvieron escondidos o en la clandestinidad.
La huelga, con carácter prorrogable, fue convocada por distintas organizaciones sindicales el sábado y se mantuvo en pie a pesar del acuerdo al que el gobierno había llegado con trabajadores del sector bananero.
Hoy, el presidente del país, Ricardo Martinelli, y sus ministros, presentaron un proyecto de ley que posterga por 90 días los efectos de tres artículos de la Ley 30, también conocida como "Ley 9 en 1", "Ley Golazo" o "Ley Chorizo", por la celeridad con que fue tratada y aprobada en la Cámara. La medida de fuerza se llevó a cabo -acompañada de protestas en el histórico Parque Porras de la capital panameña y actos similares en distintas provincias del país- en medio de una controvertida orden de detención o comparecencia sobre algunos gremialistas. Voceros judiciales, sin embargo, dijeron a medios locales que la medida había quedado sin efecto. Desde el lunes existía una lista conformada por autoridades judiciales de 17 dirigentes buscados por atentar contra la personería jurídica del Estado y apología del delito, pero el fiscal auxiliar de Panamá, Angel Calderón, dijo a RPC Radio que su oficina "dejó sin efecto la orden de conducción o comparecencia". El presidente de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos, Mario Almanza, quien integra esa lista, dijo hoy a la misma emisora que "la huelga es un hecho" y negó los cargos que se le imputan. Dijo, además, que no saldrá a la luz pública hasta que sus abogados le indiquen que existen las "condiciones necesarias".
Por su parte, la ministra de Trabajo, Alma Cortez, hizo hoy un llamado para que los trabajadores retornen a sus puestos y rechazó que exista una "persecución" a los dirigentes por parte del gobierno panameño.
Jaime Jované, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, consideró que el paro fue "efectivo" en ese sector en un 50%, mientras que Genaro López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), estimó una adhesión de 95%.
El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Juan Francisco Kieners, dijo hoy que "es preocupante" el giro que ha tomado el conflicto. La huelga se produce después de un acuerdo entre el gobierno y sindicalistas bananeros en Bocas del Toro, provincia ubicada a 450 kilómetros de la capital del país, tras protestas que causaron dos muertos, según informes oficiales, mientras los trabajadores reportaron cinco.
El paro afectó principalmente al sector de la construcción y la enseñanza pública y privada en todo el país, y la suspensión de algunas actividades de la industria. La norma cuestionada modifica reglas sobre la sindicalización, criminaliza las protestas de los ciudadanos, otorga más poderes a la Policía Nacional y elimina la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental en proyectos industriales. Los manifestantes lanzaron consignas a favor de la unidad sindical y denunciaron una política de represión oficial, que incluye espionajes telefónicos.
El Secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Genaro López, denunció que existe un plan oficial contra los sindicatos y una campaña de hostigamientos dirigida a obreros, ambientalistas, periodistas, intelectuales y dirigentes indígenas.
ACZ
14/07/2010 01:48
14/07/2010 01:48
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